De los 16 gobernadores electos, 13 son investigados en la actualidad por la Fiscalía Anticorrupción. De ser sentenciados, cabe precisar, tendrían que dejar el cargo, de acuerdo a la Constitución.
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En Ucayali, por ejemplo, el Ministerio Público tiene 11 investigaciones abiertas contra Manuel Gambini (Cambio Ucayalino) por abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, es de otro de los que tiene investigaciones pendientes por abuso de autoridad, plagio, violencia física y psicológica, entre otros. En lo que va del año, Acuña aún tiene 15 carpetas fiscales activas.
El virtual ganador en la región de Tacna, Luis Torres, por increíble que parezca, tiene 478 procesos judiciales y se encuentra con arresto domiciliario por supuestamente ser uno de los cabecillas de una organización criminal.
En la lista también figuran Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Otsuka (Madre de Dios), Zósimo Cárdenas (Junín), Percy Godoy (Apurímac), Antonio Pulgar (Huánuco) y Walter Grundel (Tarapoto) y Jorge Chávez (Loreto). Las próximas autoridades de Arequipa, Ica y Tumbes también se encuentran en la mira del Ministerio Público.
