La contaminación del lago Yarinacocha causada por el Hospital Amazónico podría pasarle factura al ex gobernador Francisco Pezo y al ex director del mencionado hospital médico Raúl Wilfredo Vásquez Huasasquiche. Mañana jueves 15, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios de Mercado y Ambientales de Ucayali, llevará a cabo la continuación de la audiencia de control de acusación contra ambos investigados en el proceso que se le sigue por el delito de contaminación ambiental.
Culminada la audiencia de control de acusación, si reúne todos los requisitos legales y constitucionales, se pasará a la etapa del juicio oral que, tras actuar las pruebas, podría terminar en una sentencia condenatoria ya que, como se conoce, el lago sufre contaminación que es necesario remediar.
Claro que, también, el proceso podría culminar en la absolución de los acusados.
LA INVESTIGACIÓN
En agosto de 2019, la Administración Local del Agua (ALA) de Pucallpa realizó una inspección ocular en las inmediaciones del Hospital Amazónico. La inspección reveló que el hospital estaba vertiendo aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a través de un canal rústico, que atravesaba el asentamiento humano Teodoro Binder I, hasta desembocar en la Laguna de Yarinacocha.
Las aguas contaminadas provenían de diversas áreas del hospital, incluyendo laboratorios, bancos de sangre y consultorios. Estos desechos líquidos contenían altos niveles de coliformes termotolerantes, indicador de contaminación fecal, así como otros contaminantes peligrosos para el medio ambiente. Las coordenadas específicas del vertimiento fueron registradas en los informes técnicos como E547134 – N9076362 y E547009 – N9076894, correspondientes al punto de descarga final en la laguna.
Informe técnico y sanción
El 23 de noviembre de 2019, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió el Informe N° 026-2019-ANA-AAA.U-AT/MIAG, que documentaba los resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua en la Laguna. Este informe reveló que los parámetros de calidad del agua en la laguna no cumplían con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos para la conservación del ambiente acuático, específicamente en la categoría de lagunas y lagos. También se registraron valores elevados de coliformes termotolerantes, de aguas residuales domésticas.
Como consecuencia, el 24 de julio de 2020, la ANA emitió la Resolución Directoral N° 157-2020-ANA-AAA.UCAYALI, que imponía una sanción de 5.1 UIT al Hospital Amazónico y ordenaba la elaboración y presentación de un Plan de Contingencia en un plazo de tres meses. Este plan tenía como objetivo evitar la continuidad de la contaminación en la Laguna de Yarinacocha. Sin embargo, el hospital, bajo la dirección de Vásquez Huasasquiche, no cumplió con la presentación del plan en el tiempo establecido.
Paralelamente, el Ministerio Público, a través del Oficio N° 1543-2020-MP-2°FCEMA-DFU, notificó a Francisco Antonio Pezo Torres, entonces gobernador regional de Ucayali, sobre la situación y le solicitó información sobre posibles proyectos u obras destinadas a solucionar el problema del vertimiento.
El 13 de octubre de 2020, el gerente general regional, Rolando G. Palacios Cueto, respondió mediante el Oficio N° 360-2020-GRU-GR-GGR, informando que no existía ningún proyecto de inversión destinado a abordar esta problemática.
Pese a estar informado, según la fiscalía, Pezo Torres no habría tomado medidas efectivas para mitigar los daños ambientales, omitiendo su deber de garantizar la protección del medio ambiente conforme a lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Esta omisión, según la acusación fiscal, constituye una falta grave en su rol de garante del cumplimiento de las normativas ambientales.
La falta de acción del hospital y del gobierno regional permitió que la contaminación continuara. En marzo de 2021, un nuevo informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) concluyó que no se habían tomado medidas para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el hospital. Además, la DIRESA informó que no contaba con los equipos necesarios para realizar el muestreo de agua y evaluar la magnitud del impacto ambiental.
En julio de 2022, durante una diligencia de constatación fiscal, se verificó nuevamente el vertimiento de aguas residuales desde el hospital hacia la laguna, confirmando que la situación no había sido corregida.
Con base en los informes técnicos y la evidencia recolectada, la fiscalía acusó a Pezo Torres y Vásquez Huasasquiche de la comisión del delito de contaminación ambiental, en su modalidad de contaminación del ambiente, según lo previsto en el artículo 304 del Código Penal. La acusación sostiene que ambos imputados actuaron con dolo, es decir, con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones y de las consecuencias dañinas para el medio ambiente. Se les atribuye la comisión por omisión, ya que, en sus respectivas posiciones de autoridad, habrían tenido la responsabilidad de prevenir la contaminación pero no tomaron las medidas necesarias para evitarla.
Es el típico caso en que un gobernador tiene que pagar las consecuencias de tener funcionarios ineficientes y que lo llevaron a incurrir en presunto delito y a una posible condena.
