La jueza Ana Bedoya Maque, que despacha el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo, viene llevando un caso de presunta apropiación ilícita de más de 100 mil soles atribuido a Luis Antonio Castro Cava, en su condición de responsable de preventa de la empresa Distribuidora Lega S.R.L. Según la acusación fiscal, Castro Cava habría retenido de manera indebida 116 mil 365 soles, producto de cobros a clientes, en lugar de entregarlo a la empresa.
El Ministerio Público ha solicitado una pena privativa de libertad de dos años y ocho meses para Castro Cava, en línea con la gravedad de los cargos presentados. Asimismo, se ha requerido que el acusado pague una reparación civil de 5 mil soles y la restitución del monto total apropiado, lo que suma un total de 121 mil 365 soles. La próxima audiencia de este proceso está programada para las 11:00 de la mañana del viernes 20 de septiembre, donde se prevé continuar con la presentación de pruebas y el desarrollo del juicio oral.
Distribuidora Lega S.R.L., la empresa agraviada, se dedica a la distribución de productos de consumo masivo en Pucallpa. Su modelo de negocio incluye un sistema de preventa, donde vendedores como Castro Cava realizan visitas a los clientes para tomar pedidos, entregar productos y efectuar cobros. Entre el 5 de enero y el 25 de diciembre de 2015, surgieron presuntas irregularidades en la labor de Castro Cava, lo que motivó la emisión de dos informes internos por parte del administrador de la empresa, Manuel Jesús Flores. El primero, fechado el 19 de diciembre de 2015, señaló que Castro Cava no había entregado el dinero cobrado a los clientes a la gerencia.
Ante la gravedad de la situación, la empresa envió una carta notarial el 21 de diciembre del mismo año, exigiendo la devolución de los fondos en un plazo de 24 horas. Sin embargo, según la información presentada en el proceso, Castro Cava no cumplió con esta solicitud. Posteriormente, el 22 de diciembre en otro informe emitido por el administrador, se determinó que la cantidad total de dinero supuestamente apropiada por Castro Cava ascendía a 116 mil 365 soles.
Como consecuencia de estas denuncias, el 12 de enero de 2016, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el delito de apropiación ilícita. Esta investigación fue formalizada el 11 de mayo de 2016 y desde entonces se han llevado a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las pruebas, que incluyen un documento notarial en el que el imputado admite haberse apropiado de 116 mil 365 soles, así como testimonios que se presenten en las próximas audiencias serán clave para el desarrollo de este proceso judicial.
