En enero del 2017, el ex presidente regional (dos períodos), abogado Jorge Velásquez Portocarrero, fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva, por el delito de negociación incompatible en el caso Petitas. Así que, cuando en la madrugada del 18 de mayo 2017, se desarrolló el espectacular operativo que el ministro del Interior de ese entonces, Carlos Basombrío Iglesias, llamó Manto Verde y lo calificó como “nuestro Lava Jato local”, Velásquez estaba encarcelado.

Sin embargo su vivienda y oficina, fueron allanadas y extrajeron material que, según los policías y el ministro, probaban que Velásquez Portocarrero, desde la cárcel, lideraba de una organización criminal de lavado de activos de fondos provenientes de la corrupción, a través de la empresa aérea North American Float.

SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVAMIENTO

Siete años después, el 5 de noviembre 2024, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la doctora Irene Hidalgo Armas, emitió la resolución N° 39, disponiendo que se declare consentida la Resolución 38, se levanten las medidas coercitivas personales o reales contra el imputado o sus bienes, se anulen los antecedentes policiales contra los investigados y, lo más importante: se archive “todos los cuadernillos del presente expediente, remitiéndose los mismos al archivo general de esta Corte Superior de Justicia”.

Finish. El operativo “Manto Verde” se convirtió en el “Cuento Verde”, el “cuentazo del 2017”, el año en que se necesitaban cortinas de humo porque el caso Odebrecht salpicaba altas esferas políticas del país y alcanzaba al entonces presidente PPK, cuya vacancia se rumoreaba en el Congreso.

Entrevistado sobre el sobreimiento, Jorge Velásquez, dijo: “la jueza en la etapa de control de acusación, encontró que, simplemente, no existe ningún elemento que nos vincule con los delitos. Dice la resolución 38 que no han existido (delitos) y contundentemente hace referencia a que a la empresa North American, se le ha realizado un peritaje sobre sus cuentas, hecho por la misma policía, donde señala que todas las operaciones aerocomerciales realizadas por la empresa North American Float Service se han realizado a través del sistema financiero y que, el origen de los fondos para la constitución de su capital social, incremento de su capital, fuentes de financiamiento, crecimiento patrimonial, de la empresa, derivan de fuentes de aportes y arrendamientos financieros legales. Es decir, no existe ninguna operación sospechosa. La cuenta está limpia.”

Velásquez agrega: “Increíblemente la investigación parte cuando viene el ministro Basombrío y nos trae toda una novela, que está en YouTube”

Basombrío entonces dijo que en la oficina de Velásquez se había encontrado un expediente judicial extraviado en la Corte de Loreto, dejando entrever que lo habría sustraído para apoderarse, fraudulentamente de North American, nombrando testaferros para lavar activos de fondos provenientes de la corrupción de funcionarios.

Cuando la Corte de Loreto remitió copias certificadas del expediente (que nunca se perdió) la acusación se cayó. Lo que encontraron en la oficina de Velásquez no era ningún expediente judicial, sino el falso-expediente que llevan los abogados de sus clientes, y, en este caso, Velásquez asesoraba a la empresa, la mayoritaria, Alliance Holding Group Inc, que integraba North American.

La acusaron también de haber desaparecido documentos en Registros Públicos y en la notaría. Sin embargo, estas instituciones también evidenciaron la existencia de los documentos que según los acusadores no existían. La acusación, también se cayó. 

“Los archivos registrales desmintieron a la fiscalía, al ministro del Interior Basombrío y también los documentos de la Notaría Florentino Quispe Ramos que ellos (Policía y Fiscalía) dijeron no haber encontrado. Pero estaban allí, documentando la remoción del gerente general, conforme a la voluntad del accionista mayoritario de la empresa North American. Yo solo participé como abogado. Nunca más tuve contacto con la empresa North American”.

Cuando se le preguta por qué lo acusaron sin evidencias, Velásquez respondió: “Por odios y venganzas (…) han querido despotricar y se han inventado toda esta mentira y han tomado como válido al ministro del Interior Basombrío para un operativo como caja de resonancia y crucificarme como nuevo propietario de la empresa North American, que no es cierto, que nunca he sido ni siquiera dueño de una llanta”.

