Con el adelanto de fallo que condena a seis años de cárcel efectiva al líder de los otorongos, Edwin Vásquez López, acusado de difamación agravada, surgen también preguntas inquietantes.
¿Han tomado esa drástica decisión contra Vásquez, porque el querellante, el juez superior Robin Barreda Rojas, es parte del Poder Judicial de Ucayali? ¿Por qué otros procesos similares, casi de la misma fecha, hasta el momento no se resuelven?
Es el caso, por ejemplo, de la querella de Ímpetu contra una comunicadora social que, hasta la fecha, no ha tenido la misma buena suerte que la querella del magistrado Barreda y sigue allí, esperando resolverse.
¿Es que los jueces aplican lo que en el argot popular se conoce como la Ley del Embudo, aparentemente favoreciendo a quienes tendrían se ubican en puestos de decisión?
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El tema ha vuelto a poner al Poder Judicial contra la pared, en varios casos que esperan sentencias oportunas.
LA CONDENA
El pasado 20 de junio a las 6 de la tarde con 4 minutos en la sala de audiencias del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Coronel Portillo que despacha la señora juez Nilda Esperanza Lastra Claudio, se realizó la audiencia de adelanto de fallo, en la querella que interpuso el magistrado Robin Barreda contra Edwin Vásquez López por difamación agravada.
Al leerse la parte resolutiva, se supo que la jueza Lastra Claudio, condenó a Edwin Vásquez López, “como autor del delito contra el honor y la moralidad en su modalidad de difamación agravada, previsto y sancionado en el artículo 132° primer y tercer párrafo del Código Penal, en agravio de Robin Helbert Barreda Rojas.”
Agrega el fallo que: “Por el concurso de delitos se le impone la pena de seis años de pena privativa de la libertad”, y que la pena se suspende hasta que exista sentencia firme, “si es que este fuera apelada”. Fijó 120 días multa equivalente a 18 mil soles y una reparación civil de 240 mil soles a favor de Barreda Rojas. Así como el pago de costas procesales.
Según se conoce la lectura integral de la sentencia se daría el próximo 2 de julio. Recién entonces, cuando se lean los considerandos, se conocerán los motivos por los cuales la jueza impone una pena que, aparentemente sería exagerada.
CORRIÓ COMO RAYO
En una entrevista que brindó al programa “Ucayali en la Noticia” de Alex Ochoa, el querellado Edwin Vásquez, refirió que estaba siendo maltratado del Poder Judicial y agregó:
“La denuncia de Robin Barreda Rojas ha corrido como si fuera un rayo y lo que yo he presentado como denuncia no ha avanzado ni siquiera un paso. Realmente deja mucho que desear el Poder Judicial. Entre ellos se tapan, entre ellos se cobijan y no se juzgan. Al contrario, se dan la mano. A pesar que está delinquiendo ese magistrado. Realmente deja mucho que desear”.
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A continuación, Vásquez, dijo: “Ojalá que ya intervengan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público en la región de Ucayali. Es vox populi también que está hablándose,que dentro de poco llegará esta comisión de intervención y saque todos los trapitos al sol y pueda expectorarse de Ucayali a estos malos magistrados que tenemos tanto en el Poder Judicial o como en el Ministerio Público”.
Refiriéndose al monto de 240 mil soles de reparación civil, dijo que le habrían hecho una rebaja porque Barreda habría pedido 900 mil soles “porque le he manchado su dignidad”.
Vásquez volvió a referirse a la denuncia que hizo contra los miembros del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo que lo excluyeron en la contienda electoral del 2022 y reiteró que lo más grave es que tuvieron como tercer miembro, a una personaje “que estaba postrado, incapacitado de analizar un tema, está imposibilitado de firmar y de leer. Entonces esos señores tanto Robin Barreda como Aquino Lira, han hecho lo que han querido aquí en la región Ucayali”.
Vásquez pidió que reaccionen el Frente de Defensa y el Colegio de Abogados. “El pueblo tiene que ser respetado, el pueblo de Ucayali y yo, como hijo ucayalino, voy a hacer respetar eso, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”.
En otro momento refirió que no hay ninguna garantía que el proceso electoral que se avecina va a ser un proceso transparente.
OPINA ABOGADO
Para el abogado Francisco Atencia, “el proceso no ha sido célere. Su desarrollo responde a un sumario por que existe prueba directa de la imputación. El acusado había dado declaraciones públicas a medios de comunicación TV y medios escritos y comunicadores para redes sociales atribuyendo la condición de corrupto al magistrado del Poder Judicial, integrante del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo. La querella ha tenido un trámite rápido porque existen las imágenes y evidencias de actuación en un número reducido de sesiones de juicio oral”.
QUERELLA DE ÍMPETU
Refiriéndose a la querella de Ímpetu contra la comunicadora y su hijo, el abogado Francisco Atencia, abogado de Impetu, precisó que se había iniciado con la jueza Nilda Esperanza Lastra Claudio, es decir, la misma que está condenando a Edwin Vásquez
“El proceso lo inició la señora Juez Lastra cuando despachaba el primer Juzgado Unipersonal, sin embargo, ella ha sido trasladada a otro juzgado penal colegiado y, el juez que la reemplaza recién ha programado la instalación del juicio para el 10 de julio próximo”, refirió Atencia.
A la pregunta de por qué ha demorado tanto en instalarse el juicio, cuando ya también debería estarse dictando sentencia, el abogado Atencia refirió que si bien “la denuncia fue admitida por el Juzgado Unipersonal, es la conducta procesal de esta señora que ha devuelto las cédulas de notificación dirigidas a su domicilio, entorpecimiento procesal”.
En ese sentido, Atencia reiteró que “la querella se admitió y con la actitud renuente se ha programado la instalación del juicio en su rebeldía”.
Pero lo que llama la atención es que, en este caso, se han alargado los plazos. La jueza Lastra había convocado anteriormente a la audiencia de instalación del juicio, como la querellada no asistió, el Poder Judicial, lo mínimo que debió hacer era declararla reo contumaz y continuar el proceso para la sentencia.
¿Se necesita ser magistrado para que se aceleren los pasos procesales? Es la pregunta que conmueve al Poder Judicial en Ucayali.
