Hasta el pasado viernes 27 de enero, muchas nuevas autoridades regionales y municipales creían poder burlar la prohibición de poner funcionarios que no cumplían con los requisitos legales para ocupar un cargo en la burocracia estatal. Bastaba que fueran de su partido político o que les hayan apoyado en la campaña electoral para ubicarlos en algún cargo, aunque no tuvieran los méritos funcionales para eso.
Profesionales Ucayalinos han saludado la reciente promulgación de una norma que reprime con cárcel, las conductas de titulares del pliego que afecten los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.
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Ese fenómeno de entregar puestos de trabajo a quienes no están capacitados, que se practica desde hace tiempo, ha sido llamado “clientelismo” o “clientelaje”. Los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser lo definieron como «un modo particular de intercambio entre grupos de electores y políticos, gracias al cual los votantes obtienen bienes (pagos directos o acceso privilegiado a empleo, bienes y servicios, por ejemplo) a condición de que apoyen a un patrón o partido».
Todo eso podría acabarse si se aplica rigurosamente la Ley 31676, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte el pasado 27 de enero y que, semanas antes, ya había sido aprobada por el Congreso de la República.
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Esta ley, en su único artículo, modifica el artículo 381 del Código Penal, estableciendo penas que van desde dos a cuatro años de cárcel efectiva para quienes ubiquen en cargos de funcionarios a personas que no reúnen los requisitos. También los que acepten el cargo, sabiendo que no reúnen los requisitos serán sancionados con la misma pena.
DECANA DE PERIODISTAS
Para Clara Díaz Hidalgo, decana del Colegio de Periodistas, la promulgación de la Ley 31676, que modifica el artículo 381 del Código Penal referido al “nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo”, significa un gran avance para evitar un manejo inadecuado de la función pública y, también, para evitar la corrupción o el “compadrazgo”.
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“Desde el año pasado vengo reclamando estos derechos, que obliga a los jefes de pliego a contratar personas aptas. Gracias a Dios se ha publicado esta ley, debemos entender que los jefes de pliego tienen la obligación de cumplir lo que dice la ley. Hay que dar importancia a la meritocracia”, explicó la decana de los periodistas en Ucayali.
Para la también magíster, resulta de mucha importancia la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue a fondo, ya que muchos puestos estarían siendo ocupados “solo de nombre”, por personas que cumplen los requisitos, sin embargo, quienes realmente terminan dirigiendo un área o dirección, son otros, en la sombra. Para Clara Díaz, eso también debería ameritar sanciones drásticas.
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“No podemos decir que las personas no calificadas van a trabajar cuando no tienen el mínimo conocimiento. Ahora que ha salido la ley, ya tenemos un espacio para decir que están incumpliendo la ley. Debe actuar la Contraloría, estamos acudiendo a diferentes estamentos para que se haga respetar en todas las carreras profesionales”, agregó Clara Díaz.
En el caso de las oficinas de imagen institucional, relaciones públicas, de prensa o comunicación, de acuerdo con las normas, éstas deberían estar en manos de periodistas o comunicadores colegiados y habilitados. “Muchas veces les encargan las funciones de comunicación a personas que tienen algún grado de experiencia pero que, lamentablemente, no están respaldados por una institución académica y eso, ahora, se convierte en un delito”, precisó Clara Díaz.
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OPINIÓN DE LOS INGENIEROS
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, el pasado fin de semana, establece que el funcionario público que ubique en un cargo público a una persona que no reúne los requisitos legales, recibirá una condena de prisión no menor de dos ni mayor de cuatro años. La misma sentencia será impuesta a aquel que acepte el cargo público sin cumplir los requerimientos.
La Ley ya no se refiere sólo al nombramiento como lo hacía anteriormente el artículo primigenio, 381, del Código Penal, sino que amplía los conceptos que atentan contra la idoneidad. La Ley dice que serán sancionados quienes nombren, designen, contraten o encarguen puestos públicos a quienes no reúnen los requisitos.
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Sobre este tema, el decano del Colegio de Ingenieros de Ucayali, ingeniero Jaime Liza Ordóñez, declaró que esta norma brindará mayor transparencia en las contrataciones del personal en las instituciones públicas.
”De alguna manera también podría frenar la corrupción al dejar de contratar al personal que no corresponde”, indicó.
DEFENSORA DEL PUEBLO
Susana Huamán, jefa de la oficina Defensorial de Ucayali, mencionó que en reiteradas oportunidades ha señalado que la corrupción representa un peligro para la buena marcha de la administración pública, y que constituye un mal que empobrece al pueblo, deslegitima a las instituciones y atenta contra el desarrollo integral de nuestro país.
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En esa línea, recordó que, en varias ocasiones, ha referido que los funcionarios a cargo de diseñar y ejecutar las políticas públicas, son responsables de promover el bienestar general y garantizar el pleno goce de los derechos de las personas
En ese sentido, precisó que para llevar a cabo esta labor pública, y tomando en cuenta el principio de buena administración, reconocido a partir del artículo 39 de la Constitución, es necesario que los funcionarios públicos, en especial los altos funcionarios del Estado, cuenten con formación y experiencia vinculada al ámbito o sector que van a dirigir.
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CONTRALORÍA
Hace algunas semanas, Ímpetu indagó si la Contraloría tenía planificado revisar las contrataciones, designaciones, nombramientos y encargaturas que han hecho las nuevas autoridades y respondieron que, efectivamente, están diseñando un vasto operativo para revisar este tema. En ese momento aún no se había promulgado la Ley 31676.
Aún se desconoce cuándo se iniciará este operativo. Pero, tras la promulgación de la Ley muchas autoridades deben estar evaluando a los funcionarios que han puesto en cargos claves para el manejo de los recursos económicos y financieros que tienen en sus manos.
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Ímpetu estará pendiente de los resultados de este operativo, ya que permitirá como se propuso el proyecto de ley: erradicar la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas, mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles, revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y, sobre todo, solvencia moral, objetivos que se encuentran en el Acuerdo Nacional, cuyo punto 1, objetivo d) se propone sancionar a quienes violen la legalidad.
ANTICORRUPCIÓN
Esta es una oportunidad para que, quienes conozcan casos de funcionarios que ocupan irregularmente un cargo, envíen sus denuncias a la fiscalía anticorrupción, como lo precisó, hace algunas semanas, su titular, el fiscal Gomer Santos. Es decir cualquier ciudadano está en capacidad de revisar la contratación de personal en las páginas del Estado y denunciar una irregularidad. De inmediato, la Fiscalía anticorrupción, iniciará una investigación.
TATIANA ZACARIAS
