La Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, con el apoyo de personal de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra, llevó a cabo un operativo significativo contra la minería ilegal, interviniendo en tres campamentos donde se procedió a la destrucción de maquinaria y otros elementos utilizados en esta actividad ilícita. Esta intervención, dirigida por los fiscales adjuntos Bresly Pinto Palomino y Daniel Valera Barco, se focalizó en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en Huánuco.
Los campamentos, que fueron previamente ubicados e identificados gracias a investigaciones detalladas y aportes de diversas entidades comprometidas en la lucha contra la minería ilegal, operaban en zonas remotas y de difícil acceso. En estos sitios, los responsables extraían oro mediante métodos que causaban severos daños a los bosques y generaban graves problemas de contaminación ambiental, en detrimento del Estado y el medio ambiente.
Durante el operativo, se destruyeron diversas maquinarias y enseres clave para la operación minera ilegal, incluyendo una excavadora sobre oruga, 25 motores, bombas de succión, 8 chutes, mangueras aceradas y de polietileno, baterías, baldes de aceite, galones de diésel y aserraderos portátiles. Estos equipos eran esenciales para la extracción y procesamiento del oro, y su destrucción representa un golpe significativo a la infraestructura de la minería ilegal en la región.
El operativo no fue sencillo. Los fiscales y el personal de la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú (PNP) Especializada de Huánuco tuvieron que pernoctar en el bosque debido a que solo el trayecto de ida implicaba una caminata de casi ocho horas. Esto subraya la dedicación y el esfuerzo de las autoridades para llegar a estos lugares apartados y ejecutar la interdicción de manera efectiva.
Como resultado de la intervención, se detuvo a una persona en flagrancia delictiva por la posesión de mercurio, un insumo químico altamente regulado cuyo uso está estrechamente vinculado a la minería ilegal. La posesión de mercurio en este contexto es un delito tipificado por el artículo 307-E del Código Penal. Consecuentemente, la FEMA solicitó prisión preventiva para el detenido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Ambientales de Ucayali. No obstante, tras la audiencia, se dictó comparecencia restrictiva, decisión que ha sido apelada por la Fiscalía.