En una decisión tomada por el juez Wagner Villacrez Mori, que despacha el Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, se dictó nueve meses de prisión preventiva contra Edwin Conde Ramírez, quien era el conductor de la embarcación fluvial «CR-II». Conde Ramírez es acusado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio simple y homicidio calificado, en relación con el trágico naufragio ocurrido en la madrugada del pasado miércoles 4 de septiembre en el río Ucayali, en el que murieron siete personas, entre ellas dos menores de edad.
El accidente tuvo lugar alrededor de la 1:00 de la mañana, en inmediaciones de la localidad de Tahuanía, provincia de Atalaya, mientras la embarcación realizaba el recorrido habitual entre las localidades de Pucallpa y Bolognesi, en la región Ucayali. Según la investigación fiscal, el siniestro se produjo cuando la «CR-II» impactó contra un tronco que flotaba en el río. El choque, atribuido a la excesiva velocidad de la nave y a su sobrecarga de pasajeros y mercancías, provocó el hundimiento de la embarcación, causando la muerte de cuatro docentes, un civil y dos menores de edad: una niña de 11 años y un niño de nueve. Otras 80 personas a bordo lograron sobrevivir, siendo rescatadas posteriormente por autoridades locales y habitantes de la zona.
El representante del Ministerio Público, abogado Manuel Hernández Soza, fiscaladjunto de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, indicó que Conde Ramírez conducía la embarcación a una velocidad excesiva y permitió el embarque de más pasajeros de los permitidos, además de no contar con la licencia correspondiente para operar la embarcación.
El juez Villacrez Mori consideró que existen suficientes indicios de responsabilidad penal y peligro de fuga, por lo que ordenó la prisión preventiva del acusado mientras continúan las investigaciones.
El naufragio de la «CR-II» ha generado una gran conmoción en la región, destacando nuevamente los riesgos asociados con el transporte fluvial en la Amazonía peruana. Las autoridades han iniciado una revisión de las condiciones de seguridad de las embarcaciones que operan en los ríos de la región, con el fin de evitar que se repitan tragedias como esta.
Asimismo, la Capitanía de Puertos anunció una serie de medidas para mejorar la supervisión y el control del transporte fluvial, incluyendo inspecciones más estrictas y campañas de sensibilización dirigidas a los operadores y pasajeros sobre la importancia de cumplir con las normas de seguridad. Mientras tanto, la comunidad de Atalaya y las familias de las víctimas exigen justicia y mayores garantías de seguridad para los viajeros que dependen de este medio de transporte.
