TIERRA ES ORO

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La tenencia y uso de la tierra son un factor de enfrentamiento social en Ucayali, particularmente en Pucallpa. De la invasión silenciosa se ha desembocado en la toma violenta y la agresión a los propietarios llegando al asesinato. De 1960 a la fecha se han realizado más de 1200 invasiones y ocupado un área superior a las 4 mil hectáreas. Pero detrás de ese hecho que se pretende reconocer como legítimo y basado en la necesidad de un lote de terreno para habitar por parte de los sectores más pobres del país, existe un frio cálculo político, económico y de negocios.

Ese es el tesoro, equivalente a una tercera parte del PBI del Perú, en disputa por inversionistas internacionales, nacionales, amazónicos, terratenientes, posesionarios, empresarios, ambientalistas, traficantes de tierras, invasores reales y contratados, urbanizadoras, políticos, candidatos, burócratas, abogados defensores, vocales, jueces, fiscales, notarios, policías, matones, comerciantes y otros.

HISTORIA NECESARIA

Antes de 1492, descubrimiento de América, en el área que se conoce como el territorio del Perú contemporáneo, se conocía la propiedad comunal y los derechos especiales que otorgaba el linaje. Con el descubrimiento de América se introdujo el derecho de la corona al control y disposición de la tierra, y más tarde el concepto de propiedad privada en base a la voluntad del Rey.

A partir de entonces surge la disputa y de esa manera los territorios de las naciones aborígenes pasaron a manos de familiares, funcionarios y representantes del monarca. Incluso se reconoció a su nombre aquellas áreas que fueron conquistadas por soldados reales.

Después de la independencia en 1821, se mantuvo a grandes rasgos esa concepción de la propiedad emanada del poder y hubo una confrontación entre caudillos, herederos de la colonia y emergentes, que pretendían “hacer valer sus derechos”.

SIGLO XX

El partido civilista y los críticos sobre los acontecimientos de la Guerra del Pacífico, exigían una reforma agraria. Y las dos principales vertientes ideológicas fundadas por José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, debatían sobre la cuestión indígena teniendo como punto de partida la tenencia y uso de la tierra durante la década de 1920 y 1930.

Hasta la década de 1960 era un debate entre conciliábulos, intelectuales y retórico partidarios, sin embargo, se produjeron las movilizaciones de comunidades alto andinas para la recuperación de parte de sus territorios ancestrales. Y este fenómeno llega hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado que decreta la Reforma Agraria y enarbola la consigna: “Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza”, junto a “la tierra es para el que la trabaja”. El latifundio y la gran hacienda en la costa y sierra, son sometidos a las expropiaciones para favorecer y consolidar la propiedad comunal y cooperativa junto al minifundio, o propiedad en parcelas de autoconsumo familiar.

Luego, los gobiernos de Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Ollanta Humala depreciaron y no pagaron los bonos girados por el Estado a los anteriores propietarios de la tierra.  Y se introdujeron otras reformas adicionales que permitían el ingreso de colonos extranjeros y del capital internacional para proyectos agroindustriales.

LAS CIUDADES

Perú, desde 1960 registra un sostenido crecimiento poblacional de las ciudades y el desplazamiento continuo de familias desde el área rural hacia la urbana. La migración interna que primero buscaba habitar los predios en donde el Estado tenía presencia, hace que se configuren en el siglo XIX Cusco, Piura, Ayacucho y Arequipa, y en el siglo XX Trujillo, Chimbote y Huancayo. Y en el siglo XXI Pucallpa.

Es decir, el eje andino se vertió sobre el espacio costero en razón a los proyectos de irrigación y ampliación de la frontera agrícola, al auge de la pesca y las bondades de los centros urbanos en los cuales los servicios de educación y salud, aun siendo deficientes, tenían ventajas. Y cuando el espacio costero se agota por copamiento y modificación del aparato productivo, la población excedente y flotante se vuelca sobre el centro del territorio nacional y al oriente, en la Amazonía.

LA TENENCIA

Se define como la ocupación y posesión actual y corporal de algo, hacienda y haberes. Y en la historia se manifiesta, primero, a través del derecho que otorgaba la corona española mediante el virreinato y se heredaba; luego, en la república, se adquiría por compra y también se heredaba. Y en derecho, se reconocen: a título gratuito por el Estado, a título oneroso, compra, donación y posesión (DRAE).

Ha medida que la sociedad peruana ha ido evolucionando, tales derechos y formas de la tenencia han cambiado en relación directa con los nuevos grupos económicos y políticos que tuvieron acceso al poder y al estado.

EL USO

Se entiende como la acción y efecto de usar y hacer servir una cosa para algo, ejercicio o práctica general de algo, empleo continuado y habitual de alguien y algo, derecho no transmisible a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, forma del derecho consuetudinario inicial de la costumbre, menos solemne que esta y que suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas (DRAE).

