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Se estima que la organización manejaba recursos ilícitos superiores a los S/ 500 millones de soles anuales.
En complicidad
A comienzos de este mes, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un amplio operativo en Trujillo y otras localidades de la región La Libertad, resultando en la detención de 28 personas vinculadas a la organización criminal conocida como «La Gran F.A.». Esta red delictiva, acusada de facilitar la minería ilegal, operaba con la complicidad de funcionarios corruptos y agentes del orden.
Entre los detenidos figuran seis policías, entre ellos el coronel PNP Miguel Balta Paredes, exjefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial La Libertad, y Raúl Araya Neyra, exgerente regional de Energía y Minas.
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Recursos ilícitos entre minería ilegal y sicariato
Las investigaciones revelan que «La Gran F.A.» se dedicaba a usurpar concesiones mineras legítimas, invadiéndolas y obteniendo cuantiosas ganancias mediante la explotación ilegal de carbón Antracita. Se estima que la organización manejaba recursos ilícitos superiores a los S/ 500 millones de soles anuales.
Carbón Antracita y el drama de las víctimas
El carbón Antracita, un recurso sumamente cotizado en la industria del acero a nivel global, se ha convertido en el epicentro de una encarnizada lucha por el control de las concesiones mineras. En los últimos dos años, las exportaciones de este mineral han experimentado un notable aumento, pasando de 200 mil toneladas a 2.5 millones de toneladas en tan solo nueve meses del año 2023.
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Esta contienda violenta por el dominio de las minas de Antracita ha desplazado a cientos de familias que residían en estas áreas. La situación ha derivado en un drama humano, como en el caso de personas como Eusebio Rojas y Keyti Gómez, quienes han sido despojadas de sus hogares y forzadas a huir debido a las amenazas de la organización criminal.
Funcionarios y policías corruptos
La trama se complica aún más al descubrirse la influencia de la organización en el gobierno regional, corrompiendo a funcionarios como Raúl Araya Neyra, facilitador de la documentación necesaria para el transporte ilegal del mineral extraído.
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El cerebro de esta organización criminal era José Agustín Arteaga López, un minero ilegal con numerosos delitos a sus espaldas. Su red de influencias alcanzaba a altos mandos policiales, incluido el coronel Balta Paredes, quien desempeñaba un papel crucial en la protección de la organización.
