El gerente general de Electro Ucayali, José Julio Ribeyro Delllepiane, recibió un ultimátum de parte de una empresa ganadora de una obra licitada por la referida firma, a la que comunicaron que ha perdido la buena pro, presuntamente por no presentar los requisitos para formalizar el contrato en los plazos establecidos, cuando fue Electro Ucayali la que retrasó esos trámites, aparentemente de forma malintencionada, configurando presuntos delitos, que incluso han merecido la intervención del Departamento de Investigación Contra la Corrupción de la Policía Nacional en Ucayali.
Dicho ultimátum fue planteado por el representante del Consorcio Niño Jesús, ingeniero Jean Manuel Ramos Corrales, advirtiendo a Ribeyro que “Resulta evidente el accionar irregular, lindante con lo delictivo, cometido por su Departamento de Logística, que en todo momento han demorado intencionalmente la implementación en el SEACE de los dispuesto por el Tribunal del OSCE” (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado).
Jean Ramos concluye que “En tal sentido, y sin perjuicio de interponer nuestro recurso de apelación ante el Tribunal del OSCE, solicitamos a su despacho que, en un plazo no mayor de 48 horas de recibida la presente, adopte las medidas correspondientes; en caso contrario, procederemos a denunciar los hechos a la Contraloría General de la República (que en estos días se encuentra en Ucayali precisamente para realizar investigaciones contra la corrupción en entidades del Estado, como Electro Ucayali) y al Ministerio Público”.
La exigencia fue remitida a Ribeyro Dellepiane mediante una carta fechada el último lunes, 30 de noviembre, en la que se indica que los documentos sobre los presuntos ilícitos cometidos “serán puestos en conocimiento del directorio de Electro Ucayali ya que no podemos permitir tantos atropellos contra nuestra empresa”.
Dicha carta del Consorcio Niño Jesús, es una respuesta a otra carta, fechada el 26 de noviembre, suscrita por Ricardo Paredes García Milla, jefe del Departamento de Logística de Electro Ucayali, con la que comunican al Consorcio Niño Jesús la pérdida de la buena pro que le fue consentida mediante una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), emitida el 5 de noviembre, que, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las resoluciones dictadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado deben ser cumplidas “por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos”.
La misma norma reglamentaria dispone que “Cuando la Entidad (en este caso Electro Ucayali) no cumpla con lo dispuesto en una resolución del Tribunal se comunica tal hecho a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al Titular de la Entidad (en este caso el gerente general, Julio Ribeyro). De ser el caso, se denuncia a los infractores según lo tipificado en el Código Penal”, (y, en estas circunstancias, serían también el jefe de Logística, Ricardo Paredes y los miembros del Comité de Selección de la licitación en cuestión, que integraron los funcionarios de Electro Ucayali Augusto Pacaya Villacorta, como presidente, Antonio Izurraga Pereyra, como primer miembro y Anthony Soria María, como segundo miembro).
Fue Ricardo Paredes García Milla, como jefe del Departamento de Logística de Electro Ucayali, el 26 de noviembre, con carta AL-117-2020-EU, comunicó a Jean Manuel Ramos Corrales, representante común de las firmas que forman el Consorcio Niño Jesús, que la buena pro que el TCE había resuelto en favor de dicha firma, la habían perdido, porque establecieron que el plazo que el consorcio tenía para presentar los documentos para sellar el contrato, estaban entre el 6 y 17 de noviembre, anotando que, según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichos plazos “son perentorios y de estricto cumplimiento, habiendo en este caso excedido el plazo”, perdiendo automáticamente la buena pro.
Se trataba de la licitación pública LP-0004-2019-EU “Creación del Sistema de Electrificación de la Asociación de Moradores del AH Grimaneza Paredes De Nitzuma”, en Manantay, en cuyo proceso se descalificó al Consorcio Niño Jesús por no acreditar solvencia económica, ya que había recibido un crédito de la cooperativa Dos Pinos para cubrir la garantía para la obra y, según el Comité de Selección, dicha entidad crediticia, considerada en el Nivel Modular 1, no está facultada para garantizar ni dar fianzas a sus socios que se presenten a concursos públicos.
Niño Jesús apeló al TCE que, con resolución 2373-2020-TCE, del 5 de noviembre, consideró fundado el recurso y dispuso que Electro Ucayali reconozca como ganador de la referida licitación al Consorcio Niño Jesús, pese a que la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de fondos de Pensiones (SBS), también estableció que dicha cooperativa no puede avalar ni dar fianzas a sus socios en el marco de contrataciones con el Estado. Sin embargo, el TCE sostuvo que lo que dicha cooperativa había otorgado es un crédito, no un aval ni fianza, por lo que ratificó su resolución 2373 y dio por ganador al Consorcio Niño Jesús.
