Los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de julio, a las 9 de la mañana se desarrollarán las audiencias de recursos de apelaciones presentados por la defensa de 15 imputados acusados de formar parte criminal que operaba en Municipalidad de Yarinacocha, quienes cumplen prisión preventiva de 36 meses al interior del Centro Penitenciario de Pucallpa.
De igual manera, también se llevará a cabo las apelaciones presentadas por el fiscal provincial contra la Criminalidad Organizada, Dennis Vega Sotelo, con las resoluciones que señalaron investigar en libertad a otros 7 imputados entre los que figura la hija de la alcaldesa suspendida del distrito de Yarinacocha, Jerly Díaz Chota, quien para la Fiscalía sería la cabeza de la presunta organización criminal.
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Recurso de apelación de revocatoria de prisión preventiva
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, admitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado, Javier Núñez Pérez, contra la resolución N°9 emitida en audiencia de fecha 17 de marzo que resolvió fundada la medida de prisión preventiva contra el imputado por el plazo de 36 meses.
De igual modo presentaron apelación por la prisión preventiva de 36 meses otros exfuncionarios y personas allegadas a la gestión, por el presunto delito de organización criminal colusión agravada y lavado de activos.
Entre ellos Richard Nixon Díaz Salas, Francis Gretsen Andrade Chuquipiondo; Diana Misis Mendoza Viza; Alexander Borbor Soto; Karla Patricia Mera Silva; Víctor Ruíz Moreno; Louis Levy Ramírez Arista; Isabel Zevallos Cárdenas; Wilson Armando Mego Fuentes, Vladimir Manuel Flores Solano; Wendor Chasnamote Panaifo. También apelaron Romel Iván Mendoza Viza; Carlos Enrique Valles Araujo y Andrés Perea Tihuay.
A dichas apelaciones también fueron admitidas la alcaldesa suspendida Jerly Díaz Chota.
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Apelación del Ministerio Público
De igual manera, la Primer Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada Ucayali contra la Resolución N°10, emitida en audiencia con fecha 17 de marzo, que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva contra: Ashley Nelly Noruska Saira Díaz, imponiéndole comparecencia con restricciones, en la investigación que se le sigue por presunta autoría contra el delito organización criminal y colusión agravada, con participación de cómplice primaria en agravio del Estado.
De igual manera contra: Juan Enrique Silva Mendoza, imponiéndole comparecencia con restricciones, en la investigación que se le sigue por presunta autoría contra el delito organización criminal y colusión agravada.
Jakeline Valderrama Shuña, imponiéndole comparecencia con restricciones, en la investigación que se le sigue por presunta autoría contra el delito organización criminal y colusión agravada.
Otra contra la Resolución N°31, emitida en audiencia con fecha 23 de marzo, que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Victoria Fiorella Salazar; Kathya Liz Barbosa Ríos, Igor Luis Santos Villalta, imponiéndole comparecencia con restricciones, en la investigación que se le sigue por presunta autoría contra el delito organización criminal y colusión agravada.
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Proceso
A los 22 investigados se les atribuyen los delitos de colusión, malversación de fondos, peculado, cobros indebidos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, tráfico de influencias e ilícitos conexos por actos irregulares que habrían cometido desde la comuna.
Según la investigación policial, entre los años 2019 y 2020, “Los Fantasmas de Ucayali” desfalcaron en la municipalidad millonarias sumas de dinero, mediante 54 contratos de compras, obras, órdenes de compra adjudicadas a empresas de fachada. Entre esos años, se habrían celebrado contratos sobrevalorados por conceptos de limpieza, mantenimiento de calles, áreas verdes, entre otros.
Dichos contratos habrían sido suscritos a través de las gerencias y subgerencias municipales a proveedores fantasmas, sin concurso público, con montos aparentemente inflados y utilizando a trabajadores del propio municipio para la ejecución de dichos servicios. Javier Pérez Núñez, esposo de la alcaldesa y presunto lugarteniente, quien no ejercía cargo en la comuna, habría tejido una red de testaferros, además de coordinar los pagos y proyectos de las obras.
SIGRIDT RODRÍGUEZ
