La Dirección Regional de Salud (Diresa) fue intervenida la mañana de este último viernes por la Policía y Fiscalía Anticorrupción, tras la difusión en medios nacionales sobre el presunto caso de vacunaciones irregulares en Ucayali conocido como “vacunagate”.
Los representantes del Ministerio Público llegaron hasta las instalaciones de la institución para recabar información complementaria, esto luego de que la Contraloría General de la República difundiera un informe que denuncia una presunta vacunación irregular con la primera dosis de Sinopharm a 107 personas que no pertenecerían a personal de salud de primera línea.
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Según el Informe Control N° 5212-2021-CG/GRUC-SCC, el equipo de auditores de la Contraloría determinó esta cantidad de personas que habrían sido incluidas en el proceso de vacunación para recibir una de las primeras dosis de la Sinopharm, correspondiente a las 1 835 del primer lote que llegaron el pasado 12 de febrero. Al verificar una muestra representativa de los padrones de beneficiarios del Hospital Regional de Pucallpa, el Hospital Amazónico de Yarinacocha, el Centro de Salud de Atalaya y el Hospital de EsSalud de Pucallpa, se habría corroborado esta data que generó un escándalo a nivel nacional.
“De ninguna manera hubo ‘vacunagate’ acá. Lo que hubo fue un error administrativo, procedimental. Yo no puedo monitorear desde acá en Atalaya en el momento que suceden los hechos. El personal de enfermería a nivel nacional por resolución del Ministerio de Salud. Nosotros como funcionarios avalamos el trabaj0 del personal”, sostuvo el director de Salud, Juan Carlos Salas, durante la conferencia de prensa del último viernes.
Según lo encontrado, se tiene que 65 personas ya no laboran en los mencionados centros de salud y hospitales, además que 35 ciudadanos son trabajadores de salud que están realizando trabajo remoto, y siete son personal que realizan labores administrativas y no están en la primeria línea de atención contra el Covid-19. “Ninguna persona que no labora en las instituciones ha sido vacunada. Todas las personas que han sido vacunadas son personas que están activas y trabajan en la institución, por lo tanto, no cabe acá ningún proceso ya que ningún extrabajador ha sido vacunado. Por eso he aclarado que toda persona que no labora ha sido remplazado, de acuerdo al orden circular que nos dio el Minsa el 11 de febrero”, sostuvo Liz García, titular de la Dirección Atención Integral en Salud, responsable regional del proceso de vacunación.
Según manifestó la responsable del proceso de vacunación, el cambio en esta nómina no fue porque así lo habrían decidido o se haya dado la orden de cambiar, sino que se basaron en el informe circular N° 073 que les entregó el Minsa, en el que se da indicaciones adicionales para el proceso de vacunación el cual indica que se debe vacunar o se debe priorizar personal que está haciendo labor presencial, remoto e incluso personal administrativo.
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TRABAJO DE LA CONTRALORÍA
Frente a un supuesto adelanto de opinión y al trabajo desarrollado por el equipo de auditores pertenecientes a la Contraloría General de la República, teniendo como resultado dicho informe de control que evidenciaba las presuntas irregularidades en las vacunaciones, Juan Carlos Salas indicó que respeta dicho trabajo.
“Yo diría que no, porque ellos hacen su trabajo, hacen su informe, y corresponde al área de auditada emitir su opinión, luego que sean revisados y finalmente llegar a la conclusión. El tema de las vacunas no es un tema en relación Minsa-vacunas-personal de enfermería. Acá hay todo un aparato logístico. Ese ‘vacunagate’ no existió acá. No sé cómo algunos políticos o periodistas hablan de ‘vacunagate’. Acá no ha existido eso”, finalizó.
SIGRIDT RODRÍGUEZ