De la gran hacienda y el minifundio, debido al crecimiento de las ciudades se pasó a los grandes predios con fines especulativos y la urgencia de lotes para vivienda. El terrateniente y el parcelero del campo dieron nacimiento a los propietarios de la burguesía rentistas urbana y la demanda de los pequeños propietarios.

UCAYALI

En la Amazonía peruana las comunidades aborígenes eran en su mayoría, nómadas y de ocupación estacional. Y no existió la gran hacienda con las características que tenía en la costa y sierra. La introducción del concepto de propiedad de la tierra se realizó a través de los misioneros evangelizadores y de estos a los representantes de grupos y empresas extractoras de los recursos, especialmente durante le época del caucho (1850-1900).  Los ciclos económicos siguientes establecieron las bases para la propiedad privada de la tierra en extensiones no muy bien definidas y sustentadas en una economía extractiva y mercantil que sacaba los recursos del bosque, del rio y del suelo sin mayor transformación, dedicada al comercio directa.

En Ucayali, el Estado entregó a título gratuito y confines de explotación agrícola grandes extensiones a familias y personas, quienes aprovecharon tales títulos para conseguir una intermediación financiera en la banca y posicionarse en la comunidad para mejorar la acumulación monetaria y acceder a los círculos del poder político.

Empero el crecimiento de las ciudades por igual llegó a la Amazonía y en Pucallpa, punto final de la carretera Central que une al país con la cuenca del rio Ucayali, las invasiones de predios, primero directamente pertenecientes al Estado, se iniciaron en la década de 1960. Un personaje destacado en Poncho Negro, un ex militante aprista que participó en Lima en actividades similares y promovió la invasión del predio hoy conocido como San Fernando, actual capital del distrito de Manantay. Luego los movimientos de izquierda realizaron la denominada 9 de Octubre. En la década de 1980, el Apra orientó la invasión de los terrenos de Petroperú y que se conocen en la actualidad como 11 de Julio.

LA DEMAGOGIA

La necesidad de terrenos para habitar y la invasión de extensos predios que desde un punto de vista programático impulsaron los partidos políticos, en tanto reivindicación social, se trasladó al discurso de candidatos.

De esa manera, la antigua pista y terrenos aledaños del primer aeropuerto, en los que se había considerado la construcción de una alameda arborizada, fueron distribuidos por la municipalidad en 1982. De la misma manera, el área considerada para el Parque Natural perdió la mitad de su extensión y Olga Zarela Ríos del Águila, directora regional de Agricultura y después presidenta del CTAR- Ucayali, cobijó a los invasores durante el gobierno fujimorista. El exalcalde Carlos Acho Mego hizo lo propio a cambio de que un asentamiento humano llevara su nombre. Y el entonces congresista Víctor Valdez Meléndez consiguió a capazos una ley pro titulación que fue rubricada en un mitin abigarrado en Pucallpa. Desde 1960 y hasta la fecha se han realizado más de 500 invasiones a predios del Estado y de particulares.

Ese desborde popular, legítimo en sus orígenes, pero fariseo en su evolución, no solo busca una reivindicación social sino, es la madeja de un fructífero negocio que empezó con quienes recibieron del Estado a título gratuito y oneroso, pero con muy bajo precio, predios que alcanzó la expansión urbana y pretendieron venderlos para ser habitados. Luego, el clientelismo electoral utilizó la necesidad de muchos para obtener votos. Y hoy, es el tesoro de un apabullante negocio que según expertos puede considerar el precio de una hectárea de terreno a partir de 100 dólares y alcanzar los 25 mil, de acuerdo a su ubicación, cercanía a vías de comunicación, fuentes de agua e inversión en mejora y siembra. Y Ucayali tiene 1 millón 500 mil hectáreas de libre disponibilidad.

GAMBINI

Las gestiones regionales por elección de Luis Espíritu Huerto Milla y Edwin Vásquez López, abordaron dicha problemática con cautela pues tenían relación a grupos vinculados a la tenencia de la tierra. Fue durante el gobierno de Alberto Fujimori que se permitió el incremento de la toma de predios bajo el pretexto de contribuir a la solución de vivienda para millares de familias desplazadas debido a la violencia terrorista.

Jorge Velásquez Portocarrero, durante 8 años de gestión regional por elección y un año por designación, no estableció una línea clara a seguir en el tema y se produjo la venta de predios a empresas nacionales y extranjeras para grandes proyectos agroindustriales. En tanto, la invasión de predios colindantes y en el área de expansión urbana prosiguió.

Es hasta la llegada al gobierno regional de Manuel Gambini Rupay desde la pequeña alcaldía distrital de San Alejandro, Irazola, con el apoyo logístico y financiero de Jorge Velásquez Portocarrero, un sector del Apra y otro de Izquierda, que se intenta establecer una normativa regional al respecto.

