Nuevamente el distrito de Sepahua, se convierte en motivo de escándalo judicial. En la semana que pasó, el juzgado anticorrupción, a cargo de la magistrada Ana Bedoya Maque, emitió sentencia condenando a funcionarios y empresario por una obra de construcción de pozo que no se hizo conforme al expediente técnico, pero que cobraron como si hubieran respetado las especificaciones.
Se le atribuye al gerente de infraestructura Manuel Martín Feria Rosas concertar con el representante legal del consorcio Nueva Unión ing. Juan Isla Aguirre para dar conformidad a valorización con la finalidad de pagar al contratista.
En la investigación se descubrió que las valorizaciones no correspondían a las partidas desarrolladas en el expediente técnico ya que perforaron un pozo con solo ocho metros de profundidad cuando el expediente indicaba que deberían ser 60 metros.
Lo mismo ocurrió con la estación de bombeo de agua potable, cuya construcción difería de lo señalado en el expediente técnico.
Con el cerco perimétrico ocurrió que no fue concluido.
La investigación ha concluido que solo mejoraron un pozo que finalmente fue descartado y no se utiliza por contener exceso de hierro lo que genera rechazo entre la población.
Los funcionarios valorizaron partidas ejecutadas que no forman parte del expediente técnico. Y, también, valorizaron partidas no ejecutadas. Así mismo hubo omisión de imponer penalidades por mora en la ejecución de la prestación de cargo del contratista.
Todo eso dejó entrever que se habría producido una concertación ilegal entre funcionarios y la empresa ejecutora.
La magistrada Ana Bedoya condenó a Manuel Martin Feria Rosas como autor, a Enzo Morales Berrio y Juan Isla Aguirre como cómplices primarios, por el delito de colusión agravada, a cuatro años seis meses de pena privativa suspendida en su ejecución a tres años con reglas de conducta. También fueron inhabilitados por un año más el pago de la reparación civil de cien mil soles. Los sentenciados pueden apelar.
