Minería ilegal se expande cerca a la zona de frontera de Ucayali

CADENA LOGÍSTICA QUE PROVEE DE RECURSOS E INSUMOS SALE DE UCAYALI

Aumento de la minería ilegal en la frontera de Ucayali según investigación

Informe de Unidos por los Bosques de la FCDS-Perú revela que toda la cadena logística que provee de recursos e insumos a la minería ilegal en Huánuco se estaría movilizando desde la región Ucayali.

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En los últimos tres años la minería ilegal irrumpe crecientemente en algunas zonas de la frontera de la región Ucayali, según una investigación realizada por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), que fue presentada junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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Según el informe «Minería ilegal en la Amazonía peruana», esta actividad ilícita se estaría extendiendo en los distritos de Codo del Pozuzo y Puerto Inca, en la región Huánuco, los cuales colindan con algunos distritos de la región Ucayali como Padre Abad, Irazola e Iparia.

Además, el especialista técnico de la FCDS-Perú, Martín Arana, explicó que toda la cadena logística que provee de recursos e insumos a la minería ilegal en Huánuco se estaría movilizando desde la región Ucayali, por lo que debe haber una acción coordinada entre ambas regiones para actuar en el sector del río Pachitea.

Cabe precisar que la región Ucayali tiene 88 registros de mineros en proceso de formalización, de los cuales el 91 % están suspendidos por no haber cumplido con la normativa. Las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo son las que tienen la mayor cantidad de inscripciones. Incluso, 4 de los 5 requisitos para formalizarse tienen un 95 % de incumplimiento, por lo que el avance del proceso de formalización es mínimo en dicha región.

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Cifras amazónicas

A nivel de la Amazonía, según el informe, 22 ríos amazónicos están siendo impactados negativamente por la minería ilegal. Entre los ríos afectados figuran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91 % de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua para lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños.

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El informe también documenta las vinculaciones que existen entre la minería ilegal y otros delitos como el narcotráfico, la tala ilegal y, sobre todo, crimen organizado; así como la afectación a la salud de las personas por el contacto directo e indirecto con el mercurio y la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.

Martín Arana explicó que la tendencia creciente de esta actividad ilícita en todas las regiones amazónicas pone en riesgo a las personas, los bosques, la biodiversidad, la paz social y la gobernabilidad, por lo que se requiere una urgente intervención de todas las instancias de Gobierno y de organismos autónomos como el Ministerio Público.