El ministerio público no pudo presentar acusación contra un grupo de personas acusadas de invadir el Parque Natural y de pertenecer a una banda delictiva, en cambio el ministerio público pretendió ampliar la prisión preventiva, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones, revocó la prolongación de dicha medida y dispuso la inmediata libertad de los acusados.
Los beneficiados con esta medida de la Sala, son Liz Villacorta Cueva, Lucila Macedo Romero, Daynith Apuela Pérez, Felipe Kin Méndez Villaverde, Miguel Ángel Veliz Linares.
Ellos, fueron internados 18 meses en el Penal de Pucallpa, con prision preventiva acusados por el delito de usurpación agravada, en agravio de los terrenos del Parque Natural.
Resulta que el 1 de febrero del 2024, la jueza del segundo JIP, ante un pedido de la fiscalía, prorrogo la Investigación Preparatoria prolongo por seis meses mas que se cumplió en agosto de este año. Sin embargo, la fiscalía volvió a solicitar nueve meses más de prolongación de prisión preventiva con el argumento que debían asegurar que los acusados estén presentes en las diligencias.
La jueza del segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaro fundado el pedido de ampliación de la prisión preventiva. Sin embargo, la defensa técnica de los investigados, considerando que era un abuso, apelaron la resolución del Juzgado.
La apelación llegó a la segunda sala penal de apelaciones que, tras evaluar la situación, revoco la prolongación de prisión preventiva y ordeno la libertad de Liz Villacorta Cueva, Lucila Macedo Romero, Daynith Apuela Pérez, Miguel Ángel Veliz Linares.
En el caso de Felipe Kin Méndez Villaverde, no había apelado la resolución, sin embargo, como están en el mismo caso, la sala también le otorgo la comparecencia con restricciones con reglas de conducta más el pago de dos mil soles de caución.
Según se supo, hasta la fecha, la fiscalía no había reunido los elementos de convicción necesarios para presentar acusación contra los implicados.
Algunos abogados opinaron que el fiscal debería ser investigado por la autoridad de control interno del ministerio público, porque, tras dos años y varios meses, no habría reunido las pruebas necesarias para acusar. ¿Sería negligencia o que habría detrás de esta inacción?
De todas maneras, el caso continuará investigándose, pero ahora con los implicados en libertad.
