CUANDO LA BUROCRACIA IMPIDE ATENDER NECESIDADES
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La Contraloría ha descubierto que, entre el 2020 al 2022, un proyecto de inversión pública con un presupuesto superior a 4 millones de soles, destinado a impulsar el desarrollo piscícola en las zonas de frontera y evitar el hambre, fracasó por obra y gracia de la burocracia. Hoy tenemos que vivir bajo el peso del déficit de pescado, algunas de cuyas especies han desaparecido de las mesas populares. Hoy existe un nuevo impulso a la piscicultura y otros proyectos productivos. Con la experiencia pasada, la Contraloría debe estar alerta para que no se repita el fracaso.
El Biólogo Pesquero Mariano Rebaza Alfaro, al poco tiempo de asumir el cargo de Director Regional de la Producción, afirmó que Ucayali tiene un enorme déficit en la producción de alimentos piscícolas.
Según su versión, en Ucayali, se consumen 13 mil toneladas de pescado al año y sólo se producen 3 mil. Los otros diez mil son un déficit que pesa sobre las mesas populares y que, al acentuarse por la escasez de especies, está empujando al desempleo a un buen número de pescadores artesanales, en tanto que ha convertido a algunas especies, en alimentos de lujo que ya no pueden ser adquiridos por los más pobres.
Si bien una de las causas del déficit de pescado es la actividad depredadora de algunos pescadores, lo cierto es que, también han puesto de su parte funcionarios que no supieron poner en ejecución un proyecto que, desde el año 2015, pudo haberle brindado seguridad alimentaria, no sólo a las ciudades, sino especialmente a los habitantes de las zonas fronterizas.
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LAS DEFICIENCIAS
Recientemente la Contraloría General de la República, a través de la OCI-GOREU ha emitido el Informe N° 15728-2023-CG/ADES-ADE, auditoría de desempeño “Gestión de desarrollo económico vinculado a la cadena productiva piscícola en la región Ucayali en el marco de la política nacional de desarrollo e integración fronterizos”. La auditoría abarca el período que va del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2022. Es decir a la gestión regional anterior.
De acuerdo con la Contraloría, el proyecto de inversión pública n.º 2284153 denominado “Mejoramiento de la cadena productiva Piscícola en la región Ucayali”, tuvo como unidad ejecutora de inversiones, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, dependiente del Gobierno Regional de Ucayali.
La auditoría encontró que el problema era el “Bajo nivel de desarrollo económico de la región fronteriza Ucayali”, en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús.
La auditoría llegó a la conclusión que el proyecto de inversión pública con CUI n.° 2284153 presenta una alta deserción de beneficiarios y retraso en su ejecución mayor a un año, lo cual afecta la eficacia de la implementación y cumplimiento de los objetivos del proyecto que estaba orientado a incrementar el nivel de competitividad de la cadena productiva piscícola a fin de mejorar el desarrollo socio económico de la región Ucayali.
Lo que ocurrió fue una falta de actualización del padrón de beneficiarios utilizada para la elaboración del Estudio Definitivo del proyecto aprobado en el año 2017, generando inconsistencias en la ejecución del proyecto, así como, a la alta migración de los beneficiarios a zonas “De la chacra a la ciudad” en busca de mejores oportunidades económicas.
Pero quizá lo determinante fue la falta de asignación presupuestal al proyecto, por parte del GORE Ucayali a la DIREPROU debido a la actualización del marco normativo del SNIP al Invierte.pe, y la falta de presupuesto para realizar el estudio de línea base, utilizando como alternativa la información del perfil, con información desfasada, generando limitaciones en la ejecución del proyecto.
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En fin de cuentas, una burocracia insensible a las necesidades alimentarias de la población, no permitió que se desarrolle el proyecto. De haberlo hecho, hoy no estaríamos lamentando el déficit.
Lo más grave se vivió en las fronteras. Los empadronados para beneficiarse con el proyecto, debido a la demora y la lentitud, se cansaron de esperar y dejaron sus pueblos de frontera para asentarse en las ciudades donde, de alguna manera, podían conseguir el pescado que el proyecto había prometido y no hizo realidad.
Esa situación no solo afectó a los pobladores, sino que, además debilitó la dinámica del desarrollo nacional en las zonas de frontera. Los países limítrofes aumentaron sus potencialidades y son capaces de imponer sus dinámicas económicas.
La Contraloría llegó a la conclusión que “los funcionarios del gobierno regional desconocen el marco normativo de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza y carecen de proyectos focalizados de inversión en cadenas productivas en los núcleos de desarrollo e integración.”
Claro que no sólo es en el tema piscícola en general el GOREU y sus direcciones regionales o gerencias, carecen “de acciones e intervenciones por parte del gobierno regional respecto a proyectos de inversión en cadenas productivas en las áreas críticas de frontera en la región.” Eso, sin duda nos hace vulnerables.
Precisamente, la Contraloría pone énfasis en que existe la carencia de estudio de línea base de la población de la frontera. Esta deficiencia no se ha superado. Para nadie es un secreto que las fronteras están abandonadas.
Según el expediente técnico aprobado en el año 2019, tenía una cobertura de 805 productores piscícolas como “beneficiarios directos”. Sin embargo, la Contraloría ubicó el padrón de beneficiarios proporcionado por la DIREPROU, y estableció que la cobertura al 31 de diciembre de 2022, alcanzó solo a 315 beneficiarios que representa el 39.13% de la proyección inicial, advirtiéndose una deserción de 490 piscicultores, que representa un 60.87% de beneficiarios, tal como se detalla en la tabla siguiente:
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PRESUPUESTO
Sobre el presupuesto del proyecto, se ha advertido que existen siete (7) modificaciones presupuestales, siendo la última, la aprobada mediante Resolución Directoral Regional n.° 354-2022-GRU-DIREPRO de 21 de noviembre de 2022
Inicialmente con la aprobación del Estudio Definitivo del PIP se estableció un presupuesto de S/ 3 297,593.83, y con la última modificación se estableció un nuevo presupuesto ascendente a S/ 4 584,862.23, originando un incremento de S/ 1 287,268.40, conforme se detalla en la tabla siguiente:
¿Qué hicieron con todo ese dinero?
Evidentemente muy poco, casi nada, porque el déficit de pescado, lejos de disminuir, ha ido en aumento
En ese contexto, del análisis y comparación de las metas físicas y la ejecución presupuestal se tiene que el proyecto, sufrió la deserción de 490 de 805 beneficiarios, que representa el 60.87%, no obstante, se le incremento el presupuesto en S/ 1 287 268,40, alcanzando un presupuesto modificado de S/ 4 584,862.23, el cual fue ejecutado al 99.99%, y a pesar de ello, no lograron cumplir con las metas programadas.
Algunos pueden reírse, pero el problema es grave. Como dijimos la idea del proyecto era mejorar la situación de los pobladores de frontera.
El estudio definitivo del proyecto estableció una cobertura inicial de 805 beneficiarios de los cuales, la representatividad de los piscicultores de la provincia de Purús, comprendía en el año 2017, un (1) beneficiario; en el año 2018, cero (0) beneficiarios; en el año 2019, cinco (5) beneficiarios; en el año 2020, dos (2) beneficiarios; en el año 2021, cero (0) beneficiarios y en el año 2022, cuatro (4) beneficiarios, al cierre del proyecto.
Sin duda un fracaso estrepitoso.
Otro problema que encontró la Contraloría es que la limitada convocatoria a sesión ordinaria del COREDIF Ucayali, en el período 2020-2022, no garantiza ni que implemente sus funciones y tampoco la política nacional de desarrollo e integración de la zona de fontera.
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