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Acusan a empresa palmicultora Ocho Sur por presunta usurpación de tierra indígena

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CAMPOVERDE

Jardiel Tafur by Jardiel Tafur
10 de noviembre de 2023
in Portada
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Acusan a empresa palmicultora Ocho Sur por presunta usurpación de tierra indígena
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Tabla de contenido

  • Acusación Penal contra Ocho Sur por Usurpación Agravada en Comunidad de Uchunya
    • LA USURPACIÓN AGRAVADA
      • FOREST PEOPLES
        • CONTRADICCIÓN

          Acusación Penal contra Ocho Sur por Usurpación Agravada en Comunidad de Uchunya

          Una publicación reciente, afirma que el Ministerio Público ha presentado acusación penal contra la empresa Ochor Sur, por presunta usurpación agravada, al haber incursionado con su maquinaria dentro de territorios de la comunidad Santa Clara de Uchunya. Que lo hayan hecho por las noches, sería un indicio de que estaban actuando dolosamente. Eso lo decidirá el proceso donde el Ministerio Público ha pedido 4 años de cárcel para dos de sus directivos y el pago de una reparación civil de 10 mil soles. Un organismo internacional de derechos humanos como Forest People Programme ha pedido una sanción ejemplar. Lo curioso es que un grupo de moradores de Santa Clara de Uchunya, que hoy controlan la dirigencia son favorables a la empresa, mientras que otro sector, agrupado en un Frente de Defensa, reclaman justicia. El caso atrae la atención internacional.

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          Acusan a empresa palmicultora Ocho Sur por presunta usurpación de tierra indígena
          Acusan a empresa palmicultora Ocho Sur por presunta usurpación de tierra indígena

          Aunque la empresa palmicultora Ocho Sur intenta congraciarse con las comunidades indígenas (sobre todo Shipibo-Konibo) a través del deporte organizando campeonatos de fútbol, su situación legal se ha visto comprometida al formalizarse una acusación penal en su contra, en octubre pasado, y que recién se ha podido conocer por información que divulgó el portal de noticias Servindi, ayer, jueves 9 de noviembre.

          Según indica la información publicada por Servindi: “La Fiscalía Provincial Corporativa de Campoverde acusó a la empresa Ocho Sur P SAC por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (Ucayali).”

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          Y agrega: “Según la acusación formalizada en octubre, la empresa de palma aceitera ingresó violentamente con maquinaria en el territorio comunal para abrir una carretera que facilitara sus operaciones agroindustriales.”

          Continúa diciendo la información: “Por ello, el fiscal provincial solicitó cuatro años de cárcel para el gerente general Serge Georges Verhaert y el apoderado Renzo Puyen Rivera, así como una reparación civil de 10 mil soles a favor de la comunidad.”

          Según un comentario, esta sería la primera vez que el ministerio público ha presentado una acusación formal a una empresa que, incluso recibió la visita de una embajadora norteamericana y del Defensor del Pueblo, en un intento por presentar una imagen de personalidades que respaldan sus actividades en la zona.

          LA USURPACIÓN AGRAVADA

          Según detalla el portal de noticias, Servindi: “El agravio se produjo entre noviembre y diciembre de 2020, cuando la maquinaria (de Ocho Sur) terminó afectando bosques naturales y algunas plantaciones de árboles frutales en un área de 3 kilómetros por 20 metros de ancho.”

          La información refiere que: “Los comuneros, asentados al otro lado del río, se dieron cuenta tardíamente, pues el modus operandi de la empresa era actuar por las noches hasta la madrugada para luego retirarse.”

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          La información también afirma que los tres kilómetros afectados, forman parte de las 1544.2025 hectáreas que fueron otorgadas en titulación (ampliación territorial) a la comunidad Santa Clara de Uchunya, en febrero del año 2020 y que fueron inscritas en los Registros Públicos el año 2022. Lo que significaría que la empresa actuó conociendo que se trataba de territorio de la comunidad mencionada porque, además, presuntamente para evadir responsabilidad, habrían estado trabajando durante las noches.

          Todo eso se debe aclarar durante el proceso penal.

          La publicación agrega: “Cabe indicar que este caso, con expediente número 00102- 2022-90-2406-JR-PE-01, había sido archivado inicialmente por la Fiscalía, pero tras una apelación de la comunidad, se elevó a la autoridad fiscal superior, la cual discrepó con la Fiscalía Provincial y ordenó acusar a la empresa.”

          Sin duda, deben haberse seguido los procedimientos para llegar hasta el momento en que la fiscalía presentó la acusación que se ha reseñado líneas arriba y que puede sintetizarse en que la empresa cometió usurpación agravada, por lo que el ministerio público ha pedido carcelería para suks directivos, además del pago de una reparación civil.

          FOREST PEOPLES

          En la publicación de Servindi, también se pronuncian organismos que tienen interés en este proceso.

          Por ejemplo, cita lo que afirma un organismo como Forest Peoples Programme. Sobre el tema, dicho organismo habría afirmado: “Esta acusación dejaría por los suelos la narrativa [de no haber tocado ningún árbol de territorio indígena] que pretende usar [la compañía] para justificar y legitimar su presencia en la región Ucayali”.

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          La Forest Peoples Programme, más conocida por sus siglas como FPP, es un organismo internacional que se fundó para apoyar a los pueblos que viven en los bosques y que dependen de ellos para su sustento. Según su principio básico, FPP pretende crear un espacio político para que esos pueblos puedan asegurar sus derechos, controlar sus tierras y decidir su propio futuro.

          Precisamente uno de los conceptos transversales básicos que guían el enfoque y el trabajo de FPP dice que: “Si los pueblos de los bosques han de sobrevivir y prosperar necesitan tener derechos seguros sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales de los que siempre han dependido.”

          Y esa es su preocupación que los pobladores de Santa Clara de Uchunya mantengan su derecho seguro sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Se trataría de evitar que ese territorio termine siendo devorado por el monocultivo de la palma aceitera.

          De acuerdo con la publicación de Servindi: “La organización internacional de derechos humanos espera que este caso termine pronto con una sanción ejemplar que refleje por fin mecanismos de rendición de cuentas para las empresas del sector palmicultor en la Amazonía.

          Servindi también cita declaraciones de Luisa Mori, presidenta de la Asociación Frente de Defensa por los intereses de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya (AFDPISCU). Ella, citando a Servindi, habría dicho: «Queremos que haya justicia por haberle hecho daño a la comunidad. (…) Ese bosque era como un ser humano, le han matado”.

          CONTRADICCIÓN

          Lo curioso es que en la comunidad Santa Clara de Uchunya existe un sector de comuneros con actitudes favorables a la empresa Ocho Sur, a la que consideran benefactora. Ese sector hoy tiene en sus manos la dirigencia de la comunidad y es probable que, durante el proceso penal, busquen favorecer a OchoSur para evitarle una sanción penal.

          Es probable, también que este proceso, atraiga mayor atención internacional sobre esta empresa y se pongan en juego una serie de intereses.

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