Los pobladores asháninka de la comunidad nativa Sapani (Atalaya) hace tiempo reclaman el mejoramiento del local de su institución educativa bilingüe. Sin embargo, cuando se ha convocado a licitación la ejecución de la obra, ha surgido una controversia que podría dilatar el inicio de la obra y la atención al reclamo de los pobladores.
De un lado, la Oficina de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Atalaya, dependiente de la Contraloría, mediante el Informe de Hito de Control N°014-2024-OCI/2683-SCC, de fecha 26 de marzo de este año, ha efectuado observaciones indicando que hay dos situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso y logro de los objetivos del procedimiento de construcción de la obra.
De otro lado, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya, si bien no niegan que exista deficiencias en la elaboración del expediente técnico y su actualización, afirman que la ley les permite corregir esas deficiencias. Y que ya se habrían corregido.
Entre tanto, la población asháninka de Sapani, una comunidad considerada como un atractivo turístico de Atalaya, por sus paisajes y su piscina natural, espera que, superadas las observaciones, se ponga en ejecución la obra reclamada desde hace años.
Oficialmente la obra se llama: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en la Institución Educativa Primaria n.° 64767-B en la comunidad nativa Sapani distrito de Raimondi, provincia de Atalaya departamento de Ucayali”, proyecto de Código Único de Inversión (CUI) N° 2538974.
LA CONTRALORÍA
Para la Contraloría, la Municipalidad Provincial de Atalaya (MPA) convocó el proceso de licitación, sin considerar el saneamiento físico legal del terreno y que eso afectaría la obra.
El informe del Hito de Control, advierte que la primera situación adversa consiste en que el expediente técnico, elaborado en el 2022, debería consignar el acta de libre disponibilidad del terreno. Sin embargo, admite que dicha acta existe, pero que falta la firma de autoridades, ya que solo está firmada por la alcaldesa de ese entonces, Geny Carol Trigoso Villalobos. ¿No era autoridad, Carol Trigoso? En todo caso, la apreciación de la Contraloría debería precisar qué tipo de autoridades deberían firmar el acta de disponibilidad del terreno.
Otra situación adversa, que advierte el Hito de Control es que, en los planos de arquitectura, no se han determinado las dimensiones del terreno. Es decir, no se detallaría las dimensiones de los lados, ángulos, vértices, coordenadas, perímetro y área total que delimitaría el terreno que le correspondería a la institución educativa de la comunidad nativa de Sapani.
Por esas dos situaciones, consideradas adversas, la Contraloría concluye que deben corregirse para continuar adelante con la próxima ejecución de la obra.
Para la Contraloría, está falta de saneamiento físico legal del terreno de la institución educativa estaría contraviniendo lo dispuesto en la directiva N° 001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión ya que, como se ha dicho, la municipalidad convocó a la licitación.
¿ERRORES O “PLANCHA”?
Adicionalmente, hay algunos detalles observados por la Contraloría que dejan mal parados a quienes elaboraron el expediente técnico. Pareciera que dicho expediente fue “planchado” y que ni siquiera tuvieron la precaución de ser, por lo menos, minuciosos en la corrección. Así, por ejemplo, en el segundo párrafo del numeral 1.2. ANTECEDENTES, menciona en su última línea, que la obra es necesaria en la: “(…) comunidad nativa galilea” (escrito con minúscula, cuando debió decir Sapani).
Otro “error” (garrafal). En el numeral 1.4. DATOS DEL PROYECTO, hace mención de un código único de inversión, CUI Nº 2202048, cuando en realidad el CUI del proyecto es N° 2538974. Allí mismo menciona la Resolución Gerencial Territorial N.º 128-2022- GRU-GGR-GTA (o sea Gerencia Territorial Atalaya) cuando el proyecto le corresponde a la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Y, la “ultimita” (otro “error” del que elaboró –o mejor dicho “planchó”– el expediente técnico, es el siguiente: en el numeral 16. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS: menciona en su último párrafo que el contratista… conoce las prácticas de construcción de Obras Viales, cuando el tipo de obra es de infraestructura educativa básica.
OJOS DE LA CONTRALORÍA
En conclusión, hace tiempo que los “consultores” encargados de la elaboración de expedientes técnicos, son responsables de los malos procedimientos y las malas obras, ya que muchas veces los contratistas se amparan en la mala elaboración de los expedientes técnicos para pedir adicionales o ampliaciones debido a los “vicios ocultos”. ¿No es momento para que la Contraloría ponga más énfasis en el control de los “consultores” que elaboran los expedientes cobrando sumas elevadas sólo por “planchar” proyectos? Salvo algunas pocas excepciones.
POSICIÓN MUNICIPAL
Si bien la actual gestión municipal, heredó el proyecto elaborado durante la gestión de la exalcaldesa Geny Carol Trigo Villalobos, ha tenido que buscar la manera de atender el reclamo de los pobladores de Sapani. Ellos exigen su nuevo local ya.
Los funcionarios encargados que llevan adelante la licitación, afirman que una norma legal, la
Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, permite que el saneamiento puede elaborarse en la etapa de ficha técnica del expediente o en la ejecución.
En ese sentido, la municipalidad, con el objetivo de atender a la población educativa de Sapani, en septiembre del 2022, tuvo que contratar a un especialista para proceder al saneamiento físico legal.
El especialista lo que hizo fue delimitar adecuadamente el terreno y preparar la documentación para que sea transferido al ministerio de Educación. Es decir, superar las observaciones que, después, haría la Contraloría.
El trabajo del especialista permitió que, la Dirección Regional de Educación de Ucayali, a cargo de la docente Nora Delgado Díaz, pidiese a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la inscripción del terreno y su afectación en uso, a favor del Ministerio de Educación. En enero del 2024, la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa de la SUNARP, inscribió en la Partida 11213124 del Registro de la Propiedad Inmueble, la afectación en uso a favor del Ministerio de Educación, acompañando plano de ubicación y localización y la memoria descriptiva.
TAREA
Algunos entendidos aconsejan, ahora que está muy ágil, la Contraloría debería revisar más de 150 expedientes contratados en el 2022 por la exalcaldesa, muchos de los cuales no existirían o son copias (“planchas”) o no tienen sustento técnico. El año 2023, la Contraloría indicó que iban a preparar un equipo para fiscalizar esas contrataciones, pero hasta la fecha, no ha ocurrido.
En tanto, el alcalde de Atalaya, Francisco Mendoza, tiene que dar cuenta sobre las acciones preventivas o correctivas de las situaciones adversas alertadas por la Contraloría.
