Jerly Díaz pide justicia

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Al promediar las 2 de la tarde de este martes 27 de julio, se dio inicio a la audiencia de variación de la medida de prisión preventiva por 36 meses contra la suspendida alcaldesa del distrito de Yarinacocha, Jerly Díaz Chota, en la sala de audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Carlos Vilcahuamán de la Cruz, abogado de la suspendida alcaldesa, presentó documentos que probarían el riesgo en el que se encontraría su patrocinada por su avanzado estado de gestación, el cual pondría en peligro no solo la salud de la madre sino también del bebé, no obstante, el representante del Ministerio Público, replicó un informe de la Junta Médica en el que recomienda que la alcaldesa suspendida sea reevaluada, esto debido a que los informes médicos que habría presentado el abogado sería correspondiente a los meses de abril y junio.
Al momento de hacer uso de la palabra Jerly Díaz, quien cumple prisión preventiva al interior del establecimiento penitenciario de Pucallpa, manifestó que no quiere que su bebé nazca en el dicho centro, por lo que pidió al señor juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, concederle el arresto domiciliario y permitirle tener a su bebé fuera de prisión.

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EL OPERATIVO DEL ESCÁNDALO
La División de Investigación de Casos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la PNP, habría realizado un minucioso seguimiento e investigación en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, habiendo intervenido más de 90 mil llamadas telefónicas, acumulando documentación que supera los mil folios, 25 grabaciones de video y 120 audios acerca de la actuación de una organización criminal en agravio del Estado peruano.
Por ello, un ministro de Estado (Interior), un viceministro (de Orden Interno), el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (Jorge Chávez Cotrina, una decena de fiscales y más de 100 policías llegó a Pucallpa y en virtud a la Resolución N° 01 del Expediente 00914-2020-JR-PE-01 firmada por el juez Jenner Ower García Duran, incursionaron a la 1:30 de la madrugada del 25 de febrero del 2021 en las viviendas de 37 personas vinculadas a la gestión municipal de Jerly Díaz Chota en Yarinacocha y procedieron a detenerlas. Luego las trasladaron a un colegio privado alquilado y acondicionado para tal fin.
CHAVEZ COTRINA
Horas después, en una conferencia de prensa, de manera enfática y altisonante el fiscal coordinador calificó de “delincuentes” a los detenidos, y que estos habían sustraído 40 millones de soles. Y eso fue ratificado por un vociferante director general de la PNP junto a un ministro del Interior cabizbajo.
Semanas después, un medio de comunicación nacional sostuvo que habían sustraído 50 millones de soles del erario público. Es decir, la cifra subió de acuerdo al escenario.
Luego del engorroso inicio de proceso, los detenidos fueron conducidos al establecimiento penal de Pucallpa para ser investigados durante 36 meses. De febrero a julio se estableció un pantano de especulaciones y afirmaciones ligeras por espacios televisivos de información en los que se continuaba afirmando la sustracción de 40 millones de soles.

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CUESTIONAMIENTOS
El primer cuestionamiento que han hecho los abogados defensores durante su intervención en la audiencia de apelación, es señalar que el testimonio del testigo protegido denominado “Pedrito”, no se habría hecho de acuerdo a ley ni cumpliendo lo que establece el Código Penal por lo que “sus aportes y participación” en el proceso que se consideran la columna vertebral, devendrían en nulos. Algo que el Ministerio Público aun no explica.
De igual manera, los abogados defensores cuestionaron la medida de internamiento penitenciario por cuanto hasta el momento solo se basan en los documentos de la DIVIAC y no se ha hecho un peritaje contable que sustenten las imputaciones.
El abogado Ricardo Torres Gatica reveló a un medio de prensa que “fue irresponsable el fiscal coordinador cuando sostuvo que se había agraviado de las arcas municipales con 40 y luego 50 millones de soles, cuando ya en la audiencia de apelación de la prisión preventiva, el propio fiscal superior César Calderón Moreno, aclaró y precisó que no se trata de esos montos, sino que no supera el millón y medio de soles. Y es razón de lo que se determine, que se tiene que investigar si hubo una contratación y gasto de acuerdo a la normativa y si, efectivamente, se cumplió con el objeto materia del requerimiento y la contratación”.

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Torres Gatica agregó, que “lo que se viene cuestionando en buena cuenta es si el delito que constituye este hecho es peculado o en su defecto es delito de colusión agravada, pero tampoco existe una pericia de parte del Ministerio Público que dé cuenta que se ha efectuado algún perjuicio económico, son simplemente presunciones, conjeturas que tiene el Ministerio Público. Pues la calificación del presunto delito también estaría mal hecha”.
Dijo que “Es natural el rol persecutor del delito y que el Ministerio Público investigue, pero consideramos que toda investigación tiene que ser realizada de manera muy profesional, porque no se debe olvidar que detrás de toda persona procesada hay una familia, una reputación”. Y concluyó indicando que por su parte y junto con un contador público colegiado han elaborado un análisis y un cuadro de flujo y gasto de los años 2019 y 2020, habiéndose encontrado que en el 2019 solo se emitió y realizó una orden de servicios y las demás son del 2020, pero, efectivamente, su sumatoria no alcanza el millón y medio de soles, lo cual desmiente la afirmación inicial que se hizo en el proceso.

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