La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali ha confirmado la condena de ocho años de prisión para Rocío Amparito Vela Navarro, hallada culpable de tráfico ilícito de drogas. La sentencia se produce tras su intervención en la zona conocida como “Chicago-Chico” en Manantay, donde se le incautaron cerca de 500 gramos de alcaloide de cocaína. Esta decisión reafirma el fallo inicial del Juzgado Penal Colegiado Permanente y ordena su inmediata ubicación y captura.
La condena también incluye una multa de S/ 1,395 y un pago de S/ 2,000 por reparación civil, además de una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos. Tras descontar el tiempo que Vela Navarro estuvo en prisión preventiva desde el 9 de agosto de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, su pena efectiva se reduce a seis años y nueve meses.
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Los magistrados determinaron que las contradicciones en las declaraciones de la imputada afectaron su credibilidad. Intentó justificar su inocencia al afirmar que la droga no le pertenecía y que era solo un favor para un individuo llamado “Javier”, además de asegurar que guardaba la sustancia por S/ 3.00. Sin embargo, la evidencia recogida en su vivienda y los testimonios de los agentes policiales confirmaron su implicación en el delito.
El operativo policial se llevó a cabo la noche del 9 de agosto de 2019, tras recibir un aviso anónimo sobre la venta de drogas en una vivienda de madera. Al llegar, los agentes encontraron a Vela Navarro en el lugar, mostrando signos de nerviosismo. Durante el registro de su vivienda, se halló un costal negro en su dormitorio, que contenía siete bolsas plásticas con pasta básica de cocaína, totalizando 547 gramos, según el pesaje preliminar.
Las muestras incautadas fueron sometidas a pruebas químicas, que confirmaron la presencia de alcaloide de cocaína. Este caso no solo resalta la labor de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, sino que también evidencia la necesidad de abordar las causas subyacentes de este fenómeno en las comunidades.
La Sala también consideró el principio del interés superior del niño, argumentado por la defensa debido a los hijos menores de la imputada. Sin embargo, determinó que este principio no exime a la acusada de responsabilidad penal, reafirmando así la firmeza de su decisión.