Por ello, se promulga la Ordenanza 012 mediante la cual se autoriza la venta de predios estableciendo el valor monetario de un sol por el metro cuadrado. Y se implementa mediante la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali- DRAU a cargo del ingeniero Isaac Huamán Pérez.

La carencia de una posición definida y clara en relación con la estructura social y productiva de Ucayali, y de una propuesta coherente respecto a la solución de tal candente problemática, puso en evidencia la debilidad del GOREU y el desconocimiento de la realidad amazónica. Después de un año y medio de tentativas (mesa técnica, ordenanza regional) desembocó en una crisis caracterizada por el auge de invasiones, la violencia contra los que decían ser propietarios y hacer tabla rasa del derecho la propiedad de los ciudadanos.

Las solicitudes de reversión de predios por no haber cumplido los fines para los que fueron entregados a quienes demostraban la titularidad de su propiedad, se incrementaron y en la mayoría de los casos fueron conseguidos de facto, es decir, fueron invadidos de manera violenta y luego con apoyo de políticos locales, iniciar el procedimiento legal y administrativo.

La validez de la Ordenanza 012 fue elevada hasta el Tribunal Constitucional –TC que la consideró inconstitucional y dispuso resarcir a los afectados. Otro componente del asunto.

AL ESTILO ORELLANA

No se trata de un conflicto policial y doméstico entre simples familias necesitadas de un espacio para construir un techo, remanentes de grupos violentistas y traficantes de tierras, sino, de un negocio que ha perfeccionado su operatividad y tiene articulados los resortes de dependencias estatales y privadas al mejor estilo de Orellana.

El abogado, exprefecto de Ucayali y ex regidor provincial de Coronel Portillo, Julio Reátegui dijo en el 2016: “Con la famosa reversión de tierras a invasiones, todos ganan, ejemplo: la Dirección Regional de Agricultura el 2015 tuvo un ingreso de 1 millón 280 mil 325 soles producto de la reversión de 4 predios: La Palmeras de 20 hectáreas, Génesis de 18 hectáreas, Bilingüe de 80 hectáreas y Shirambari de 10 hectáreas; producida la invasión, los dirigentes cobran a cada invasor un promedio de 300 soles para trámites iniciales; para proceder al desalojo los comisarios requieren un promedio de 3 mil soles; y el que invadió vende al poco tiempo, a un solo interesado, que pudo haber financiado la invasión, o varios, al mejor postor el lote de terreno que oscila entre 1 mil  soles; los funcionarios de las municipalidades requieren a los dirigentes para ayudarlos en el reconocimiento de los AA.HH. y junta directiva…y así van ganando los avivatos; el único perdedor es el propietario del terreno. O ¿me equivoco? Ojo: el que se pica pierde.” Y a eso se agrega la intervención de fiscales y jueces cuando se va a un proceso legal.

EL TESORO DE UCAYALI

Entre Pucallpa y Aguaytía hay 161 kilómetros por carretera, de los cuales 30 están ocupados por calles, pueblos y asentamientos temporales. Es decir, que 140 kilómetros por cada lado de la vía suman 280 kilómetros y estableciéndose una franja a cada lado, de 10 kilómetros de penetración, tenemos un área de 2.800 kilómetros para expansión urbana, industrial, agroindustrial y de servicios.

Los expertos del desaparecido Instituto Nacional de Planificación – INP y del Instituto Geográfico Nacional, consideraban y consideran que Pucallpa es la ciudad del Perú con la mayor área inmediata de expansión, pudiendo albergar hasta 4 millones de habitantes. Y se agregan las áreas de libre disponibilidad en los distritos y provincias al interior de la región solo para proyectos mineros y agroindustriales.

Ese tesoro es el punto de desencuentro de la sociedad ucayalina. Y dirimirlo requiere de voluntad y no proselitismo político, honestidad para identificar a los actores reales y a quienes se aprovechan de tal escenario, intervenir de acuerdo a especialidades y facultades para encontrar un punto medio de concordia.

Una iniciativa positiva fue la ejecutada por Luis Valdez Villacorta como alcalde provincial de Coronel Portillo, al conseguir un predio para mil lotes y sortearlo entre quienes acreditaran no tener otros similares. Método que debió perfeccionarse y continuar.

1 millón 500 mil hectáreas de libre disponibilidad puestas al valor más alto del mercado, entre 25 y 35 mil dólares, equivalen a más de 45 mil millones de dólares, o un equivalente a la tercera parte del Producto Nacional Bruto- PBI del Perú. Sin duda, un tesoro que moviliza fondos de inversión internacionales para la palma aceitera, proyectos agroindustriales nacionales, inversionistas amazónicos y otros, propiciando el despojo, el comercio y el quebrantamiento del Estado de Derecho. Un tema que marca el derrotero de la sociedad ucayalina.

HUMBERTO VILLA MACÍAS

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