La Oficina Desconcentrada en Pucallpa de la Autoridad Portuaria Nacional (OODD) negó a ÍMPETU información sobre los estudios que se han realizado desde el 2005 para reconstruir o rehabilitar el puerto de Pucallpa, que había sido solicitada por nuestro medio al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27086), a fin de realizar informes del tema y organizar foros que esclarezcan a la opinión pública cómo se está planteando la ejecución de este proyecto de vital importancia para la población, así como para el desarrollo regional y amazónico.

Mario Adolfo Palacios Gallo, responsable de dicha OODD, explicó por escrito que no pueden proporcionar dicha información porque por el momento está considerado como un tema “confidencial”, por lo cual la propia ley les limita hacer públicos esos reportes. En una carta dirigida a nuestro medio indicó que “el área legal ha indicado que actualmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha contratado la elaboración del expediente técnico para la rehabilitación del TP Pucallpa, por lo que la información solicitada y el expediente contratado, en su conjunto, forman parte de un proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión pública, revistiendo la naturaleza de información confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 17 del TUO de la Ley N° 27086 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM”.

“En tal sentido –agregó Palacios Gallo-, los estudios y expedientes solicitados, podrán ser accesibles a los ciudadanos, una vez culminada la decisión gubernamental del sector sobre la mencionada rehabilitación del referido terminal portuario”.

Sin embargo, antes de recibir dicha respuesta, la secretaria del directorio de la APN, Mirian Chavez Celestina, vía electrónica comunicó a ÍMPETU que, también amparada en la misma ley, se tomarían cinco días más para buscar la información solicitada, en copias o archivos digitales de los últimos estudios sobre el puerto de Pucallpa desde el 2005. En su comunicación, Chavez mencionó que ”el área técnica (dela APN) ha indicado que hará uso de la prórroga de 5 días hábiles establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para atender su requerimiento (el de ÍMPETU), dado que se encuentra en la búsqueda de sus archivos”.

Esa anotación recibida de la secretaria del directorio deja entrever que para la APN -al menos hasta el 1 de setiembre cuando remitieron el correo electrónico- no era problema hacer público los estudios previos que se han venido realizando en torno a la ejecución de un puerto para Pucallpa desde hace poco más de una década, previos a los estudios que recientemente han sido contratados para levantar dicha infraestructura en el espacio donde estuvo originalmente, antes de quedar inhabilitado y servir de instalaciones para la Marina de Guerra. La Constitución Política establece cono un derecho fundamental el acceso a información pública. Uno de los incisos del artículo segundo de la Carta Magna precisa que todo ciudadano tiene derecho “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal”, aunque también establece que hay excepciones, referidas a la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

Y efectivamente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 15, 16 y 17 puntualizan las situaciones en las que se limita la información requerida, como es el caso de la excepción para el ejercicio de ese derecho cuando esta es considerada confi dencial. En tal sentido, el artículo 17 establece esa restricción cuando ”La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones produ cidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones”. Cabría anotar que los estudios desde el 2005 ya han sido públicos en su momento y no tendrían por qué estar encarpetados porque puedan ser referentes al nuevo expediente técnico en ejecución.

Además, como se colige de los 5 días que se tomó la APN para buscar esa información, es de suponer que la Autoridad Portuaria Nacional en esos momentos no tuvo problemas en proporcionar la información solicitada. Sin embargo la OODD optó porque esos reportes deben ser considerados confidenciales, manteniéndolos en la sombra, evitando una mayor claridad en las deliberaciones que las instituciones y personajes involucrados en los asuntos portuarios de la región, así como la opinión pública en general, pudieran estar mejor informados al momento de expresar sus puntos de vista respecto a la forma cómo se está procediendo en la ejecución de este proyecto.

Para la OODD, solo podrán ser públicos los antecedentes del proyecto cuando el MTC tome alguna decisión sobre los estudios para el expediente técnico en ejecución, cuando la única decisión que podría adoptar es la convocatoria de licitación para la obra, a menos que se objeten las nuevas propuestas de la empresa a cargo de los estudios, cosa poco probable, a pesar que algo similar ocurrió con la anterior contratista GIS, a la que se le rescindió el contrato pero la presentación de documentos falsos. ÍMPETU, había hecho la solicitud explicando los motivos del requerimiento, pese a que la norma no obliga a que exista ninguna expresión de causa para entregar información pública.

El conocer cuáles fueron las antiguas propuestas, no pone en riesgo una decisión ya adoptada por el gobierno central con respecto al puerto de Pucallpa, y la decisión que podría tomar el MTC respecto a los nuevos estudios tampoco, porque estos recién se están iniciando y todo caso la transparencia en este como en cualquier proyecto público es lo más conveniente para el sinceramiento en su ejecución, más aún con los problemas de presuntos malos manejos que han enturbiado el ambiente de la ejecución de obras públicas en el país.

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