La abogada de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) Carla Pizarro Murga, afirma, con conocimiento de causa, que, en la provincia de Atalaya se han contabilizado 15 casos de comunidades fantasmas y que, en uno de estos se puede ver que una misma persona aparece en el padrón de tres comunidades. Esta sería la punta del iceberg para investigar un posible tráfico de tierras, aparentemente promovida por funcionarios del sector agricultura de Ucayali, que terminaría favoreciendo a la expansión de los cocales y el narcotráfico.
Para ejemplarizar este tema, el periodista Jonatan Hurtado, del portal Ojo Público realizó la investigación de un caso que puede ser conocido como caso Alto Esperanza-Manitzi, donde una de esas “comunidades fantasmas” se superpone a una comunidad verdadera, impidiendo su titulación. Ese tema es de conocimiento del propio actual director regional de Agricultura de Ucayali, Ingeniero agrónomo Walter Alejandro Panduro Texeira, quien no puede resolver un problema creado por su propio sector.
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AMAHUACA
A mediados del siglo pasado, cincuenta Amahuaca, dejaron su aislamiento voluntario creando la comunidad Alto Esperanza. Para integrarse, se asentaron en un territorio, ubicado entre las reservas de pueblos indígenas que aun siguen en aislamiento: los Murunahua y Mashco Piro, muy cerca de la frontera con Brasil.
Alto Esperanza es la primera comunidad en contacto inicial que aspira a obtener la titulación de 65 mil 463 hectáreas en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya.
Alto Esperanza de Inuya, fue reconocida como comunidad en agosto del 2016 para continuar con su proceso de titulación.
Entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas.
El proceso, en lugar de acelerarse, adquirió la velocidad de un motelo. Pero no solo eso, sino que, en septiembre del año 2020, la Dirección Regional Agraria de Ucayali, reconoció a otra comunidad, llamada Manitzi en un área que se superpone al área de la comunidad Alto Esperanza.
Manitzi dice ser de pobladores Yanesha (originarios de Pasco). Sin embargo, según ORAU, Manitzi no es una comunidad indígena, aunque ha logrado hacerse reconocer como tal por eso la llaman comunidad fantasma. Se trataría de colonos que han migrado de áreas andinas que, por ahora, ni siquiera habitan el área, sino que aparecen cuando tienen conocimiento que van a ser visitados por las autoridades encargadas de los procesos de titulación.
VRAEM Y COCA
Lo más grave es que los representantes de Manitzi reclaman como suya un área que se superpone al territorio cuya titulación pidió Alto Esperanza. Manitzi emtrampó la titulación de Alto Esperanza.
La Federación Indígena del Alto Río Inuya y Mapuya (Fiarim), agrupa a las comunidades Nuevo San Martín, Raya, San Juan de Inuya y Alto Esperanza del río Inuya, la única que no está titulada. Los de Fiarim, que pidieron no ser identificados, le dijeron a Ojo Público que Manitzi está integrada por agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El Sernanp, institución que acompaña el proceso de titulación de Alto Esperanza, también opina que Manitzi “está compuesta por población mestiza con intereses en espacios para el desarrollo de agricultura, (…) lo que ha generado conflictos entre ambas poblaciones”.
¿Qué tipo de agricultura buscarían los pobladores de Manitzi?
Citado por Ojo Público, el fiscal Raúl Huaroc Pocomucha, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Atalaya, ha dicho que las “falsas comunidades”, como las llaman, “se posicionan con el fin de hacer desbosque y promover el cambio de uso de suelo. Pero lo más triste es que realizan sembríos de hoja de coca”, alertó.
Es evidente que, los del VRAEM no van a sembrar plátanos o yuca. En un análisis simple, se puede inferir que los funcionarios de agricultura que han trabado la titulación de la comunidad Alto Esperanza, al reconocer a Manitizi, finalmente terminarían favoreciendo la expansión de los cocales y el narcotráfico.
GOBIERNO REGIONAL
No sólo estarían implicados funcionarios de agricultura, sino también del GOREU.
Cuando los comuneros de Alto Esperanza se enteraron que agricultura había reconocido a Manitzi en un área que se superponía al territorio solicitado por ellos, presentaron, de inmediato, un recurso de apelación, oponiendo al reconocimiento de Manitzi.
Tres años y medio más tarde, el 8 de mayo pasado, el Gobierno Regional de Ucayali declaró infundada la apelación, según la resolución, por no presentar documentación que demuestre el agravio ocasionado.
De acuerdo con Ojo Público, un informe del año pasado de la organización Conservación Alto Amazonas (UAC, por sus siglas en inglés), que brinda asesoría técnica a Alto Esperanza, el proceso de titulación de Manitzi está paralizado. Pero el de Alto Esperanza, también.
El informe de la UAC también advierte que, en octubre de 2022, en una visita conjunta realizada con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Cultura y un comité de vigilancia de Alto Esperanza, se verificó que la comunidad (Manitzi) se encuentra deshabitada.
En marzo de este año, en otra visita con el Sernanp y miembros de Alto Esperanza del río Inuya, solo hallaron cabañas abandonadas en Manitzi.
