En una operación realizada en el sector Bellorizonte de la ciudad de Aguaytia, provincia de Padre Abad, se evidenció la explotación de menores de edad en actividades de minería ilegal. Menores de entre 7 y 15 años eran forzados a trabajar en dragas, huyendo a la llegada de las autoridades, según informó el Ministerio Publico.
El operativo, liderado por Walter Ramírez Zimbalá de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, junto a miembros de la Marina de Guerra del Perú, intervino las embarcaciones en pleno cauce del río. Se realizaron tiros disuasivos al aire para prevenir represalias de las organizaciones criminales que utilizan a estos niños.
A pesar de la huida de los menores, las autoridades lograron destruir cuatro dragas abandonadas. Los padres de los niños fueron advertidos, y se tomaron medidas para evitar la reincidencia en estas prácticas ilegales. Las embarcaciones fueron destruidas para impedir su uso futuro.
VER TAMBIÉN: VIDEO| Hombre ahorró para la educación de su novia y ella lo abandona tras graduarse
De acuerdo al Ministerio La minería ilegal no solo representa un delito, sino que pone en riesgo la vida de los menores y el medio ambiente. La minería ilegal en el Perú es una actividad económica recurrente que involucra la explotación de minerales metálicos, como el oro, y no metálicos, como arcilla y mármoles, con el fin de financiar organizaciones delictivas. Esta práctica ha generado conflictos sociales y ambientales significativos en el país.
En Ucayali, la minería ilegal también ha dejado su huella. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, esta actividad ilícita se ha extendido a más de 20 ríos en la Amazonía peruana, afectando gravemente el entorno natural y generando preocupaciones sobre el lavado de activos y la conexión con el crimen organizado.
VER TAMBIÉN: Huánuco: Hombre usó su patineta para golpear a sereno en la cabeza
A nivel nacional, la minería ilegal afecta a más de 25 millones de hectáreas, siendo regiones como Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno las más impactadas. Esta actividad ilegal ha generado pérdidas económicas significativas, con la minería ilegal de oro moviendo aproximadamente 1,342 millones de dólares en 2020, 110.5 millones en 2021 y 133.4 millones en 2022