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El 9 de mayo, el Congreso de la República aprobó con un respaldo significativo de 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, una medida que ha generado un intenso debate público.
Esta decisión legislativa, que fusiona varios proyectos de ley, incluidos los números 1526/2021 -CR, 1733/2021-CR, 5257/2022-CR, 5334/2022-CR y 5431/2022-CR, versa sobre la exención de responsabilidad penal para aquellos individuos que utilicen fuerza letal en situaciones de legítima defensa, especialmente en contextos de enfrentamiento con la delincuencia.
Precisiones sobre las modificaciones legales
La aprobación de esta medida implica modificaciones sustanciales en el marco legal vigente. En concreto, se han revisado los artículos 20 y 21 del Código Penal, así como el artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal.
Estas modificaciones otorgan una suerte de inimputabilidad a quienes se vean compelidos a usar fuerza, incluso letal, en circunstancias específicas que justifiquen la legítima defensa.
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Las situaciones en las que se permite el recurso a la legítima defensa son meticulosamente definidas. Se requiere que exista una agresión actual, ilegítima y real, y que el medio empleado para repeler dicha agresión sea proporcional y racionalmente necesario. Se establece una excepción en casos de peligrosidad extrema, donde la proporcionalidad del medio empleado puede diferir.
La normativa también ampara la legítima defensa en casos de irrupción violenta en inmuebles, lugares de trabajo o medios de transporte. Se protege tanto la vida como la integridad física, extendiendo esta salvaguardia a familiares cercanos en ciertos contextos.
Requisito para el uso de armas en defensa propia
Es importante destacar que, según lo dispuesto en la ley, el uso de armas de fuego en situaciones de legítima defensa sólo está permitido si estas armas están debidamente registradas a nombre del individuo que las utiliza.
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Además, se establece un plazo de 48 horas para la incautación de dichas armas por parte de las autoridades competentes, con el fin de llevar a cabo las investigaciones preliminares correspondientes.
Excepciones en casos de legítima defensa
En lo referente a la detención preventiva, la normativa establece que esta no procederá en casos de legítima defensa inminente, a menos que existan antecedentes o pruebas contundentes que justifiquen la acción delictiva.
Esta medida busca evitar la criminalización de quienes actúan en defensa propia o de terceros de acuerdo con lo establecido por la ley.
Si bien la aprobación de esta medida representa un intento de garantizar el derecho a la autodefensa en situaciones de peligro inminente, es fundamental establecer mecanismos de control y supervisión que eviten cualquier forma de abuso o exceso por parte de las fuerzas de seguridad.
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