Josselynt Aguilar del Águila y Katherine Nataly Fuster Maldonado, expolicías sentenciadas por tráfico de influencias, deberán firmar un control biométrico y concurrir al Poder Judicial cada 30 días durante los próximos 4 años. Esta medida fue dispuesta por la Sala de Apelaciones de Huánuco, que resolvió el recurso de apelación contra la condena inicial por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Detalles de la sentencia y medidas
En octubre de 2022, Aguilar y Fuster recibieron una sentencia de 5 años de pena efectiva. Sin embargo, la Sala de Apelaciones revocó la pena efectiva y la suspendió por 4 años bajo ciertas condiciones de conducta. Durante este período, ambas deberán reportarse regularmente al Poder Judicial y cumplir con el control biométrico.
Contexto del caso
El caso por el cual fueron condenadas las expolicías se remonta a 2017, durante el proceso de admisión a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de Huánuco, donde Aguilar trabajaba. Según la acusación del Ministerio Público, Aguilar ofreció interceder con el director de la escuela para ayudar al hermano de su enamorado a ingresar, a cambio de 20 mil soles, cantidad que luego redujo a 18 mil. Este dinero fue entregado en dos partes a Fuster Maldonado, quien se quedó con una parte y depositó el resto en la cuenta de Aguilar.
Investigación y acción judicial
El postulante no fue admitido en la escuela, y al no poder recuperar su dinero, la madre denunció el caso a la Dirección contra la Corrupción de Huánuco. La investigación llevada a cabo por la policía y la Fiscalía Anticorrupción corroboró la responsabilidad de Aguilar y Fuster en el delito. Para evitar mayores complicaciones, las implicadas intentaron negociar con la denunciante, alegando que el dinero era un préstamo que devolverían.
El control biométrico y la supervisión periódica son medidas impuestas para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Sala de Apelaciones, marcando un paso importante en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.