En medio de la creciente preocupación por los incendios forestales que han azotado diversas zonas de la sierra y la selva del país, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó la necesidad de declarar el estado de emergencia. “Aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia”, afirmó el premier cuando fue consultado sobre la alarmante situación.

Adrianzén aseguró que la posición del Gobierno está alineada con las evaluaciones técnicas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que hasta el momento no ha identificado circunstancias lo suficientemente graves como para tomar una medida de tal magnitud. “El Indeci monitorea de cerca la situación y, aunque los incendios son preocupantes, creemos que los recursos actuales pueden hacer frente a la emergencia sin recurrir a acciones extremas”, señaló.

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Las declaraciones del premier han generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores consideran que la respuesta gubernamental es adecuada y prudente, otros exigen una acción más contundente frente a lo que describen como una crisis ambiental que sigue fuera de control.

En los últimos meses, los incendios forestales han afectado vastas extensiones de bosques, pastizales y zonas de cultivo, dejando a muchas comunidades en situación de riesgo. Aunque las autoridades han desplegado brigadas de bomberos y voluntarios para contener los fuegos, el avance de las llamas continúa siendo una amenaza latente, agravada por las condiciones climáticas adversas y la falta de lluvias.

Por su parte, organismos ambientales y expertos en gestión de riesgos han advertido que, si no se adoptan medidas preventivas más severas, los daños ecológicos y económicos podrían ser irreparables. A pesar de estas advertencias, Adrianzén insiste en que, por ahora, la situación se encuentra bajo control y que se evaluará de manera continua.

En tanto, la población afectada sigue esperando respuestas más firmes por parte del Gobierno, que se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la emergencia ambiental con las restricciones de los recursos públicos y la planificación estratégica.

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