En un fallo importante, la jueza Ana Bedoya Maque, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, condenó a tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali por el delito de colusión. Los condenados son Lutgardo Gutiérrez Valverde, ex vicepresidente del gobierno regional; José Alberto Chocano Figueroa, exgerente de Infraestructura; y Rafael Pinedo Sáromo, exdirector de la Unidad de Supervisión de Obras. La pena impuesta consiste en dos años y tres meses de prisión suspendida y el pago de S/ 10,000 por reparación civil en favor del Estado, a raíz de los hechos ocurridos en 2008.
La sentencia incluye condiciones que los condenados deberán cumplir durante el periodo de suspensión de la pena, como la firma mensual ante el control judicial, la obligación de permanecer en su residencia, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena. En este proceso, la jueza también absolvió a Tony García Salazar, al no encontrar suficientes pruebas que vincularan su participación en los hechos.
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Los hechos por los que se dictó la sentencia tienen su origen en la Adjudicación Directa Pública N° 015-2008-GRU-P-CE, realizada en agosto de 2008, que tenía como objetivo la adquisición de motocicletas y otros recursos para seguridad ciudadana. El comité encargado de la adjudicación estuvo presidido por Rafael Pinedo e integrado por otros miembros, incluyendo a Carlos Edmundo Cáceres y Tony García. El contrato fue otorgado a la empresa INVERSIONES MAX EIRL para la compra de 26 motocicletas por un monto de S/ 130,000.
Sin embargo, el proceso estuvo marcado por múltiples irregularidades, como la entrega tardía de las motocicletas, que fueron entregadas recién en diciembre de 2008, pese a que el contrato especificaba que debían entregarse en un plazo de diez días después de la orden de servicio. Además, la empresa no cumplió con la capacitación prometida para el mantenimiento de las motocicletas, y la distribución de los bienes no se destinó a la seguridad ciudadana, sino a oficinas administrativas del Gobierno Regional.
El precio pagado por cada motocicleta también fue considerablemente superior al valor real del producto. Se pagaron S/ 5,000 por cada unidad, cuando el precio real era de aproximadamente S/ 2,900. Esta sobrevaloración resultó en un perjuicio económico al Estado de S/ 65,100. Además, la capacitación prometida, que debía ser impartida por un ingeniero mecánico, nunca se cumplió, y en su lugar, se proporcionó una capacitación técnica en electricidad, lo que comprometió el mantenimiento y la operatividad de las motocicletas.
Este caso destaca el perjuicio económico al Estado y la falta de transparencia en la gestión pública. La condena a los exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali es un paso importante hacia la justicia y la responsabilidad en la administración pública. Además, refleja el compromiso de las autoridades judiciales en la lucha contra la corrupción y en la protección de los intereses del Estado y de la ciudadanía.
Con esta sentencia, el Sistema Judicial envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de gestionar los recursos del Estado con honestidad y transparencia.
