El abogado constitucionalista Luciano López, en comunicación con este diario, señaló que lo que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) pretende al revertir los predios en litigio de San Juan de Pumayacu es un atentado contra la seguridad jurídica y que Luís Enrique García Torres, su titular, estaría actuando “bajo presión”.
El conflicto por tierras en Campoverde, en específico los terrenos en litigio de San Juan de Pumayacu, asentados presuntamente sobre el Predio Tournavista Parcela (Partida 40011097), en donde el grupo Reforestadora Inca S.A pretende ejecutar su proyecto de reforestación, se agravó luego del requerimiento de la DRAU, que el 24 de febrero solicitó la inscripción de la propiedad a través de la señora Brenda Catherine Carrasco de la Cruz, ante el Registro de Predios de la ciudad de Pucallpa con el Título 00488491-202.
Sin embargo, esta acción no tendría base legal, pues al intentar una reversión de estos predios se estarían violentando los artículos 70 y 103 de la Constitución.
Para conocer más a detalle el plano jurídico de los predios y el conflicto, Ímpetu se comunicó con el abogado constitucionalista Luciano López Flores, quien sigue el caso de cerca.
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“Es inconstitucional por razones de fondo. Esta resolución del 2006, de un procedimiento que inició el Gobierno Regional de Ucayali y que culminó en la resolución ministerial que pretenden aplicar, se basa en una ley del 2004, que dice que se pueden revertir los terrenos que previamente el Estado haya adjudicado a particulares para desarrollar determinada actividad”, sostiene López.
Según el letrado la Ley 28259 no puede aplicarse para transferencias realizadas antes de su vigencia. Además, señala que los dueños del predio nunca fueron notificados de la reversión.
Es necesario mencionar que dicha Ley no aplica al inmueble en mención, porque desde la primera transferencia registrada jamás se condicionó la propiedad a causal de reversión o resolución alguna. Hubo sucesivas transferencias, todas libre de carga y gravamen, pasando por empresas del Estado hasta llegar a las personas privadas, es lo que explica la defensa.
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“Probablemente, los agricultores, quienes reclaman desde el punto de vista social la aplicación de esta resolución, lo hacen porque están poseyendo el terreno y han sido mal informados”, añade el constitucionalista.
Según se comprueba tras la revisión de los propietarios registrales, tenemos que el predio en litigio fue propiedad del Estado desde su origen en el año 1979 hasta el 2003, que fue adquirido por Ciro Apéstegui, quien en 2018 vendió la propiedad a Bosques Silvestres S.A.
“En el 79, el Estado entrega el terreno a través de una adjudicación gratuita a Papeles Pucallpa SA, empresa que se volvió pública y que en el 82 se fusionó con Sociedad Paramonga Ltda. Luego, en el gobierno de García, puntualmente en el 90, y a través del Decreto Legislativo 479, se entrega este predio al Gobierno Regional de Ucayali. El GOREU entrega en el 92 este terreno como capital social a la empresa pública Compañía Industrial Ucayali SA (CIUSA). CIUSA, luego de declararse en quiebra, es autorizada por Proinversión para subastar este predio, lo adquiere Ciro Apéstegui en 2003”, narra en comunicación con Ímpetu el conocido letrado.
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A partir de ese momento el predio pasa a manos privadas, es decir, en 2003. La ley de reversión entra en vigencia en 2004, por eso López señala que no es posible aplicarla de forma retroactiva. El predio hasta 2003 pasó por varias manos; sin embargo, todas fueron entidades o sociedades del Estado.
“Es una monstruosidad, un atentado contra la seguridad jurídica que esa resolución se haya dictado, y lo que es peor, desde el año 2006 esa resolución no se haya ejecutado”, añade.
Finalmente, el predio fue adquirido por Bosques Silvestres SA en 2018.
Sobre la posibilidad de que la empresa no se haya fijado en los detalles que envolvían al predio, como señaló la DRAU hace poco, López dice que esto no es posible.
“Cualquier persona con dos dedos de frente que va a comprar una propiedad lo mínimo que se fija es en la ficha. ¿Usted cree que una compañía no ha hecho un estudio y no aparecía la resolución del 2006, y ahora 14 años después vienen a tratar de ejecutarla de forma inconstitucional? Esto ahuyenta la inversión”, comenta López.
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Para el letrado esto se trata de un intento de confiscación, la empresa ya elevó la queja sobre la DRAU ante el Ministerio de Agricultura para que analicen la resolución. Además, Ímpetu pudo conocer que ya la empresa está diseñando un plan para solucionar el tema del conflicto social que se suscitó a partir de las denuncias y litigio. Acerca del actuar de la DRAU y su recientemente nombrado director, el abogado apunta que sería por presión de los agricultores, quienes están mal asesorados o mal informados y por eso conllevan a los funcionarios al error.
“Lastimosamente es ‘la clásica’ de las malas prácticas de tráfico de tierras en el Perú. Es algo que está ocurriendo en todo el país y las autoridades, en cambio, generan situaciones de esta naturaleza para generar títulos”, finaliza López.
Es oportuno saber que en los predios en litigio laboran formalmente cerca de 500 personas, que son parte de la compañía y que quedarían también despojados del sustento de darse esta medida.
SIGRIDT RODRÍGUEZ