Sin embargo, hasta las 09:32 horas del 16 de noviembre dicha resolución de TCE no fue puesta en el SEACE por el Departamento de Logística de Electro Ucayali, como lo establecen los reglamentos legales, y solo aparecía como “Registro de efecto no culminado”, “lo cual es un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal del OSCE”, según hizo saber Niño Jesús al gerente general de Electro Ucayali.
Esos incumplimientos, originó que el consorcio sea observado por el propio OSCE, entidad que no pudo concederle a tiempo el documento sobre Constancia de Capacidad Libre de Contratación, necesario para formalizar el contrato para las obras, y tampoco pudo gestionar su carta fianza en la compañía SECREX, por las mismas razones, de responsabilidad de Electro Ucayali.
Pero el 16 de noviembre, Niño Jesús hizo de conocimiento de esas irregularidades al Departamento de Logística de Electro Ucayali y lo exhortaron a cumplir con los plazos y lo resuelto por el TCE, publicando el consentimiento de la buena pro en el SEACE, “caso contrario nos veríamos obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y comunicar los hechos a la Contraloría General de la República”, advirtió el consorcio.
De esa manera, esa misma fecha, o sea el 16 de noviembre a las 13:46 horas, un día antes que venciera el plazo, Logística recién publicó el consentimiento de la buena pro, pero de manera incorrecta, porque no colocó los datos del consorcio, ni siquiera de sus integrantes, las empresas Osmio Consultores y Ejecutores SAC, y Soyuz Contratistas Generales EIRL, lo que nuevamente atrasó los planes de formalización de papeles para el contrato de Niño Jesús con Electro Ucayali, pues recién lo publicó correctamente la tarde del 19 de noviembre y el 26 de noviembre, cinco días hábiles después, pidieron formalizar la presentación de los documentos que, en opinión del Consorcio Niño Jesús, estaban dentro del tiempo establecido en la licitación, ya que “las irregularidades son de “absoluta responsabilidad de los funcionarios de su Departamento de Logística”, según subrayó el representante del Consorcio Niño Jesús al gerente general de Electro Ucayali.
Incluso, le hacen ver a Ribeyro Dellepiane que, el 26 de noviembre “la Mesa de Partes Virtual de Electro Ucayali nos envía un correo electrónico dando número de trámite documentario a nuestra carta ingresada y dejando constancia de la fecha y hora de ingreso de nuestra documentación”.
“Luego –continúan- al día siguiente 27 de noviembre, la Mesa de Partes Virtual de Electro Ucayali nos envía un correo electrónico en el cual nos mencionan ‘Se envía carta de respuesta a Carta AL-117-2020-EU’. Y también nos indican que ‘el trámite FINALIZÓ correctamente’. Es decir, no hubo observación alguna a la documentación que presentamos”, dijo Ramos a Ribeyro.
Sin embargo, el mismo 26 de noviembre, Ricardo Paredes, de Logística, firmó esa carta AL-117-2020-EU, remitida a Jean Manuel Ramos Corrales, de Niño Jesús, anulándole la buena pro, yendo contra lo legalmente dispuesto por el Tribunal de contrataciones del Estado, cuyas resoluciones, según la ley, no se pueden incumplir por ninguna de las partes, caso contrario los responsables son pasibles de ser procesados penalmente, como lo advierte Ramos a Ribeyro, titular de Electro Ucayali, en su última comunicación, copiada no solo al directorio sino, según se supo, también a la Contraloría General de la República que al menos tres meses estarán trabajando en Ucayali, para captar actos de corrupción en las entidades estatales, como también lo harán en Electro Ucayali.
PNP ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA
El 13 de noviembre, advertidos por publicaciones de ÍMPETU sobre este tema, Ladislao Díaz López, del Departamento de Investigación Contra la Corrupción de la Policía Nacional en Ucayali, solicitó información sobre el asunto a José Julio Ribeyro Dellepiane, gerente general de Electro Ucayali.
La misiva advierte que “lo solicitado se requiere con carácter MUY URGENTE, toda vez que esta Unidad PNP, ha tomado conocimiento a través de las redes sociales y prensa escrita regional que los miembros del comité de dicho proceso de selección estarían favoreciendo a otro postor, lo que hace presumir que se estarían cometiendo presuntos hechos Contra la Administración Pública, información que nos permitirá evaluar si existen hechos que ameriten poner de conocimiento del Representante del Ministerio Público para las acciones correspondientes.
La solicitud fue hecha bajo apercibimiento, dando un plazo de tres días a Electro Ucayali para que cumpla con lo requerido por la Policía Nacional del Perú, Departamento Contra la Corrupción en Ucayali.
JAVIER MEDINA
