Casi 60 defensores de la Amazonía están amenazados de muerte por defender sus territorios y sus derechos

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La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha revelado que casi 60 líderes ambientales están siendo amenazados o criminalizados por defender la Amazonía. Esta cifra podría ser aún mayor, ya que la base de datos está en proceso de actualización y algunas regiones aún no han enviado sus informes, según informan los dirigentes a La República.

En seis regiones específicas (Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martín), 35 activistas enfrentan intimidación y hostigamiento por proteger sus territorios. Además, en Junín, Pasco, Huánuco y Cusco, otros 22 peruanos se encuentran en peligro, siendo investigados, procesados y denunciados por acusaciones infundadas.

Un caso destacado es el de Manuel Inuma Alvarado, hermano del asesinado líder kichwa Quinto Inuma, quien ha asumido el liderazgo de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu en San Martín para defender los bosques de la región. Tras el asesinato de Quinto Inuma el 29 de noviembre de 2023, su esposa Betty Mandruma, su hijo Kevin Inuma y otros familiares cercanos se vieron obligados a abandonar su hogar.

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Denuncian falta de apoyo estatal

En una conferencia de prensa organizada por Aidesep, la lideresa ashéninka Tabea Casique denunció la falta de un plan gubernamental para asistir a los hijos de 35 líderes indígenas asesinados en el Perú. Casique destacó que el Estado no ha implementado medidas específicas para apoyar a estas familias en aspectos como educación y protección. Subrayó la necesidad de reparaciones tanto individuales como colectivas, incluyendo la participación activa de las comunidades indígenas.

Casi que también enfatizó la urgencia de medidas preventivas para proteger a los líderes amenazados debido a la expansión de economías ilegales, como la minería y la tala ilegal. El clima de miedo generado por estas actividades constituye una violación constante de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) confirmó que no existe un programa específico que aborde esta problemática de manera integral, dejando a los niños en un estado de vulnerabilidad extrema, sin acceso a recursos básicos como la educación y el cuidado emocional.