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En una sesión realizada el jueves 30 de mayo en el Congreso Nacional, se dio luz verde al dictamen de la comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología sobre el proyecto de ley que refuerza la protección del Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera, situada en el departamento de San Martín.
La propuesta, fundamentada en el proyecto de Ley 6088/2023-CR, presentada por la congresista Lucinda Vásquez Vela, fue respaldada por una amplia mayoría con 83 votos a favor, únicamente 01 en contra y 04 abstenciones.
Objetivo de esta ley
El objetivo primordial de esta legislación es implementar medidas que garanticen y fortalezcan la salvaguarda de los bosques, cuencas hidrográficas, microcuencas y afluentes presentes en el ámbito del área de conservación.
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Esto se lograría mediante una estrecha coordinación entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) y el Gobierno Regional de San Martín, en colaboración con las comunidades indígenas asentadas en dicha zona.
Declaraciones del Jefe del ACR
Queny Pinedo Pezo, Jefe del ACR Cordillera Escalera, expresó su gratitud hacia la congresista Lucinda Vásquez por liderar este esfuerzo en pro de la protección del área de conservación.
Además, resaltó la importancia estratégica de la Cordillera Escalera, no solo por su excepcional biodiversidad, sino también por su papel crucial como fuente de agua para las poblaciones circundantes, siendo el origen de varios sistemas hídricos vitales.
Persisten amenazas
Sin embargo, a pesar de este paso significativo, las amenazas contra la Cordillera Escalera persisten. Una de las preocupaciones principales es la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por el Congreso de la República.
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Esta medida ha sido duramente cuestionada en la región de San Martín, donde el gobernador Walter Grundel Jiménez ha liderado una firme oposición, argumentando la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y la vulneración de principios constitucionales relacionados con la conservación del medio ambiente.
Demanda de inconstitucionalidad
Pinedo Pezo recordó las acciones emprendidas por el gobernador y la población local, incluyendo manifestaciones y la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esta demanda, acompañada por más de 10 mil firmas de ciudadanos comprometidos con la causa, finalmente fue admitida por el Tribunal Constitucional el 9 de abril, marcando un hito en la lucha por la protección de los recursos naturales en San Martín.
La decisión del Tribunal Constitucional de admitir la demanda abre la puerta a un proceso legal que podría revertir disposiciones controversiales de la Ley N° 31973, ofreciendo esperanza a aquellos que defienden la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad en la región de San Martín.
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