Agentes policiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de Lima llevó a cabo, la mañana del viernes 19 de julio la detención del empresario chileno José Francisco Coeymans Ossandon, de 46 años. Coeymans Ossandon enfrenta acusaciones por presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y blanqueo de capitales, entre otros cargos. Esta detención marca la segunda vez que Coeymans es apresado en Pucallpa en lo que va del año.
La reciente aprehensión de Coeymans Ossandon responde a una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú el 19 de junio del presente año. Esta orden se derivó de una solicitud de extradición presentada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile. La resolución judicial peruana dispuso «la detención preventiva con fines de extradición del reclamado Francisco José Coeymans Ossandon», ordenando su inmediata localización y captura, así como su internamiento en un establecimiento penitenciario hasta su extradición a Chile.
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Tras su detención, Coeymans fue trasladado a las dependencias de la División de Investigación Criminal de Ucayali, donde permaneció por más de cinco horas mientras se formalizaba la documentación relacionada con su arresto. Durante este tiempo, su esposa se presentó en el local policial con una bolsa que, presumiblemente, contenía comida y una muda de ropa.
Posteriormente, el empresario fue escoltado por el personal policial y conducido esposado a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Allí permanecerá hasta su traslado a Lima, ciudad que será un punto de tránsito antes de su extradición a Santiago de Chile.
Cabe recordar que el pasado 12 de abril de este año, Coeymans Ossandon fue detenido en Pucallpa mientras se encontraba con la modelo pucallpina Tiffany Yoko Chong Campos, con quien se casaría tres días después de su detención inicial. Una semana después de su arresto, el juez Jenner García Durand, del Primer Juzgado de Investigación Preparatorio de Coronel Portillo, dictó prisión preventiva en su contra por cinco meses y ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. Sin embargo, el 22 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Perú aceptó un recurso de amparo y ordenó su liberación, estableciendo que se mantenía vigente la «extradición pasiva simplificada», lo que implicaba un impedimento de salida del país por cinco meses desde la fecha de la resolución.
CARLOS RAMÍREZ
