Debido a las deficiencias en la investigación fiscal, la jueza Ángela Zamudio Navarro del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, tuvo que declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra un investigado acusado de tráfico ilícito de drogas.
Todo eso dio motivo para que la misma jueza remita documentación al órgano de control interno del ministerio público, al advertir irregularidades del Fiscal encargado del caso, Mishael Carrión Montalván, a fin de que se investigue su conducta que tendría consecuencias en el proceso penal del acusado Mario Eduardo Salas Lavi.
IRREGULARIDADES
Una de las principales irregularidades detectadas fue la inclusión del nombre de un fiscal que no es competente en el caso en las actas de deslacrado y pesaje de la droga incautada. El fiscal consignado en estas actas fue Jair Ibarcena, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Corporativa de Coronel Portillo, cuando debía consignarse el nombre de Mishael Carrión Montalván, quien era el fiscal responsable. Esta falta de precisión en los documentos oficiales es un indicio de una posible desorganización o falta de supervisión en el manejo del expediente.
Otra irregularidad detectada fue la inclusión de nombres de imputados que no pertenecen al caso en el requerimiento fiscal, lo cual fue advertido por la defensa durante la audiencia. Este error presume una falta de cuidado en la preparación de los documentos procesales, lo que podría comprometer la integridad del proceso judicial.
Además, se cuestionó la falta de diligencia del fiscal durante el período de detención de 15 días, ya que no realizó la constatación en el lugar de los hechos para verificar la existencia del árbol de coco donde se habría hallado la droga. Esta omisión es importante, ya que la constatación in situ es esencial para corroborar la evidencia presentada.
Finalmente, se señaló que las declaraciones de dos efectivos policiales presentadas como prueba eran casi idénticas, lo que fue calificado por la defensa como un «copia y pega». Esta falta de individualidad en las declaraciones genera dudas sobre la autenticidad y credibilidad de los testimonios, lo que podría influir negativamente en la imparcialidad de la investigación.
EL CASO
Mario Eduardo Salas Lavi fue detenido el 14 de junio de 2024, bajo sospecha de estar involucrado en la promoción y favorecimiento del tráfico ilícito de drogas, específicamente de pasta básica de cocaína. Según el informe policial, Salas Lavi fue sorprendido en flagrancia en el asentamiento humano Las Américas, en el distrito de Callería.
Durante la intervención policial, se le encontró en posesión de 38 «ketes», que contenían pasta básica de cocaína. Estos envoltorios estaban distribuidos en pequeños paquetes, que Salas Lavi llevaba consigo al momento de la detención.
A aproximadamente a un metro y medio de donde Salas Lavi fue detenido, debajo de un árbol de coco, se encontraron dos bolsas de plástico negro que contenían un total de 635 envoltorios adicionales de pasta básica de cocaína, distribuidos en pequeños paquetes sujetos con ligas de colores.
Sin embargo, como ya se dijo, toda la investigación está comprometida debido a la falta de precisiones de la Fiscalía. Por ese motivo, la jueza Zamudio Navarro declaró infundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. La decisión se basó en las deficiencias señaladas en la investigación, que incluían errores en la documentación oficial, la falta de diligencia en la verificación de los hechos y la posible manipulación o falta de rigor en las pruebas presentadas, como las declaraciones de los policías.
Estos factores llevaron a la jueza a cuestionar la solidez de la acusación fiscal y la justificación del pedido de prisión preventiva. Aunque los cargos contra Salas Lavi son graves, la falta de una investigación meticulosa y bien fundamentada hizo que la jueza considerara que no se cumplían los requisitos necesarios para imponer una medida tan restrictiva como la prisión preventiva.
¿Qué está pasando en el ministerio público?
