El Gobierno nacional despejó ayer declaró en estado de emergencia todo el país durante 30 días a causa de las turbas que ya han provocado ocho muertos, cientos de heridos, y toma de locales públicos y privados en la mayoría de ciudades del Perú desde el jueves 8 de diciembre, fecha en que Pedro Castillo fue vacado de la presidencia de la república.
La medida del Ejecutivo fue oficializada la tarde de este miércoles en el Diario El Peruano, donde se lee “declarar por el término de treinta días, el Estado de Emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. Este documento es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; el ministro del Interior, César Cervantes; el ministro de Defensa, Alberto Otárola; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.
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El ministro Otárola –quien el martes último había adelantado la posibilidad de que el Ejército reforzó a la Policía en frenar los disturbios- explicó que el “estado de emergencia” en el territorio nacional implica la suspensión de ciertos derechos básicos como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión.
También recordó que se declaró en estado de emergencia la Red Vial Nacional el miércoles último ante los bloqueos de carretera en 14 regiones del país, medida que faculta a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden en las vías terrestres.
De acuerdo al ministro del Interior, Cesar Cervantes, son aproximadamente 24 500 personas las que participan de las manifestaciones radicales alrededor del país. Asimismo, el número de policías heridos hasta la noche de ayer fue de 140 –en su mayoría de las regiones Apurímac, Ica, Arequipa, Huancavelica y Lima- mientras que cinco comisarías fueron atacadas durante los actos vandálicos.
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En la región Huancávelica, según informa el titular del Interior, fueron afectadas las sedes del Gobierno regional, Ministerio Público y Poder Judicial. Mientras que en el aeropuerto de Cusco se producen destrozos en la pared perimétrica de la pista de aterrizaje. Tanto el aeropuerto de esta ciudad como de Arequipa se encuentran con vuelos suspendidos.
Recordemos que las exigencias de las asociaciones civiles en protesta son el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la creación de una nueva Constitución. En ese sentido, la presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje a la nación este miércoles al mediodía para señalar que la segunda demanda puede ser posible para diciembre de 2023.
“Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha, técnicamente y legalmente, no calzaría (…)Como presidenta, tengo que ser responsable y decir que estos tiempos no dependen de mí sino del Congreso y el ente electoral”, declaró la presidenta Boluarte.
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Sin embargo, de acuerdo con el analista Fernando Tuesta, el plazo podría acortarse tres meses más dependiendo de si el Congreso amplia la actual legislatura, que culmina este 15 de diciembre y, además, adelanta el inicio de la segunda, que debería comenzar el 1 de marzo, con el objetivo de que el proyecto de ley sea aprobado por dos legislaturas consecutivas con una cifra mínima de 87 votos a favor.
“Incluso, si el proyecto se aprobara en esta legislatura, nada asegura que el Congreso lo haga el 1 de marzo. En consecuencia, el Congreso solo aprobará la propuesta de adelanto de elecciones si es presionado a votar en diciembre y adelantar la legislatura para votar en enero. Solo así se garantizará las elecciones adelantadas”, escribió Tuesta en su cuenta de Twitter.
Este jueves 15 el ministro José Tello expondrá en el pleno del Parlamento la postura del Ejecutivo entorno a la propuesta de adelanto de elecciones. La sesion del pleno esta acordada para las 10:00 am
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José Tello, quien lleva apenas cuatro días en el cargo, afirmó que este proyecto de ley presentado por el gobierno de Boluarte trata de una reforma constitucional que amerita un estrecho trabajo con el Legislativo. “En este caso las leyes electorales son las que tendrán que ser modificadas. Ese desarrollo estamos comenzando con una serie de propuestas que van a ser de conocimiento de la sociedad civil en el breve plazo posible”, detalló el ministro
La Defensoría del Pueblo reconoció que el país ha sido “víctima de un golpe condenable de Estado fallido”, y afirmó que los autores de este grave delito deben responder ante la justicia, pero que no se puede utilizar lo ocurrido para inducir a la violencia.
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En ese sentido -y como parte de las alternativas de solución- la entidad instó al Congreso a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones. “La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional, considerando el plazo más realista”, se lee en el comunicado.
En Ucayali se mantienen bloqueados siete tramos de la carretera Federico Basadre y uno de la carretera Longitudinal de la Selva. Hechos que generan desabastecimiento en los mercados de la region.
Entrevistados por Diario Ímpetu, los vendedores del mercado mayorista de Pucallpa expresaron su preocupación al no recibir productos agrícolas desde hace tres días. Los comerciantes señalaron que la escasez se empezará a sentir con mayor fuerza entre hoy y mañana elevando el precio de productos como la papa, el arroz, la yuca y las frutas.
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“Normalmente llegan cajas llenas de productos durante todo el día, pero ya es el tercer día y no tenemos nada, salvo lo que quedó del domingo. No podemos hablar de cuanto subiremos los precios porque pronto ya no habrá nada qué vender”, manifestó un vendedor del principal centro de abastos de la región.
Para este jueves 15 está programado el inicio del paro regional indefinido que responde a las mismas demandas que la huelga nacional, solo que involucrando a sindicatos locales que llevan días anunciando radicalizar aún más sus protestas. Entre estas agrupaciones se encuentran el Frente de Defensa de Ucayali (Fredeu), las asociaciones agrarias y de ronderos, y el sindicato de transportistas.
AUGUSTO PADILLA
