Después de una semana de retraso, finalmente hoy (si no sucede algún imprevisto) se iniciará la audiencia de vista a la causa en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para revisar la resolución del Juez de Investigación Preparatoria de Padre Abad, que dispuso 36 meses de prisión preventiva para el alcalde de Neshuya, Jhon Márquez Torres, quien, según diversas voces, ya habría encontrado la fórmula para salir en libertad.
Márquez Torres, viene siendo investigado por los delitos de colusión agravada y peculado. También ha sido sindicado de liderar la organización criminal bautizada como “Los Otorongos de Neshuya”.
MISMA SALA
Lo que genera algunas especulaciones es que el alcalde de Neshuya, hoy detenido en el penal del kilómetro 12, ha tenido la suerte de que su caso sea visto por la Primera Sala Penal de Apelaciones, integrada por los mismos jueces superiores que dieron libertad al alcalde de Masisea, Waldo Guerra Ríos que, ni corto ni perezoso, como si no hubiera pasado nada, reasumió la alcaldía del distrito que habría agraviado según la denuncia fiscal, al manejar irregularmente los recursos económicos.
La Sala está integrada por los doctores Federik Rivera Berrospi (quien la preside), Hermógenes Lima Chayña (quien sería el ponente que elaboraría el proyecto de resolución) y Marco Espíritu Matos (integrante).
De acuerdo con la citación que se hizo la semana pasada, la audiencia debe iniciarse a las 10 de la mañana en el auditorio de la Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora. El abogado defensor (quien la semana pasada pidió prórroga de la audiencia porque debía revisar el expediente pues recién se hacía cargo del caso), deberá sustentar por qué está en desacuerdo con la prisión preventiva por 36 meses, requiriendo la libertad de su patrocinado, el alcalde Jhon Márquez Torres.
LEY 32108
Ha trascendido que el defensor de Márquez, utilizaría los conceptos establecidos en la cuestionada Ley 32108, la ley que modificó la tipificación del delito de organización criminal, alterándola tanto que, finalmente, quienes resultaban beneficiadas serían las organizaciones criminales que han impuesto la violencia y la corrupción.
De acuerdo con esta Ley, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo, la fiscalía estaría obligada a demostrar que la Organización Criminal tiene una “estructura compleja desarrollada” y una “mayor capacidad operativa”. Conceptos que pueden prestarse para evitar que una organización criminal sea considerada como tal, pues no hay una referencia sobre cuál es la diferencia entre estructura compleja desarrollada y, digamos, la no desarrollada o en desarrollo. Tampoco hay un límite que distinga cuál es la mayor o menor capacidad operativa, librándolo todo a la interpretación que terminaría favoreciendo a los investigados.
Los especialistas han opinado que al elevar los requisitos para que un hecho criminal califique como realizado por una organización criminal, se podría desencadenar un aumento en la frecuencia y gravedad de los delitos, ya que los infractores perciben una disminución considerable de los riesgos asociados con sus actividades ilícitas. Eso, les permitiría, incluso dejar la prisión preventiva.
Corren rumores que la defensa técnica de Jhon Márquez Torres, alcalde de Neshuya, utilizaría la cuestionada Ley 32108, para debilitar la acusación de investigación criminal y, de esa manera, obtener la libertad de su patrocinado, bajo reglas de conducta, es decir, con comparecencia restringida.
Debilitada esa acusación, las otras se derretirían como mantequilla en sartén caliente. Y Márquez, en algunos días más, obtendría su libertad. Al menos eso es lo que se especula.
A LA ALCALDÍA
Como quiera que Márquez Torres, aun no está sentenciado y menos consentida su sentencia, tendría el camino libre para reincorporarse a la alcaldía de Neshuya.
La mayor parte de los que analizan este caso y la posible estrategia de la defensa para debilitar las acusaciones de la fiscalía en cuanto a elementos de convicción, consideran que la Primera Sala Penal, no se animará a declarar inaplicable la Ley 32108 como lo hicieron otras instancias judiciales es la posición del conocido juez Richard Concepción Carhuancho, quien, en el caso Dinámicos del Centro (donde está comprendido el escurridizo Vladimir Cerrón), aplicando el control difuso, declaró inaplicable la cuestionada Ley que, recientemente fue modificada en algunas partes pero que siguió manteniendo la interesada ambigüedad en la tipificación de organización criminal.
MINISTERIO PÚBLICO
Es probable que mañana no culmine la audiencia de apelación. Siguiendo el mismo libreto de la apelación del alcalde de Masisea, la audiencia se prolongaría por otras fechas más, de tal manera que, cuando evalúen que la población ya no le presta atención al caso, dispongan la libertad de Jhon Márquez Torres. ¿Será así? Es una probabilidad entre miles de razones jurídicas que se pueden argüir.
El Ministerio Público asistiría a la defunción de sus acusaciones. Sus argumentos se los llevaría el aire o quizá haga algo por evitarlo, quizá luche hasta el final sus acusaciones y demuestre que está en lo correcto.
Los apostadores dicen que van a lo seguro cuando apuestan que Jhon Márquez Torres, saldrá en libertad. Sería el segundo alcalde que la misma Sala deja libre. El anterior fue Waldo Guerra de Masisea.
