Mediante Resolución N° 420-2023-ANC-MP-ODC-UCAYALI, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario a fiscales por su actuación, presuntamente negligente en el caso del feminicidio de Chelsy Villcorta Chistama, ocurrió el pasado abril en nuestra localidad.
El fiscal superior Waldol Walker Chávez Leandro presentó un informe sobre las investigaciones fiscales que se realizaron contra el presunto feminicida Jonathan Dinehs Moreno Gallegos y se llegó a una primera conclusión: los fiscales no habrían actuado conforme a sus competencias.
Por supuesto que esta presunción preliminar ha dado motivo a que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente.
En la decisión de la resolución se dispone abrir procedimiento disciplinario al abogado Percy Holter Baldeón Ferrer, como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, por un plazo de 60 días.
También se dispone abrir procedimiento disciplinario al abogado Víctor Hugo del Castillo Coral como fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, también por sesenta días.
Así mismo se abre procedimiento disciplinario al Fiscal Adjunto abogado Jhony Joel Mauricio Prado de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo.
A todos ellos se les da un plazo de cinco días de notificado para que presenten un informe de descargo, bajo sanción de ser declarado rebelde.
También se dispone extraer del Sistema Integrado el record de medidas disciplinarias impuestas a los tres fiscales.
La resolución dispone recabar declaraciones testimoniales de policías, dos fiscales adjuntos y de otros documentos necesarios para el procedimiento.
Los familiares de la víctima Chelsy Villacorta, han insistido que se obró con negligencia y que no se le dio la protección que se había dispuesto en una sentencia anterior cuando Moreno Gallegos fue denunciado por agresiones.
Un familiar dijo que si bien el ministerio público está investigando a los fiscales, también debería hacer lo mismo el poder judicial, ya que en enero del 2022, se emitió sentencia condenando a Jonathan Paredes a un año, ocho meses y 18 días de pena privativa de la libertad efectiva por delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Chelsy Smith Villacorta Chistama. Sin embargo, convirtió la pena a 88 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, es decir, quedó libre.
El caso dará para más.