Cuando allanaron su oficina, se llevaron cinco CPU de las computadoras, tablet, laptop, le levantaron el secreto de las comunicaciones, “pero no encontraron nada que nos vincule entre los acusados, ni los conocía. Sin embargo, decían que yo era el jefe de una organización criminal. Esto no se puede permitir en un país democrático. Yo creo que primero hay que investigar a las personas y no quebrar empresas, no quebrar honras, dignidades, sentimientos de honor. Nosotros tenemos familia. Este caso hizo que pierda, inclusive, la visa que tenía a los Estados Unidos. Aquí me han desgraciado y en cuanto al lavado de activos que era la otra acusación, los mismos peritos de la PNP, el Ministerio Público, los expertos han entrado a las cuentas de los socios, a las cuentas de la empresa North American y no han encontrado ni una sola operación sospechosa. Entonces, todos estos elementos han servido para que la jueza finalmente, por segunda vez, declare el sobreseimiento y no por falta de tiempo, por falta de elementos de convicción, sino porque la jueza dice que el hecho (delictivo) nunca ha sucedido, no hubo nada ilegal en esa empresa, no hubo dinero mal habido, por lo tanto, no hubo lavado de activos. No puede haber lavado de activos cuando una empresa no recibe nada ilegal y cuando demuestra que sus bienes son propios y, como dicen los peritos, que son bien habidos y bancarizados en el sistema financiero que exige toda la rigurosidad del caso. Han chequeado sus cuentas, su libro de actas, sus libros contables financieros y todo está en forma correcta”.

Dolido por tantos años de angustia, Velásquez dijo: “Entonces dónde queda nuestro honor mancillado, esta es una situación penosa, muy, muy triste para mí. Yo creo que la población se va a dar cuenta de que he sido víctima de una denuncia maliciosa”.

Preguntado si sabe quién lo denunció, dijo que se enteró que el denunciante se llamaba Alcides Quesada López. Pero cuando rindió su declaración, el 12 de septiembre del 2017, declaró que no había presentado ninguna denuncia y cuando le preguntaron por qué, entonces, aparece su firma y copia de su DNI en la denuncia, desconoció su firma y si bien reconoció el DNI dijo que su abogado, a quien identificó como Jorge Maldonado, era el que tenía copias.

“Eso es parte de la historia de cómo nació este proceso y cómo está muriendo una mentira”.

Sobreseído el caso, sin que nadie haya apelado, quedó consentida la decisión del sobreseimiento que adquiere calidad de cosa juzgada. Velásquez y sus coacusados están totalmente libres de las acusaciones y pueden reclamar que les devuelvan sus bienes.

No solo eso. Tienen el derecho a exigir reparación civil e indemnización. “Estoy viendo, porque es denigrante. Si lo hago será una acción con el fin de abrir un camino, una brecha, para que cualquier ciudadano que se sienta afectado pueda seguir esta ruta de la indemnización porque no debemos permitir que se mancille nuestro nombre”.

Si bien, hace poco tiempo, por acción del juez Carhuancho, le devolvieron sus bienes incautados, todavía mantienen incautada su cuenta bancaria.

Velásquez recordó otros casos digitados desde Lima. “El primer caso penoso es de don Lucho Valdez. Lo agarraron en un operativo grande como si fuera un criminal. Fue un montaje escénico. Lo tuvieron preso, nos quitaron nuestro alcalde y la investigación concluyó en que es inocente”.

También el caso de “Los Patrones de Ucayali”. 18 detenidos, “familias desarticuladas, desatendidas, afectadas y, después el caso archivado. “Tenemos que llamar poderosamente la atención para que nuestros operadores de justicia no abusen de medidas extrema como las prisiones preventivas. Cuando un ministro o un fiscal se pare frente a los medios de prensa, no puede hacerlo con mentiras o simples sospechas. No debemos creer en esos ‘grandes operativos’, debemos creer en una justicia que se dé en condiciones de igualdad. Yo tenía en mi contra al Ministerio Público, a la Procuraduría del Ministerio del Interior, a la policía, a medios de prensa favorables al ministro. Todos contra un humilde preso por haber sido simplemente presidente regional”.