El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios sentenció a cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Iparía. La jueza Dra. Ana Bedoya Maque dictaminó que Pedro Saldaña Balarezo (actual alcalde), Juan Arturo Calvo Chávez (exjefe de la Unidad de Logística), Belisario Quinteros Vargas (exmiembro del Comité Especial de Contrataciones), y Dino Miguel Tananta Pinedo (exfuncionario municipal) son culpables de colusión simple, por el que fueron sentenciados a tres años de pena privativa de la libertad suspendida.
La condena que se derivó de la comprobación, según el criterio de la magistrada, de que los acusados acordaron beneficiar a la empresa de Combustibles de la Amazonía SRL durante la adquisición de bienes para la municipalidad, en perjuicio del Estado. El juzgado también ordenó que los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta durante el periodo de condena, incluyendo la comparecencia obligatoria para justificar sus actividades y la reparación civil por el daño ocasionado, con un monto total de 10 mil soles. Además, se les inhabilitó por tres años para ejercer cargos públicos.
En el año 2014, los entonces funcionarios de la Municipalidad Distrital de Iparía participaron en un proceso de contratación. Saldaña Balarezo, quien ejercía como alcalde en ese período, junto con Calvo Chávez y Quinteros Vargas, supervisaron la adquisición de combustible.
El proceso comenzó en octubre de ese año, cuando el área de logística, a cargo de Calvo Chávez, presentó una propuesta de valor referencial para la compra de combustible que, de manera irregular, no consideraba el IGV en los costos proyectados. Esto contravenía la Ley de Contrataciones del Estado y facilitaba una ventaja para la empresa Combustibles de la Amazonía SRL. Dicha irregularidad pasó desapercibida por el Comité Especial de Contrataciones, presidido por Quinteros Vargas, quienes debían fiscalizar la transparencia del proceso.
Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, las investigaciones revelaron que, además de la irregularidad en la proyección de costos, la empresa Combustibles de la Amazonía SRL fue favorecida por la omisión del 10% de retención como garantía de fiel cumplimiento, en al menos seis pagos realizados durante ese período. Este favorecimiento, según la acusación, fue producto de una concertación entre los funcionarios municipales y la empresa privada, limitando la libre competencia y comprometiendo la transparencia del proceso de selección.
La fiscalía presentó los documentos que evidenciaban las irregularidades en el proceso de contratación. Además, mostró una pericia contable que reveló que no se realizó la retención del 10% del valor del contrato, asimismo, presentó testimonios y registros oficiales que corroboraron la concertación ilícita entre los funcionarios involucrados y la empresa, evidenciando un patrón de favoritismo en la adjudicación del contrato. Aunque la resolución que anulaba el contrato fue emitida por el propio alcalde Pedro Saldaña Balarezo, la fiscalía argumentó que esta medida llegó tarde y no corrigió los perjuicios ya causados.
