Un ex juez del Juzgado Mixto en adición Juzgado Liquidador y Unipersonal de la provincia de Puerto, identificado solo con iniciales (JPDA) fue sancionado por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ucayali (ODANC-Ucayali) con seis meses de suspensión en el ejercicio de todo cargo judicial. A la fecha se desempañaba como especialista de audiencia.
HECHOS
En mayo de 2022, J.P.D.A. retiró doce expedientes del Juzgado de Puerto Inca sin dejar registro ni coordinar la devolución con el personal. Estos expedientes abarcaban casos sensibles, como delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y violencia contra la mujer. Los expedientes estuvieron fuera del control judicial por un periodo de un año, siete meses y catorce días, hasta que fueron finalmente devueltos en diciembre de 2023.
El retraso en la devolución afectó los procesos judiciales, ya que impidió que las sentencias fueran emitidas y notificadas a tiempo, comprometiendo la continuidad de los casos y generando incomodidad a las partes del proceso.
J.P.D.A. en su descargo precisó que enfrentaba una sobrecarga laboral y problemas técnicos, como interrupciones de energía eléctrica y fallas de internet, que afectaban su capacidad para gestionar los expedientes de manera adecuada. Además, argumentó que durante sus vacaciones en 2022 y 2023 utilizó el tiempo para ponerse al día con sus responsabilidades, pero no tuvo oportunidad de devolver los documentos.
Asimismo, afirmó que las sentencias habían sido elaboradas mientras tenía los expedientes en su poder, pero no logró registrarlas ni notificarlas en el sistema judicial debido a la complejidad de los casos y las limitaciones logísticas, impidiendo la ejecución de las sentencias.
SANCIÓN
Sin embargo, la Unidad de Sanciones de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ucayali (ODANC-Ucayali) determinó en primera instancia que J.P.D.A. violó los artículos 34, numerales 1, 6 y 8 de la Ley de la Carrera Judicial (Ley N° 29277), que exigen diligencia en la administración de justicia y respeto a los plazos procesales. También se estableció que incumplió con los artículos 395 y 396 del Código Procesal Penal, que requieren que las sentencias sean emitidas y notificadas oportunamente.
A pesar de sus alegatos, la ODANC concluyó que la conducta del juez afectó la administración de justicia y puso en riesgo la integridad de los procesos judiciales. La devolución de los expedientes se produjo solo tras una visita judicial extraordinaria, lo que aumentó las dudas sobre su desempeño.
La ODANC calificó la conducta de J.P.D.A. como una falta muy grave, lo que justificó la suspensión por seis meses. Además, el historial disciplinario del juez, que incluía sanciones previas (dos multas, una del 1% y otra del 2%, aplicadas por faltas menores que fueron consideradas agravantes), complicó su situación.
El exjuez sancionado apeló la decisión, pero la jefatura de la ODANC Ucayali confirmó la sanción.