Patronato denunció a comandante de bomberos por ocupar cargo sin cumplir requisitos

El actual comandante de la Compañía de Bomberos de Ucayali , Peter Pool Meza Alcocer, ha sido denunciado penalmente por el propio Patronato de Apoyo a los Bomberos de Pucallpa por asumir el cargo de la comandancia sin cumplir los requisitos. VER TAMBIÉN: Choque entre cúster y motocicleta deja cuatro fallecidos en Carretera Puerto Súngaro La denuncia fue presentada el pasado 22 de febrero, ante la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Coronel Portillo, por el delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal del cargo, establecido en el artículo 381 del Código Penal y que el 26 de enero fue modificado por la Ley 31676 estableciendo penas de hasta 4 años de cárcel para los que cometan este delito. Además de Peter Meza, la denuncia penal comprende al que lo nombró, en este caso, al comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Luis Ponce La Jara. La denuncia la firma el asesor legal del patronato, abogado Francisco Atencia López, en donde señala que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para el ejercicio de sus funciones operativas y administrativas, requiere del concurso de personal eficientemente preparado [NOTA COMPLETA DISPONIBLE PARA SUSCRIPTORES] [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="1,2,4" ihc_mb_template="-1" ]para diferentes cargos de su organización, para el buen desarrollo de sus objetivos y actividades propias a su competencia. Refiere que, según el literal g) del artículo 26 del Reglamento interno de Funcionamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el comandante general, Luis Ponce La Jara, tiene entre sus funciones designar a los jefes de los órganos del comando nacional del cuerpo de bomberos. Precisamente, usando esa prerrogativa, mediante la resolución de la Comandancia General N° 014-2023CGBVP, con fecha 24 de enero del presente año, el comandante general, Luis Ponce, designó al teniente brigadier Peter Meza en el cargo de comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Pucallpa . VER TAMBIÉN: «El Narrador de Cuentos» vuelve a la televisión peruana, conoce fecha y hora de su emisión Según la denuncia, uno de los requisitos que debía cumplir Petez Meza, es haber sido jefe de la Unidad Básica Operativa, por lo menos dos años y pertenecer a cualquier Unidad Básica Operativa de la jurisdicción donde opera la Comandancia Departamental. "Sin embargo, la persona de Peter Meza Alcocer no reúne los requisitos legales para desempeñar el cargo de comandante departamental de la Comandancia Departamental de Ucayali, ya que el mismo supuestamente "no pertenece a una Unidad Básica Operativa de la jurisdicción de la Comandancia Departamental de Ucayali y no tiene dos años de jefe de compañía", se lee en la denuncia. A esto se suma que "los datos de su ficha de bombero serían falsos ya que en el año 2020 la persona de Peter Meza fue retirado del cargo de jefe de la compañía de bombero Campoverde en el mes de abril", agrega el documento. EN EL GOBIERNO REGIONAL Si bien, recién el pasado 27 de enero, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 31676 que establece penas de prisión de hasta cuatro años para quienes designen y acepten un cargo público sin cumplir los requisitos de ley, en el gobierno regional se han producido relevos de funcionarios que no cumplían los requisitos. Impetu quiso saber qué va a pasar si esos funcionarios fueron retirados del cargo después que se promulgó la ley 31676. El decano del Colegio de Abogados, Jesús Macedo, sobre la ley 31676, dijo que: “Es una ley basada en la meritocracia, debe cumplirse, nos duela o no nos convenga. Tenemos leyes hermosas, que nunca cumplimos. El Perú es el país que tiene leyes para todo y nada se cumple”, explicó el abogado. Entonces se le planteó un caso concreto. Según la Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2023-GRU-GR, al señor Julio Barbarán Almeida, quien había asumido la Gerencia de Desarrollo Social el pasado 2 de enero 2023, se le retiró del cargo: “por no cumplir con los requisitos mínimos para seguir ejerciendo el cargo de Director de Sistema Administrativo IV de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali" (RER N° 126-2023-GRU-GR) La resolución también indica que el pasado 10 de febrero el director del sistema administrativo II de la Oficina de Gestión de las Personas, comunicó que al verificar el perfil del gerente, constató que no cumplía a la fecha de su designación los requisitos mínimos para seguir ejerciendo el cargo de gerente. De esa manera se formuló la siguiente pregunta al Decano de los Abogados: -Que sucede si la autoridad consciente de la existencia de la ley, en este caso promulgada el 27 de enero, recién toma las acciones el 14 de siguiente mes, ¿incurre en delito? Respondió: Sí, la ley es clara y sanciona tanto a la persona que accede al cargo como al funcionario que lo coloca. -¿La ley tiene un plazo para empezar a ejecutarse? -No. La ley no especifica el plazo y cuando no lo hace, la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. En consecuencia, de acuerdo a lo dicho por el Decano, la designación ya habría caído en la ilegalidad y también la aceptación. Es decir se habría cometido el delito. ¿Quién designó a Barbarán Almeida? Otro abogado, que prefirió mantener su nombre en reserva, opinó que según las normas legales, aquellos funcionarios que no cumplan con los requisitos y estén asumiendo puestos de confianza deben someterse a una investigación fiscal. Reiteró que la ley entró en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, si bien la ley tiene fecha del 26 de enero, recién se publicó el 27, por lo que entró en vigencia el 28 de enero, fecha en que se debió retirar del cargo al funcionario designado ilegalmente. Si no se hizo en ese momento, ya se violentó la ley y, en ese sentido, tanto el que designó como el que aceptó son pasibles de denuncia penal que puede presentarla alguien o el ministerio público puede hacer la investigación de oficio. Entre las consecuencias que traería incumplir esta norma legal, está la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, tanto para el que designa como para el que acepta el cargo. Barbaran Almeida, postuló como Consejero Regional en el movimiento político de Gambini durante las elecciones municipales del 2022. Sin embargo, fue excluido. Otro caso sería el del exDirector Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, abogado Romel Culqui, quien también fue retirado del cargo. Como se ha anunciado, en el mes de marzo, la Contraloría realizará un mega operativo para verificar si los funcionarios, sobre todo de confianza, cumplen los requisitos legales. Tatiana Zacarias [/ihc-hide-content]

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