Mucho se ha comentado y es causa de preocupación de las nuevas autoridades electas, la reciente publicación de la ley 31656 que modifica el artículo 381 del Código penal, con la finalidad de sancionar las conductas que afectan los “principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública”. Algunas autoridades, al parecer, aún estarían bien informadas y habrían designado a funcionarios que no cumplirían con el perfil que mandan las normas.
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Este sería el caso de la Ingeniera Civil Magaly Delicia Valladares Pérez, quien ocupa el cargo de Gerente de Infraestructura y Obras (GIO) de la municipalidad provincial de Coronel Portillo (MPCP), la misma que se encuentra involucrada en varios procesos penales en curso, junto a otros exfuncionarios, cuando desempeñó cargo en la municipalidad provincial de Atalaya (MPA).
Según se desprende del expediente 00159-2022-0-2403-JR-01, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, se le acusa de haber cometido el delito de peculado.
En el caso mencionado, en el mes de enero del presente año, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, tras evaluar detenidamente los hechos y debidamente fundamentado con los informes correspondientes, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, en contra de varios exfuncionarios de la MPA, entre ellos la funcionaria mencionada.
La Ingeniera Magaly Delicia Valladares Pérez, cuando ocupaba la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras en el año 2017 también ha sido involucrada en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal.
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Según la acusación fiscal, la investigada Magaly Delicia Valladares Pérez, mediante informe 0213-2017-SGSYLO-MPA, en su condición de Subgerente de supervisión y liquidación de obras, solicitó de manera reiterativa ante la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la MPA, el pago por los servicios de mantenimiento de maquinaria pesada y habría recomendado indebidamente que se cancele el monto de 92,182.34 soles a favor de la empresa Servicios y Repuestos Guzmán S.C.R.L., a pesar que la conformidad del pago le correspondía a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y no del supervisor o residente de obra, quienes no tienen la especialidad del servicio contratado. En todo caso esta debería haber contado con el visto bueno de los profesionales o técnicos de Maestranza, indica el documento.
Pero hay otro caso en el cual se encuentra involucrada la hoy Gerente de Infraestructura y Obras de la comuna portillana. Junto a otros exfuncionarios de la MPA, aparece en el expediente 00162-2022-0-2403-JR-PE-01, del mismo Juzgado de Investigación Preparatoria, por el delito de Peculado, respecto a presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Obra “Instalación del Observatorio del Delito de la ciudad de Atalaya”. En este caso, la Fiscalía Provincial Especializada dispuso la ampliación de la Investigación Preparatoria, al igual que en el primer caso, por haber indicios reveladores de la existencia de un delito. En este caso, el monto afectado ascendería a 1´520,307.39 soles y también han sido involucrados los ex regidores de aquel entonces, al no cumplir su función fiscalizadora, al igual que los miembros de la comisión de obras, al no plantear las observaciones correspondientes, aparentemente con el propósito de favorecer a la empresa ejecutante.
En este último caso, la denuncia presentada ante la MPA por el ciudadano Juan Machahua Campa, con fecha 9 de febrero del año 2021, da cuenta que la referida obra, estaría mal ejecutada y viene causando daño en la base de construcción. Del mismo modo, otros informes de la Gerencia de Infraestructura y Obras así como de la Subgerencia de Defensa Civil, de la gestión anterior, es decir del año 2021, señalan, que las infraestructuras inspeccionadas “Instalación del Observatorio del Delito de la Ciudad de Atalaya”, no cumplen con los requisitos de habitabilidad, ya que las bases de concreto, así como paredes y techo de los servicios higiénicos son un peligro inminente porque podrían colapsar, por deficiencias estructurales, siendo un peligro a la integridad física de la personas que laboran en dicha área, adjuntando en dicho informe un panel fotográfico que corroboraría los hechos.
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Existen otros expedientes más con procesos que involucran a Valladares Pérez, siendo un total de 8 expedientes (de los cuales más adelante daremos cuenta), pero es pertinente señalar, que, la referida funcionaria edil no cumpliría requisitos que exige el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPCP, como el de la idoneidad para ocupar el cargo. Precisamente el MOF establece que el funcionario “No (debe) mantener proceso judicial pendiente”. Y también establece que debe “Contar con amplia experiencia en la conducción de obras de Infraestructura”. Un dato curioso es que cuando desempeño cargo en la Municipalidad Provincial de Atalaya desde al año 2015, ella aún no se encontraba Colegiada en el Colegio de Ingenieros del Perú, habiéndose incorporado recién el 13 de enero del año 2016, por lo que habría estado designada de manera irregular en dicho cargo, hasta el año 2018, cuando finalizó el mandato de la gestión edil de aquel entonces en Atalaya.
La Ley Servir 31419, y su reglamentación el DS.053-2022 PCM, establecen los requisitos para acceder a un cargo público, entre los cuales está la idoneidad. En tanto que, la recién promulgada Ley 31676, establece que el funcionario que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos para un cargo público, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a veinte días de multa. Se indica, que la misma Pena recibe el que acepta un cargo indebidamente.
A ese respecto es bueno indicar, que en la edición del día 9 de febrero del Diario Ímpetu, se dio a conocer las declaraciones del Gerente Regional de Control de Ucayali Eder Díaz Chávez, quien manifestó, que, en el mes de marzo, estará realizando acciones de control que incluye un operativo en todas las entidades del estado en Ucayali, entre ellas el Gobierno Regional y los gobiernos municipales, para verificar si han cumplido con la ley, al designar funcionarios en puestos de confianza.
Como se recuerda, un caso reciente habría sido el cese en sus funciones como Gerente Regional Forestal de Fauna Silvestre, el ing. Ladislao Panduro Guzmán, por el Gobernador Regional Manuel Gambini, de quien se dijo, no habría cumplido con el perfil que manda la ley para ocupar dicho cargo.
Otro caso se dio en Yarinacocha, donde Rafael Paredes fue retirado de la Gerencia de Servicios Públicos por no reunir los requisitos.
Pero, ¿Qué dirá sobre el particular la abogada Janet Yvone Castagne Vásquez, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo?, ¿Tendrá conocimiento de los procesos penales en curso que tiene su actual funcionaria en un puesto que reviste mucha importancia, como el de Infraestructura y Obras?
REDACCIÓN: DIARIO ÍMPETU