La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra.
La denuncia surge a raíz de la relación entre Vizcarra y empresas privadas durante su desempeño como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se le acusa de no haber renunciado a sus acciones en la compañía CyM Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas mientras ejercía su cargo público.
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Consecuencias y decisiones judiciales
En 2022, el Congreso de la República inhabilitó a Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos debido a este caso. Posteriormente, en 2023, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reafirmó esta inhabilitación, declarando infundada la demanda de amparo presentada por la defensa legal de Vizcarra.
La presentación de esta denuncia constitucional subraya el compromiso de las instituciones judiciales de Perú en combatir el enriquecimiento ilícito y asegurar la transparencia en la gestión pública.
