Luego de una novela que duró tres meses, el Gobierno Regional de Ucayali realizó ayer la entrega de las 34 camionetas Peugeot a la Policía para que pueda patrullar las calles de Pucallpa. Estos vehículos, anunciados desde mayo último –y cuyo plazo de entrega fue postergado en reiteradas oportunidades–, serán utilizados para disminuir la crisis logística en la PNP, que hasta hace pocas horas no contaba con un solo patrullero, y se limitaba a tomar prestados los vehículos de Serenazgo.
Sin embargo, de acuerdo a un informe de fiscalización del Consejo Regional de Ucayali en poder de Diario Ímpetu, la compra de estas camionetas –valorizadas en más de siete millones de soles– sería solo una “costosa solución a corto plazo”, pues la empresa proveedora no contaría con un taller de servicio técnico y repuestos en la ciudad, como se había anunciado. En otras palabras, no se podrá darle el mantenimiento oportuno a los patrulleros cuando comiencen a mostrar averías.
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Esta irregularidad fue alertada el pasado 14 de diciembre por la comisión especial del Consejo integrada por los consejeros Raúl Soto, Edwin Alvarado y Emerson Guevara, quienes realizaron una visita inopinada al local de servicio técnico de la empresa proveedora R.G.R. Equipos y Maquinarias E.I.R.L., cuya dirección, según el expediente entregado por la Gerencia de Desarrollo Social del GORE-Ucayali, “dirigida” por Miguel Romero, es jirón Guillermo Sisley N°700.
Es más –advierten los consejeros–, el establecimiento de servicios mecánicos se encontraba cerrado, con candado y con las ventanas tapizadas con trozos de madera.
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“Nos constituimos a realizar la verificación de los ambientes de la empresa para constatar la veracidad de lo indicado por los funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en la cual firman una constancia de verificación y dan la conformidad correspondiente a los ambientes del taller donde prestarán los servicios de reparación y mantenimiento, el cual se encontraba completamente cerrado, sin ningún personal ni equipamiento para realizar los trabajos señalados”, advierte el informe del Consejo.
El documento especifica que los consejeros pudieron dialogar con la dueña del local, Floripes Rodríguez, quien dijo haber alquilado su propiedad de 400 metros cuadrados a la empresa proveedora en enero último, pero que “le parecía muy raro que los inquilinos le paguen mensualmente el alquiler, pese a que no hicieron uso de los ambientes, y lo mantengan vacío y cerrado durante casi un año”.
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El hecho contrasta abismalmente con lo afirmado por los miembros del Comité de Recepción y Conformidad del GORE-Ucayali, quienes firmaron la conformidad con el taller de repuestos y mantenimiento de la empresa RGR Equipos y Maquinarias E.I.R.L. Es decir, el “taller fantasma”.
El comité, cabe precisar, estuvo presidida por el ingeniero Lino Rojas e integrada por las trabajadoras Cecilia Chujutalli y Mishel Dowall.
“El proveedor ha cumplido con lo estipulado en el Requerimiento de Bienes, Servicio Técnico y Repuestos, donde se señala que la empresa deberá garantizar un centro de servicio técnico en las ciudades de Pucallpa y Aguaytía. Y este debe ser autorizado por el fabricante de la marca o por el distribuidor nacional autorizado. Asimismo, el proveedor deberá garantizar el stock de repuestos por un mínimo de cinco años”, precisa el Comité del GORE Ucayali en el acta de verificación.
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De acuerdo al consejero Raúl Soto, quien presidió la Comisión de Fiscalización, las complicaciones en torno a la marca Peugeot fueron advertidas por medio del comandante departamental de la Compañía de Bomberos de Pucallpa, José Pretell. Este afirmó que su unidad cuenta con una ambulancia de la misma marca que se encuentra inoperativa por falta de repuestos.
Del mismo modo, Soto alertó que en los documentos de rendimiento de cuentas que envió el Gobierno regional, no se especifica la compra de 16 de las 34 camionetas 4×4, las cuales, según las investigaciones del Consejo, estarían “sobrevaloradas”.
“Vamos a presentar un segundo informe en la última sesión, que se llevará a cabo el próximo martes 27, donde especificaremos todos estos detalles. Una camioneta no cuesta 220 mil soles así esté bien equipada. Hubo hechos irregulares en esa compra que deben ser investigados”, denunció.
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El consejero agregó que la denuncia de las presuntas irregularidades ya se encuentra en manos de la Contraloría. Y señaló que en el informe se recomienda al gobernador Ángel Gutiérrez iniciar un proceso administrativo disciplinario contra los funcionarios responsables del proceso de contratación directa en mención, que incluye las áreas de Asesoría Jurídica, Logística y Desarrollo Social.
Consultado por este medio de comunicación, el gobernador Gutiérrez –olvidándose de Romero Carrillo– afirmó que está de acuerdo con que la Contraloría investigue la adquisición de estas camionetas y respaldó al Consejo regional en su labor. “Es bueno, porque esa es la función del Consejo, fiscalizar. Si ellos creen conveniente, se aceptan las observaciones técnicas, no tenemos problema con eso”, dijo.
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No obstante y pese a que su institución realizó el estudio de mercado para elegir a la marca Peugeot, la autoridad regional deslindó de responsabilidades en el mantenimiento de los vehículos, e indicó que ahora es competencia del Ministerio del Interior dotar de repuestos y llevar a cabo las refacciones.
Por su parte, el cuestionado gerente de Desarrollo Social, Miguel Romero, aseguró que la empresa proveedora sí cuenta con un local de repuestos en Pucallpa, por lo que la denuncia hecha por los consejeros carece de sustento y responde a intereses políticos, a sabiendas que pronto acaba la gestión.
“Ellos están en todo su derecho porque sus funciones son las de investigar y en algún momento me llamarán para poder aclarar la compra de los vehículos. Sin embargo, eso se tiene que hacer a través de las instancias responsables, que es la secretaría técnica. Cualquiera puede denunciar, pero debe haber una investigación preliminar y determinar si lo que dice el consejero es verdad o mentira”, respondió Romero.
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Sobre las múltiples postergaciones de plazo para la entrega de los vehículos, señaló que se debió a problemas netamente burocráticos. Esto pese a que la compra se encontraba bajo la modalidad de compra directa por estado de emergencia, es decir, el proceso no necesitaba convocar a licitación.
El consejero Soto indicó a este Diario que sus colegas entregarán la documentación del caso a los consejeros entrantes para el periodo 2023-2026. “Existe mucha información de tipo administrativa que, por cuestiones de tiempo, probablemente no la obtengamos. Pero las investigaciones deben continuar al tratarse de un sector tan importante como la seguridad”.
AUGUSTO PADILLA