La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación presentado por las defensas de Milca Verónica Segundo Contreras y Mauro Ulises Rivera Vílchez, confirmando así la condena dictada en la resolución número 14 del 30 de noviembre de 2023. Ambos fueron sentenciados a cuatro años de pena suspendida por los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y de falsificación de información en informes, en agravio del Estado.
La resolución judicial de la Sala, presidida por el magistrado Frederic Rivera Berrospi, e integrada porlos jueces Hermógenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos, además de la pena suspendida, confirmó multas equivalentes a 100 días de trabajo a ambos condenados. En el caso de Milca Verónica Segundo Contreras, la multa asciende a 5 mil soles, mientras que para Mauro Ulises Rivera Vílchez es de 5 mil 833 soles. Asimismo, se determinó una reparación civil solidaria de 10 mil soles que deberán pagar al Estado.
El caso se remonta al 4 de abril de 2017, cuando miembros de la Marina de Guerra, durante un patrullaje por el río Ucayali, a la altura de la comunidad nativa Aerija, descubrieron una boya con maderas rollizas. Al intervenir, los transportistas no pudieron demostrar la legalidad de la carga, por lo que se informó de inmediato al Ministerio Público. En el lugar se encontraron 177 piezas de madera, de las cuales 153 eran trozas de copaiba y 24 de lupuna, todas amarradas con cables de acero. La carga se dirigía desde la comunidad nativa de Villa María de Cumarillo hacia Pucallpa.
Durante la intervención, los transportistas investigados, Wilder Méndez Castillo y Gim Rafael Ahuanari Robalino, revelaron que la carga pertenecía a Mauro Ulises Rivera Vílchez, quien los había contratado verbalmente para el transporte de las trozas de madera. Poco después, Rivera Vílchez se presentó en el lugar y confirmó ser el encargado del transporte, indicando que la dueña de la carga era Milca Verónica Segundo Contreras. Sin embargo, las guías de transporte forestal presentadas tenían incongruencias en las fechas y solo acreditaban 98 trozas.
Posteriormente, Milca Verónica Segundo Contreras llegó al lugar, afirmando ser la propietaria de la madera, pero no pudo acreditar la procedencia lícita del total de las trozas. Solo mostró cinco guías que acreditaban la procedencia de 119 trozas (95 de copaiba y 24 de lupuna) con ciertas incongruencias, lo que llevó a la incautación de la carga a las 5:55 de la tarde del mismo día.
Un día después, el 5 de abril de 2017, la Marina informó a la fiscalía que 58 trozas de madera incautada el día anterior habían desaparecido, lo que se registró en un acta oficial. Esta situación complicó aún más el caso, incrementando la gravedad de los delitos imputados a los involucrados.