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¿Qué dice agricultura?
El titular de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, Walter Alejandro Panduro Teixeira, informó que no tienen previsto ingresar a la zona hasta que se cuente con una orden superior. ¿De quién? ¿Del gobernador, del ministro, de la presidenta de la República? Sería bueno que lo precise.
El proceso de titulación de Alto Esperanza lleva un año paralizado. Entre el 8 y 23 de abril de 2023 se realizó la demarcación y georreferenciación del territorio comunal. Sin embargo, la dirección regional no ha emitido aún la resolución que aprueba los planos.
Al respecto Walter Panduro dijo a Ojo Público que todavía no hay fecha y que esto se debe justamente al entrampamiento que se ha generado con Manitzi, que no reconoce los límites de la comunidad en contacto inicial.
“La DRAU puede aprobar la resolución, incluso hasta el título administrativo de la comunidad. Pero va a quedar ahí porque, al remitir los documentos a Registros Públicos, estos van a ser observados porque en el expediente no va aparecer el acta de colindancia firmada por el colindante [que es Manitzi] como indica la norma”, precisó.
La demora en la aprobación de los planos, según las organizaciones indígenas, favorece a Manitzi y a otras comunidades que cuentan con el mismo reconocimiento, como Nuevo Renaco, Openpemashi, Nueva Alegría, Paucarmayo, Inkatoshi y Flor de Contayo, cuya presencia se hizo notoria en la zona desde mediados del año 2018, según el informe de la organización Conservación Alto Amazonas.
Otro hecho raro. El 10 de agosto de 2023 un representante de Manitzi se comprometió a dejar el sector que ocupan en Alto Esperanza. El compromiso quedó plasmado en un acta firmada con la Dirección Regional Agraria de Ucayali. Sin embargo, al día siguiente, el 11 de agosto, Manitzi pidió que se anulara su firma. ¿Quién los asesoró? ¿Por qué? Los de Manitzi no quieren declarar.
CONTRALORÍA
El caso del reconocimiento perturbador de Manitzi fue remitido este mes de mayo a la oficina de la Contraloría en Pucallpa. La organización Conservación Alto Amazonas y la ORAU ingresaron un pedido para que se inicie un proceso de control a fin de investigar responsabilidad en los funcionarios que avalaron dicho reconocimiento. El pedido se encuentra en fase de evaluación en la Contraloría, para calificar si va a proceder o no el control que también podría extenderse al GOREU que pudo corregir esta situación cuando se produjo la apelación.
Una investigación a fondo, podría descubrir que en el fondo hay tráfico de tierras, detrás de la cual (la posibilidad es cada vez más cierta) estaría el narcotráfico.
CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD
Entre el 2020 y 2022, Ojo Público documentó 34 narcopistas en esa zona. Según la Fiarim, una de estas pistas se ubica en la comunidad San Juan de Inuya, cerca de Alto Esperanza, y más cerca de la reserva Murunahua, para indígenas aislados. El avance del narcotráfico amenaza también a las reservas Murunahua y Mashco Piro para indígenas en aislamiento, y al Parque Nacional Alto Purús. Los sobrevuelos de avionetas ilegales se han hecho cada vez más frecuentes. También son frecuentes las amenazas contra los que se oponen o denuncian este tipo de hechos.
Ángel Gonzáles Rodríguez, presidente de la comunidad de Alto Esperanza, pidió garantías personales de la prefectura local desde el 25 de marzo, debido a las amenazas que ha recibido de parte de grupos ilegales. Su caso también es parte del mecanismo de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia (Minjus).
Según información de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entre el año 2021 y 2022, los cultivos de hoja de coca se han incrementado en los distritos de Atalaya. El distrito de Sepahua es el que ha registrado un mayor crecimiento cocalero: de cinco a 68 hectáreas, entre un año y otro. Es decir, se ha multiplicado casi por 14 veces.
Le sigue el distrito de Raimondi, que registró un incremento de 98 a 426 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Es decir, se ha multiplicado por cuatro en un año. Luego, figura el distrito de Tahuanía, que pasó de tener 920 a 1 503 hectáreas de coca.
Hay casos en los que las comunidades llegan a acuerdos con los operadores del narcotráfico, y cobran un alquiler por el uso de un espacio para, por ejemplo, construir pistas de aterrizaje y permitir el despegue de avionetas que transportan droga a destinos como Bolivia o Brasil, según informes de la Policía Nacional.
“Yo los veo trabajar, pero no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo”, contó a Ojo Público un exagente de protección de la Reserva Murunahua, que prefiere mantener en reserva su identidad.
Nadie en Atalaya quiere exponer su identidad. Los niveles de inseguridad para los defensores se han incrementado, mientras las comunidades fantasmas continúan apareciendo y registrándose con la complicidad de las autoridades regionales.
Atalaya, una provincia que merece un destino mejor, debería librarse de este tipo de problemas y los funcionarios que, con sus actos (dolosos o no) se les debe identificar y, de ser necesario, sancionar.
