El juez Antar García Cosío, que despacha el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, emitió un adelanto de fallo condenando al magistrado Roberto Gonzales Chávez, titular del Segundo Juzgado Civil, a una pena privativa de libertad de cuatro años, la cual ha sido suspendida por tres años. Durante este período de suspensión, el magistrado condenado deberá cumplir estrictamente con una serie de reglas de conducta, que incluyen medidas como la presentación periódica ante la autoridad judicial y la restricción de su movilidad sin autorización. Además, Gonzales Chávez ha sido sentenciado al pago de una reparación civil de 2 mil soles en favor del Estado peruano.
Esta sentencia se enmarca en las investigaciones abiertas contra Gonzales Chávez por el delito de desobediencia a la autoridad, derivado de su negativa a someterse a una extracción de sangre y otros fluidos corporales, tras ser detenido bajo sospecha de haber ingerido alcohol. Dicho delito, considerado grave en el ordenamiento jurídico peruano, se origina en la falta de cooperación con las autoridades durante una investigación relacionada con un posible estado de ebriedad, lo que agravó su situación legal.
Asimismo, el juez García Cosío ha dispuesto que se oficie al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que investigue las presuntas negligencias cometidas por el personal encargado del desarrollo de este caso. Esta medida busca esclarecer posibles errores o faltas que habrían entorpecido el proceso, lo que refleja una preocupación por la transparencia y la correcta actuación de los actores judiciales involucrados.
La lectura íntegra de la sentencia, en la cual se conocerán más detalles sobre los fundamentos del fallo y las medidas impuestas al condenado, ha sido programada para el viernes 27 de septiembre de este año. Este hecho marca un importante precedente en la lucha contra la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de las normativas por parte de funcionarios judiciales en el Perú.
