El año 2015, la administración municipal de Loiber Rocha Pinedo, como alcalde del distrito de Curimaná y su continuadora, Delsy Vera Rojas, habrían fraguado documentación para justificar un desembolso de 69 mil 847 soles para una obra que no se ejecutó. Ese monto debía ser para comprar combustible y alquilar maquinaria a fin de ejecutar el mejoramiento de una carretera entre Cruce del Río Tigre a Pedregal. Una proveedora de alquiler de maquinaria, que aparecía en la documentación declaró que nunca dio servicios ni facturó a la municipalidad. Aparte hay un informe pericial. La fiscalía ha pedido penas que van desde los cuatro a los ocho años de cárcel para los implicados. Hoy se sabrá si los condenan a los liberan.
LOIBER ROCHA PINEDO Y DELSY VERA ROJAS IMPLICADOS EN EL MISMO CASO
Hoy leerán adelanto de fallo de sentencia a dos exalcaldes de Curimaná acusados de peculado y otros delitos
Con mucha expectativa, la población del distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, espera conocer el adelanto de lectura de sentencia que emitirá hoy día la jueza Ana Bedoya Maque del Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Ucayali, sobre los exalcaldes de la municipalidad de ese distrito, Delsy Vera Rojas y Loiber Rocha Pinedo, acusados de negociación incompatible y peculado doloso.
En la misma sentencia estarán comprendidos los exfuncionarios Pedro Gonzalo Carrasco Díaz y José Tello Noriega, acusados de los mismos delitos contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible y peculado doloso.
Las imputaciones se basan en presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo de la carretera Cruce del Río Tigre – Pedregal, caserío El Pedregal, distrito de Curimaná” entre septiembre y diciembre de 2015.
PENAS PROBABLES
El Ministerio Público ha solicitado para Loiber Rocha Pinedo y José Tello Noriega, acusados por peculado doloso, una pena de ocho años de prisión efectiva, también acompañada de inhabilitación para ocupar cargos públicos por igual periodo.
En tanto que para Delsy Vera Rojas y Pedro Gonzalo Carrasco Díaz, imputados por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ha pedido una pena de cuatro años de pena privativa de libertad, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, además, del pago de 180 días multa.
HECHOS
A Rocha Pinedo y Vera Rojas (quien asumió la alcaldía en reemplazo de Rocha que estaba con prisión preventiva) y los funcionarios, Tello Noriega (subgerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la municipalidad) y Carrasco Díaz (funcionario encargado de Infraestructura), se les acusa de haber realizado compras ficticias de combustible y alquileres de maquinaria pesada que nunca llegaron a ejecutarse.
Según la tesis de la fiscalía, que se basa en una pericia contable-financiera, los comprobantes de pago y la documentación de los contratos presentarían irregularidades, pues en algunos casos no cumplirían con los requisitos legales mínimos.
Además, los documentos fueron emitidos a nombre de proveedores que, o bien no existían, o bien negaron haber proporcionado los servicios detallados en los registros. Esta operación fraudulenta habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de 69 mil 847 soles.
Durante la investigación, el análisis contable y financiero realizado por peritos calificados reveló que durante el ejercicio presupuestario de 2015 se efectuaron gastos sin respaldo legal ni administrativo adecuado, lo que violaba las normativas de ejecución presupuestaria. Estas irregularidades refuerzan la acusación de que los fondos fueron desviados para fines distintos a los destinados originalmente, perjudicando la ejecución del proyecto de infraestructura, que debió haber beneficiado a los agricultores de la zona.
Para el Ministerio Público, el delito de peculado doloso se sustenta en documentos periciales y también en testimonios verificables.
Un informe que ha sido tomado como prueba efectiva, es el Informe Pericial Contable Financiero N° 043-2018, elaborado por un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú, que reveló pagos por un total de 81 mil 347 soles, sin la debida documentación ni justificación (aunque finalmente el prejuicio económico al Estado ha sido establecido en 69 mil 847 soles).
Ese dinero supuestamente estaba destinado a la adquisición de combustible y también para el alquiler de maquinaria de maquinaria pesada que debía utilizarse en el mejoramiento del tránsito vehicular en la carretera Cruce del Río Tigre – Pedregal, caserío El Pedregal. Sin embargo, la investigación ha dado a conocer que los servicios nunca se realizaron, es decir, se perjudicó a la población de ese sector.
La fiscalía también ha valorado la declaración de Juana Giovanna Cruz Rodríguez, quien aparece como proveedora de maquinaria pesada. Este testimonio es clave porque Cruz Rodríguez negó haber emitido las facturas que figuran en los registros de la municipalidad y afirmó no haber prestado ningún servicio relacionado con el alquiler de maquinaria. Las facturas presentadas en su nombre serían falsificaciones.
También, los comprobantes de pago catalogados como “no habidos” reflejarían que los servicios no fueron prestados, pero que igualmente se habría utilizado esta documentación para sustraer dinero del presupuesto asignado a la obra.
PRUEBAS
La fiscalía sustentó su acusación con el ya mencionado Informe Pericial Contable Financiero N° 043-2018, la documentación de la obra, incluyendo los certificados presupuestales emitidos por el área de Planificación y Presupuesto bajo la supervisión de Tello Noriega y la declaración testimonial de Cruz Rodríguez. También se presentaron documentos como las actas de entrega de terreno, contratos de obra y resoluciones de alcaldía, que detallan la forma en que se debía llevar a cabo el proyecto.
EXPECTATIVA
La población, sobre todo de Curimaná, espera la decisión que pueda adoptar la jueza Bedoya Maque ya que serviría como un precedente para que un distrito que tiene tantas necesidades y sobre todo siendo un distrito de agricultores, no merece que se hayan manejado sus escasos fondos municipales de una manera irregular, perjudicando el desarrollo de esa comunidad.
