El Poder Judicial ha dado luz verde al inicio de un juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La resolución, emitida el 12 de noviembre por el juez supremo Juan Carlos Checkley, incluye también a exministros y altos funcionarios de su entorno, quienes serán procesados por su presunta participación en los hechos.
Entre los involucrados figuran los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, además del exasesor Aníbal Torres, el exjefe de la Región Policial Lima, Manuel Lozada, y los policías Justo Venero y Eder Infanzón. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema será la encargada de fijar la fecha y hora para el inicio del proceso.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Pedro Castillo, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado. Además, pide su inhabilitación por tres años y medio para ejercer cualquier cargo público.
Para los demás implicados, incluidos Chávez, Huerta y Sánchez, la Fiscalía solicita penas de 25 años de prisión, así como la inhabilitación por dos años y medio para desempeñar funciones públicas, bajo la acusación de ser coautores del presunto delito de rebelión.
La Procuraduría General del Estado ha exigido el pago de una reparación civil solidaria de 65 millones 419,038 soles por parte de Castillo y los demás acusados. Este monto está destinado a resarcir los daños causados al Estado como resultado de las acciones del 7 de diciembre de 2022.
