SUMILLA: Cuando la Contraloría fue a indagar en la Gerencia Territorial de Atalaya, si la designación de cinco funcionarios en cargos de confianza claves (asesoría jurídica, administración, presupuesto, desarrollo económico-social e infraestructura) cumplía con las normas, encontró que esas designaciones se habrían hecho a voluntad del gerente, Andy Saavedra, sin la evaluación previa que manda la Ley. Lo peor es que Saavedra, le mintió a la Contraloría, intentando hacerle creer que las designaciones siguieron el procedimiento legal. Si las designaciones se declaran nulas (por vicios) diversas contrataciones y adquisiciones podrían venirse abajo. A la fecha, Saavedra no ha informado si adoptó acciones correctivas. ¿Algún fiscal se animará a investigar la presunta falsedad genérica?
GERENTE ANDY SAAVEDRA LE MINTIÓ A LA CONTRALORÍA
El gerente Territorial de Atalaya, ingeniero forestal Andy Erick Saavedra Ríos, personal de confianza del gobernador regional, a quien acompaña desde el inicio de su gestión, otra vez está en falta. Un informe de la Contraloría, revela que mintió al describir el procedimiento para designar y contratar a cinco funcionarios de confianza, lo que significa que dichas designaciones, si no se hicieron conforme a las normas, serían nulas.
La observación se encuentra en el informe de Visita de Control N° 026-2024-OCI/5354-SVC de fecha 19 de abril de este año y que ya conoce el ingeniero Saavedra para que, en un plazo de cinco días, informe sobre las acciones preventivas o correctivas. A la fecha, solo hay silencio.
OFICINAS IMPLICADAS
El 30 de mayo del 2018, mediante ordenanza regional 006-2018-GRU-CR se aprobó el Cuadro de Asignación Provisional (CAP-P) de la Gerencia Territorial de Atalaya. De los 46 cargos aprobados, 24 están en condición de ocupados y 22 en condición de previstos. Además, tiene 5 cargos de Directivo Superior, lo que comúnmente se conoce como cargos de confianza.
Según la Contraloría es en los cargos de confianza donde “se identificaron posibles hechos irregulares en el proceso de designación.”
Esos cargos son:
-Oficina Territorial de Asesoría Jurídica
-Oficina Territorial de Planeamiento y Presupuesto
-Oficina Territorial de Administración
-Subgerencia de Infraestructura, y
-Subgerencia de Desarrollo Social y Económico
Son áreas claves para el manejo de los fondos que llegan a la Gerencia Territorial de Atalaya.
Para la Contraloría, la designación de funcionarios en esos cargos, a discreción del gerente territorial, no cumplió con las normas, lo que genera sospechas de favorecimiento.
La Contraloría definió que la primera situación adversa, consiste en que: “la designación y contratación de los directivos superiores no se realizó de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 31419 y su Reglamento D.S. N° 053-2022-PCM, ocasionando el riesgo que las resoluciones de designación sean nulas y no generen efectos jurídicos, así como que las funciones sean realizadas por profesionales no idóneos para el cargo”.
Para la Contraloría, la designación de personal de confianza sin cumplir las normas citadas, sería nula y, por lo tanto, las decisiones tomadas por el funcionario mal designado (lo que ya sería un vicio legal) también serían nulas. Podrían caerse contrataciones y adquisiciones.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
La Ley 31419 y su Reglamento, establecen que la designación de los directivos superiores (cargo de confianza) se hacen con un informe de evaluación realizado por la oficina de recursos humanos. En ese informe se encuentra el nivel de estudios, experiencia general, experiencia específica, grados y títulos, cursos y especializaciones para el ejercicio de la función pública. Se le llama informe de cumplimiento, previo a cualquier designación.
Pero las designaciones efectuadas por el ingeniero forestal Andy Saavedra, no están respaldadas o sustentadas en el informe de cumplimiento para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción (puestos de confianza). ¿Cómo lo hacía?
