En nota de prensa del poder judicial de Ucayali, se afirma que el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Campoverde, a cargo de la jueza Sally Beltrán Torres, resolvió la liberación del imputado Humberto Banda Estela, quien cumplía prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado, atendiendo a la normativa vigente, al haber vencido el plazo de 12 meses de prisión preventiva en su contra, sin que el Ministerio Público haya solicitado una prolongación de la medida.
La decisión de la jueza Beltrán Torres se sustenta en el artículo 273 del Código Procesal Penal, que obliga a disponer la libertad de un imputado al cumplirse el plazo de prisión preventiva si no se ha dictado sentencia ni se ha solicitado su prolongación. En este caso, el plazo de 12 meses de prisión preventiva culminó el 13 de septiembre de 2024, sin que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentara un requerimiento para extender la medida.
La magistrada aregumentó que la decisión de liberación no es discrecional (capacidad de tomar decisiones basadas en juicio personal), sino que responde al marco legal que protege el derecho a la libertad cuando se cumplen los plazos procesales sin que se emitan sentencias o se prolonguen las medidas cautelares.
Y aunque la jueza afirma que no adoptó una decisión discrecional, sin embargo argumenta que, para garantizar la presencia de Banda Estela en las diligencias judiciales, el Juzgado impuso comparecencia con restricciones, con reglas de conducta.
El 22 de agosto de 2023, la regidora de Nueva Requena, Liz Jajaira Vásquez Mozombite denunció que el alcalde habría cometido presuntos actos de corrupción en contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) entre enero y agosto de 2023. Estas supuestas contrataciones incluían la compra de combustible, adquisición de equipos y la instalación de casetas para tanques elevados.
El 29 de agosto de 2023, la fiscalía identificó supuestos indicios de fraccionamiento y sobrevaloración en dichas contrataciones. Según la investigación del Ministerio Público, “a pesar de haber sido inhabilitado como alcalde en julio de 2023, Banda Estela continuaba ejerciendo influencia en la gestión municipal a través de encargaturas irregulares de la alcaldía a regidores afines”.
¿Qué pasó con la fiscalía anticorrupción encargada del caso? ¿Por qué no pidieron la ampliación de la prisión preventiva? ¿Es que la denuncia no era razonable? Misterios del Orinoco que solo la fiscalía podrá responder. Y la jueza que dice que no usó su facultad discrecional ¿Por qué no ordenó simplemente su libertad? ¿Quién le pidió que le variará a comparecencia restringida? Misterios judiciales.
