La sentencia del Juzgado Penal Colegiado contra cuatro acusados de la muerte de los líderes ashéninkas de Saweto, ha sido celebrada internacionalmente como un acto justo. Pero no lo es tanto. Pasada la euforia, los familiares de los asesinados y la comunidad de Saweto viven bajo amenazas que –nadie lo quisiera– podría generar más muertes.
Como los sentenciados no están presos, pese a las reglas de conducta, representarían una amenaza para los familiares de los asesinados e incluso para la misma comunidad. Los pedidos de protección han sido respondidos con indiferencia.
Elizabeth Prado, periodista del diario La República, ha reportado que los familiares de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, temen regresar a la comunidad porque, al menos uno de los sentenciados, Segundo Atachi Félix, sigue talando árboles, como si no le importase la sentencia, en tanto que sus familiares amenazan al actual líder y a las viudas.
El reporte ha tomado los testimonios de Lina Ruiz Santillán, hija de una de las víctimas, y del pintkazari (jefe) de Alto Tamaya-Saweto, Andrés Arévalo Pérez.
Ambos coinciden en que la sentencia, a medias, los ha puesto en peligro y que, ese peligro continuará hasta que, realmente, se atiendan las necesidades de la comunidad que está ubicada en el río Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, una zona donde campea la tala ilegal de madera y el narcotráfico.
NO PUEDEN REGRESAR
En el reporte de la periodista Prado, la comunera Lina Ruiz plantea el problema. Estamos “poco contentas porque los familiares de los asesinos viven donde nosotros vivimos, por eso no podemos regresar a nuestra comunidad”, afirma Ruíz.
Y agrega: “Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera”. Ella se muestra muy preocupada por esta situación.
“Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, afirmó Ruiz.
Y, por eso, no dudó en solicitar a las autoridades que tomen acciones para protegerlos de una posible venganza. “No queremos que esa persona esté en nuestra comunidad. ¿Dónde está el Estado? Reclamamos nuestros derechos y el de mi padre, que derramó su sangre por nuestros bosques, y por eso lo mataron los taladores ilegales”. La demanda de Lina, no ha sido atendida, aunque la presidenta Dina Boluarte les ha asegurado que los protegerá. A la fecha, no se hizo nada.
LÍDER AMENAZADO
Quien también sufre esta situación es Andrés Arévalo Pérez. A sus 24 años ha tenido que asumir el cargo de pintkazari (jefe) de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y ha tenido que denunciar que en la zona continúa la tala ilegal, como si no hubiera pasado nada.