Simplemente el gerente territorial, Saavedra, enviaba un memorándum al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y este proyectaba la resolución de designación del directivo superior que era firmada por el gerente territorial, sin ninguna verificación del cumplimiento de los requisitos.
¿MINTIÓ?
Cuando el 10 de abril de este año, los de la Contraloría, le preguntaron a Andy Saavedra que indique cuál era el procedimiento para designar a los directivos superiores, dijo que primero realizaba la convocatoria de profesionales, estos se presentaban y la Unidad de Recursos Humanos evaluaba el currículum vitae.
No era cierto. La designación empezaba con un memorándum enviado por el gerente territorial a Asesoría Jurídica, sin evaluación previa del órgano encargado.
Algún fiscal podría iniciar una indagación por falsedad genérica. Aunque el Ministerio Público, en estos casos, es sordo y ciego, o adquiere lentitud de pelejo (con el perdón del oso perezoso).
La evidencia de la mentira está en el acta de fecha 8 de abril. Ese día la comisión de la Contraloría pidió la documentación de las designaciones. Y sólo le entregaron memorandos y resoluciones.
Sobre la oficina de asesoría jurídica la Contraloría recibió solo el memorando y la resolución designando al abogado Emil Edison Huerta Echevarría en ese cargo el 22 de agosto 2023. Para su ratificación, el 2024, se siguió el mismo procedimiento: memorando y resolución.
En administración. Mediante memorando y resolución del 15 de diciembre 2022, el Bachiller en Contabilidad Pablo Sías Villasis, fue designado en ese cargo. Mediante Resolución del 6 de enero 2023, Sías fue cesado y, en la misma resolución designaron al CPC Hugo Tobías Pérez Vásquez, quien, el 11 de enero 2024 fue reemplazado por el economista Jhon Kewin Rengifo Pinedo.
En la Subgerencia de Desarrollo Económico y Social. El 6 de enero 2023, fue cesado Jorge Luis López Ucariegue y reemplazado por el ingeniero zootecnista Jorge Antonio Hualparuca Lozano. El 3 de enero 2024 fue ratificado.
En Planeamiento y Presupuesto. El 31 de marzo 2022 fue cesado el bachiller en Contabilidad, Christian Américo Ahuite Reátegui y designado el CPC Antonio Ambrosio Huerta. El 6 de enero 2023 cesan a Ambrosio y designan al economista Otto Rodrigo Asencios, quien fue ratificado el 3 de enero 2024.
Subgerencia de Infraestructura. El 28 de febrero 2022, fue cesado el señor Alex Raul Rosado Zavaleta y designado el ingeniero civil Kader Iván Caballa Apaza. Caballa fue cesado el 12 de enero 2023 y designado el Ing. Luis Mideiros Alván. El 9 de marzo 2023, Mideiros fue reemplazado por el ingeniero Rudy Franchesco Pérez López, quien fue ratificado el 3 de enero 2024.
¿OTRA EVIDENCIA?
El 9 de abril, cuando la comisión de la Contraloría, entrevistó al jefe de personal, Jaime Humberto Mourao Zegarra, éste explicó que las designaciones se hacían con un memorando del gerente territorial a la oficina de asesoría jurídica que elaboraba la resolución y recién Mourao tomaba conocimiento de la designación, pidiendo el file del profesional designado. También dijo que no conocía la Ley 31419 que le obliga a emitir un informe previo a la designación. Es decir, nunca hizo una evaluación previa como manda la norma.
Mourao, desmintió al gerente territorial Saavedra Ríos, quien un día después, el 10 de abril, cuando fue entrevistado por la comisión de la Contraloría, dijo que, tras convocar a los profesionales, la oficina de Recursos Humanos hacía la evaluación. Como ya se mencionó la Contraloría no encontró ninguna evidencia de la evaluación previa a la designación.
