En las próximas horas culminaría la audiencia de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para la alcaldesa encargada de Yarinacocha, Bertha Barbarán, y otros once investigados con los que habría montado una organización criminal que habría desfalcado las arcas de la comuna yarinense. Diario Ímpetu conversó con Giuliana Loza, abogada de la regidora Liz García y la empresaria Kelly Soria. De acuerdo a Loza no hay suficientes elementos que sustenten el pedido de prisión preventiva, contrariando la tesis del Ministerio Público.
-Dentro de unas horas el juez Jason Panduro podría ordenar que la regidora Liz García y la empresaria Kelly Soria sean internadas por 36 meses en el penal de Pucallpa…
-Luego de haber estado presente y haber sustentado nuestros argumentos como corresponde, lo único que le pedimos al señor magistrado es que realice un análisis objetivo de las alegaciones y el sustento que hemos hecho, porque confiamos y tenemos fe en la justicia.
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-¿Cuál es su evaluación en torno a la tesis del fiscal Gomer Santos, sobre la red criminal que habría dirigido Bertha Barbarán desde la Municipalidad de Yarinacocha?
-Creo que tiene varias equivocaciones. Lo que existe aquí es una cadena de abusos y arbitrariedades no solo contra mis patrocinadas, sino contra todas las personas detenidas en este caso. La Fiscalía no ha sustentado lo que la ley exige: elementos de convicción de carácter objetivo que pudieran develar la comisión de un delito. De hecho, el Ministerio Público no ha corroborado en lo más mínimo lo que los supuestos testigos protegidos han mencionado. Y esa es una condición básica que estipula la norma. El fiscal también habla de perjuicio económico, no ha nombrado peritos, ni siquiera hay una mesa de trabajo pericial, y eso es gravísimo.
-Pero no solo estaría criticando la labor de la Fiscalía. No se olvide, doctora, que la detención preliminar contra sus patrocinadas fue aprobada por el Poder Judicial.
-Así es. Nosotros hemos cuestionado la detención preliminar dictada por el juez Jener García, que no es el mismo que evalúa el pedido de prisión preventiva. Lo que principalmente reprochamos es que existe, literalmente, un “copia y pega” del requerimiento fiscal, incluso con los mismos errores ortográficos. Esto, sin lugar a dudas, debe ser investigado por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).
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-¿Considera que el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían siguiendo una “agenda propia”?
-Lamentablemente el fiscal Santos ha actuado de forma inconstitucional, y el juez García, con todo el respeto que se merece, también actuó, sin lugar a duda, de manera inconstitucional, copiando y pegando todo el requerimiento fiscal.
-El expediente fiscal contiene diversos elementos probatorios en sus más de 350 folios. ¿No resulta temerario afirmar que la Fiscalía y la Corte se han equivocado tanto?
-Ese es un error en el que muchas veces se cae. Se cree que por cantidad hay calidad y eso no es lo mismo. Yo puedo llenar decenas de páginas y al final no mostrar absolutamente nada, eso es lo que está haciendo la Fiscalía, presentar un sinnúmero de folios carentes de contenido sólido y contundente.
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-¿Considera que el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra sus patrocinadas fue una medida abusiva?
-No solo esa medida, sino toda la actuación del Ministerio Público, que está plagada de arbitrariedades y abusos.
-Desde algunos sectores políticos afirman que Barbarán y compañía temen que se descubra algo…
-De ninguna manera. Mis patrocinadas no tienen nada que ocultar, de hecho han sido totalmente transparentes. Cuando digo que ha sido una medida abusiva, me refiero a que cada una de las actuaciones que ha realizado la Fiscalía hasta el momento se ve plagada de irregularidades.
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-Lo común en estos casos es que los abogados de los investigados arguyen persecución política. ¿Es este uno de esos casos?
-Pero este es un caso palmario donde se puede ver que hay matices y evidencia concreta de que pudiese haber una persecución política hacia la alcaldesa Barbarán y algunos funcionarios, ya que hay una cadena de arbitrariedades contra mis protegidas. Creo que si alguien quiere investigar o reprochar a alguna autoridad, debe hacerlo de acuerdo al derecho, no de la manera en la que se está haciendo en este caso.
-Nuestras fuentes en Fiscalía aseguran que Jerly Díaz estaría detrás de este caso por una cuestión de venganza…
-De ser cierto, sin lugar a duda sería una cuestión sumamente preocupante, porque la Fiscalía y el Poder Judicial no deberían prestarse para venganzas políticas. Sería lamentable y habría una inestabilidad terrible, que implicaría un riesgo constante para toda persona que quiera ser autoridad.
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-El Ministerio Público reveló hace poco que la campaña de Katherine “Pochita” Rodríguez, habría sido financiada por funcionarios de Barbarán y la empresaria Kelly Soria. ¿Cómo toma esta acusación, teniendo en cuenta que por lo mismo es procesada Keiko Fujimori, su otra clienta?
-Kelly no es funcionaria ni servidora pública, es una empresaria dedicada al rubro privado y no se le puede hacer reproche alguno dentro de un contexto municipal. La Fiscalía alega que ella habría financiado campañas políticas, pero una cosa es financiar una campaña y otra es tener contratos lícitos y transparentes con una persona que está postulando dentro de las actividades políticas.
-¿Y en el caso de Liz García? Estamos hablando de una regidora.
-En el caso de Liz García ni siquiera llegan a determinar cuál habría sido su supuesta participación para el delito de colusión. Hablan de supuestas presiones, pero no están corroboradas. Estamos hablando de una conducta que ni siquiera sería penalmente relevante.
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-La Fiscalía sostiene que García sería el nexo entre Barbarán y Kelly Soria, y que esta habría sido la encargada de los cobros a la empresa y las coordinaciones ilícitas.
-Pero se tiene que corroborar. Yo puedo decir mil cosas, pero si no hay pruebas, estas carecen de sentido, y en eso está fallando la Fiscalía.
Augusto Padilla
